El primer Estado catalán de 1934 también acabó con todo el Govern entre rejas

“¿Tiene usted por casualidad la dirección de Dencás? Si la conoce, haga el favor de mandármela, pues pronto haré 11 meses que estoy encerrado y todavía no he recibido una palabra de él”. Así se lamentaba por carta, desde el presidio en el castillo de San Julián, Cartagena, Enric Pérez i Farrás, el que fuera jefe de los Mossos d'Esquadra durante la proclamación del Estado catalán el 6 de octubre de 1934.

El antecesor del actual jefe de la policía autonómica de Cataluña, Josep Lluis Trapero, se había quedado solo, abandonado por Josep Dencás, consejero de Gobernación de la Generalitat en 1934 —equivalente al actual consejero de Interior, Joaquim Forn— y máximo artífice de la rebelión independentista en Cataluña junto al presidente Lluís Companys.

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La historia de aquel efímero Estado catalán es conocida, aunque el protagonismo haya recaído invariablemente en Companys por el pronunciamiento y su evidente responsabilidad, pero no fuera ni el único, ni siquiera el mayor instigador. Menos conocida es la historia de los hombres que, como Farrás, tenían la responsabilidad de mantener el orden y optaron por vulnerar el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 y la Constitución de 1931 de la Segunda República.

“La verdad, no creo que deba ser yo el primero en escribir, puesto que él está en libertad y yo preso y desconociendo su residencia…”, continuaba el comandante Farrás en la carta inédita dirigida al político de ERC Jaume Creus el 27 de agosto de 1935 —Fondo Jaume Creus. Memoria Histórica de Manresa—. Había sido condenado por sublevar a los Mossos siguiendo las órdenes del Govern de Companys y vulnerando su lealtad a la Constitución vigente de la Segunda República.

El objeto de su amargura, Josep Dencás, quedaba libre porque se había escabullido por las alcantarillas, entre los detritus de las cloacas, cuando todo se vino abajo en la misma noche del 6 al 7 de octubre. En su huida por el sistema de alcantarillado, el consejero y líder del partido independentista Estat Catalá no estaba solo.

Las cloacas de Interior del Govern

Le acompañaba Miquel Badía, el célebre ‘capitán Collons’, otro de los organizadores del golpe de Estado y que había sido hasta unos días antes el jefe de la Comisaría de Orden Público de la Generalitat —jefe de los Mossos, Guardia Civil y Guardia de Asalto, según el Estatuto de Autonomía de 1933, que otorgaba a la Generalitat la competencia sobre las fuerzas del orden—, un cargo cuyo reflejo actual sería el de Pere Soler, director general de la Policía en Cataluña, desaparecido en las últimas semanas.

Badía, que había sido apartado del cargo por su manifiesta corrupción en el caso de Josep Maria Xammar, no renunció a la gloria del golpe: se había reservado el papel de liderar los Escamots: la organización armada de las juventudes de Esquerra Republicana que junto a los Mossos dieron la batalla en la plaza de la República y después en el ayuntamiento con el resultado de 46 muertos —38 civiles y ocho militares—, una suerte de ANC dispuesta a tomar las calles en nombre de la independencia catalana. De hecho, los Escamots se quejarían de que se enarbolara la señera en vez de la estelada.

Los Escamots, las juventudes armadas de ERC, dieron junto a los Mossos la batalla en las calles con el resultado de 46 muertos

Si Dencás y Badía escaparon, atrás quedaron Enric Pérez i Farrás, el jefe de los Mossos, y Federico Escofet —sucesor de Miquel Badía en el cargo de Orden Público—, que se pusieron al servicio del golpe, además, claro está, del 'president' de la Generalitat, Lluís Companys, y Joan Casanovas, presidente de la Cámara del Parlament, es decir, los antecesores de Carles Puigdemont y Carme Forcadell, respectivamente. Todos fueron detenidos por el general Domingo Batet, que sofocó con una compañía de Infantería y un regimiento de Artillería el intento de la proclamación del "Estado de Cataluña de la República Federal de España”, según el célebre pronunciamiento de Companys a las ocho de la tarde y que apenas duró 11 horas.

