¿A la II República la asesinaron o se suicidó? La otra historia del 18 de julio de 1936

Cuando el 17 de julio llegaron noticias sobre la insurrección de las plazas de Ceuta y Melilla, en la presidencia del gobierno aún se agarraron a un clavo ardiendo, un golpe militar descoordinado que se apagaría por sí solo. Así había ocurrido cuatro años antes, en el 32, cuando el general Sanjurjo intentó revertir la constitución de 1931. Esta vez fue distinto. El presidente del gobierno, Santiago Casares Quiroga, de la izquierda moderada, se enfrentaba a la rebelión más decisiva de la historia de España. La II República se iba a desmoronar en menos de 72 horas. Dimitió al día siguiente y su sustituto, José Giral, ordenó disolver al ejército y entregar las armas a los milicianos.

[La carta de junio de 1936 con la que Franco avisó a la República de un golpe]

La gran diferencia con aquella asonada del general José Sanjurjo no estaba únicamente en la preparación de los sublevados, sino en lo que había ocurrido precisamente en ese lapso. Cuatro años de guerrilla para un país en los que la convivencia democrática saltó por los aires en varias fases. Del alborozo y jolgorio popular en las calles para celebrar la proclamación de la II República y la espantada del rey Alfonso XIII, al desastre: la confrontación violenta de dos españas irreconciliables.

El gobierno de Casares Quiroga, de un partido de izquierda moderada, estaba hipotecado con sus socios de gobierno del Partido Socialista

Los militares pusieron el punto final con un golpe de estado fallido. Venía de lejos. El gobierno del Frente Popular que había ganado las elecciones de febrero de ese año se asomaba al vacío incapaz de dar respuesta a la violencia en las calles. No existe ningún debate: la II República acabó cuando Franco voló desde Canarias a Marruecos para sublevar al ejército de África, pero para entonces el país ya estaba roto.

Deslealtad institucional

El gobierno de izquierda moderada de Santiago Casares Quiroga se había hipotecado con sus socios de gobierno del Partido Socialista, una coalición que se pensó como una reacción a los gobiernos de derechas del periodo 1933-1935 y con la que liderarían el programa revolucionario del Frente Popular.

Los socialistas no entraron en el gobierno por una mera fórmula pactada, pero su influencia estaba clara. Después de unas elecciones con uno de los márgenes más estrechos de las elecciones libres en España, la derecha ya antirrepublicana de la CEDA y de Renovación Española veían como la izquierda se hacía de nuevo con el poder y con una agenda cero conciliadora. No ayudó que existieran irregularidades en los comicios, lo que calificaron de pucherazo. Lo estudiaron Roberto Villa y M. Álvarez Tadío —'1936: Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular' (Espasa)—. El historiador Stanley G. Payne ilustró con claridad la posición de la derecha: una cosa era cumplir meramente con la ley y otra muy distinta respetar la constitución. Ni la CEDA ni Renovación Española pensaron en tolerar nada como lo del 34. Había una izquierda revolucionaria y una derecha ya abiertamente hostil.

La primera medida del nuevo gobierno de izquierdas del Frente Popular en marzo de 1936 fue la de forzar la salida de Niceto Alcalá Zamora, moderado católico de derechas que había presidido la República desde su comienzo. La elección de su sustituto, Manuel Azaña, aunque no representaba a la izquierda revolucionaria, era una declaración de intenciones.

Una gran parte de la izquierda demostró que la República eran ellos, si no lo conseguían en las urnas, lo harían por la fuerza, como en el 34

El dirigente de Izquierda Republicana era un acérrimo enemigo de Alcalá Zamora y precursor, en el lejano 1931, de las reformas más radicales contra la derecha tradicional: el campo, el ejército. Para la gran mayoría de historiadores la injerencia de Alcalá Zamora fue nefasta por la arbitrariedad con la que interpretó las atribuciones de su cargo. Acabó por enfrentarse a todos: a Gil Robles de la derecha católica, a Alejandro Lerroux, convertido en conservador republicano, a Manuel Azaña y su reformismo radical-burgués, al socialismo de Indalecio Prieto, que como moderado alentó la revolución…

Casi nunca se explican los recovecos de esos cinco años, que son infinitos: un país que transita democráticamente de un régimen monárquico a una república y que queda atrapado en los excesos de una política esgrimida siempre contra el rival. Una gran parte de la izquierda fue totalitaria en su raíz: la República eran ellos y si no era por las urnas lo sería por la fuerza, tal y como demostraron con la revolución obrera de 1934. Prieto se arrepintió.

Derecha ninguneada

Mientras