La Generalitat, contra el Gobierno de España

Se ha señalado hasta la saciedad el origen de la proclamación del Estado de Cataluña en el conflicto que se abrió entre el Gobierno de Ricardo Samper —fruto de la coalición de los Radicales y la CEDA— y la Generalitat, a cuenta de la Ley de Cultivos de Cataluña, una particular ‘ley de desconexión’, pero el detonante se enmarcaba en realidad en un contexto revolucionario más amplio. Este incluía a las organizaciones obreras y anarquistas y alcanzó su mayor virulencia en Asturias.

A Samper, además, le fustigaron en el Parlamento con críticas similares a las que ha recibido el presidente Mariano Rajoy en los últimos años: una falta de decisión y contundencia ante las provocaciones de la Generalitat que vulneró el dictamen del Tribunal de Garantías Constitucionales —equivalente al actual TC— que había anulado la Ley Agraria para ser de nuevo aprobada punto por punto por el Parlamento en contra del Tribunal. Hoy resulta 'peccata minuta' en comparación con los constantes actos de rebeldía de la Generalitat.

Al presidente del Gobierno Samper le fustigaron con críticas como a Rajoy: indecisión ante las provocaciones de la Generalitat

La falta de decisión del presidente en la primavera y verano de 1934 culminó con la retirada de la confianza de la CEDA hacia Samper a la vuelta de las vacaciones, que acabó con su dimisión el 1 de octubre, tan solo cinco días antes de los sucesos de Cataluña. Cuando se restablecieron las sesiones parlamentarias en noviembre, una vez sofocada la revuelta de Asturias y encarcelados los instigadores del pronunciamiento, a excepción de Dencás y Badía, huidos de la Justicia, Samper tuvo que escuchar las reprobaciones a su tibieza durante la rebeldía de la Generalitat, entre otros por el independiente Dionisio Cano López:

“Al señor Samper, maestro en fórmulas, no le asusta, por lo visto, el claudicar y acepta que por el Parlamento catalán se vote por segunda vez la misma ley desobedeciendo el Tribunal de Garantías, el Gobierno central pacta, empieza a claudicar y esto tenía que traer como consecuencia irremediable el movimiento del 'Estat catalá' del 6 de octubre, la indisciplina, la propaganda subversiva, el pisotear la enseña patria y que nuestro idioma fuera perseguido en Cataluña” (Diario del Congreso, 8 de noviembre de 1934 / Congreso de los Diputados).

La tensión se disparó hasta tal punto en sede parlamentaria que del rifirrafe inicial se pasó directamente a la violencia. En medio del caos, el diputado José Antonio Primo de Rivera espetó al presidente de la Cámara: “Lo que tiene que hacer es dejar que nos peguemos alguna vez”, y acto seguido se enzarzó con Álvarez Mendizábal, y los tuvieron que separar (Diario del Congreso, 8 de noviembre de 1934 / Congreso de los Diputados).

Era la primera sesión tras la normalización de las Cortes bajo la presidencia ya del Consejo de Ministros de Alejandro Lerroux, que había retomado el cargo el día 5 de octubre, a tiempo para decretar el estado de excepción, tras conocerse la revolución de octubre y la proclamación de Lluís Companys en el Palacio de la Generalitat. En apenas 11 horas había fracasado la intentona: la Guardia Civil, que también estaba bajo el mando de la Generalitat, no se sumó, y en el caso de la Guardia de Asalto, la otra fuerza de importancia, solo lo hizo una minoría.

El jefe de los Mossos, contra la prensa

La cárcel no fue igual para todos. Pérez i Farrás se quejaba de una mayor dureza en sus condiciones por el hecho de ser militar, que contrastaba con el trato que recibían los políticos, en otra misiva a Jaume Creus en agosto de 1935: "De mis compañeros de carrera, que están todos en Cádiz, lo mismo que el Gobierno de la Generalidad, si no encantados, por lo menos en muchas y mejores condiciones materiales y morales que yo, pues incluso tienen a sus familiares viviendo en Cádiz (…) y tienen facilidad de verlos todos los días".

Y antes, en otra carta enviada a Álvaro Alcalá-Galiano, trataba de defenderse de los ataques que recibió en el 'ABC', cargando contra la prensa: "Vd. critica la blandura del Gobierno, emplea refiriéndose a este humilde presidiario (…) ‘Otro, la antipática arrogancia del traidor Pérez Farrás ante el Tribunal de Garantías [Constitucionales]’. Ya sé por experiencia que al pasar a la categoría de presidiario se pierden todos los derechos y se pasa a ser una cosa, que no tiene más obligación que obedecer y callar" (‘Un catalanófilo en Madrid, epistolario catalán de Ángel Ossorio y Gallardo’, Arnau González i Vilalta).

Farrás enarbolaba su convicción de que se debía a unos superiores, ignorando en todo caso que estos habían entrado en la deslealtad institucional y en la franca ilegalidad.

Un problema recurrente

El resultado del dislate de la noche de octubre de 1934 fueron, en primer lugar, los 46 muertos y, en segundo, la suspensión del Estatuto por parte del Gobierno de Alejandro Lerroux, una medida que se tuvo que tomar 'a posteriori'. Destaca así la ironía que supone ahora la contemplación del recurrente artículo 155 de la actual Constitución, que precisamente podría prevenir una situación como la de 1934. Entonces, las fuerzas del orden en Cataluña se dividieron: los Mossos se rebelaron y la Guardia Civil no.

Sin embargo, obligó al Gobierno de entonces a recurrir al ejército aplicando la legalidad, la que le otorgaba la Ley de Orden Público de 1933, instrumento que resultó clave. Apenas un año después se restablecieron todas las competencias, a excepción de la policía… Ya en 1936, con el Frente Popular en el Gobierno, se indultó a todos los culpables. Sin embargo, ni los desafíos con la política catalana ni el análisis de los sucesos de 1934 acabaron ahí. Manuel Azaña escribía: “El Gobierno debe restablecer en Cataluña su autoridad en todo lo que le compete, manteniéndose estrictamente dentro de la ley (…) Que no puede admitirse que la autonomía se convierta en un despotismo personal, ejercido nominalmente por Companys”.

"No puede admitirse que la autonomía se convierta en un despotismo personal, ejercido nominalmente por Companys", escribió Azaña

No era en 1934, sino el 31 de mayo de 1937, en plena Guerra Civil. Azaña, que reprendía la actitud de Lerroux por haber convertido en “mártires de las libertades a unos simples políticos fracasados”, ese mismo día añadía: “Hay que tener muy presente la posibilidad de otro 6 de octubre, y prevenirse política y militarmente contra él” (Manuel Azaña, ‘Diarios completos’, Crítica, 2000).

Pérez i Farrás, que antes de convertirse al catalanismo había sido un ferviente españolista, “hasta el punto de montar incidentes en la calle por su exaltación” —Enrique Ucelay da Cal, ‘Contra Companys, 1936’, Universidad de Valencia (2012)—, saldría de la cárcel como el resto de los condenados en 1936. Antes de ello, en la misma carta que escribía en el presidio de Cartagena en 1935, se despedía con estas frases: “En cuanto me diga su dirección [la de Dencás] sí que le voy a escribir, pero sacándome la espina de esta falta de atención con quien le fue leal hasta el sacrificio”.

El sacrificio por la patria catalana.

*Julio Martín Alarcón, periodista y escritor español, es autor de 'La ofensiva de Cataluña', libro en el que se explica cómo se vivió la Guerra Civil en esta región. También ha escrito otros como 'El ángel de Budapest' (Ediciones B), sobre el diplomático español Ángel Sanz Briz y el Holocausto en Hungría, y participa en diversos programas de radio.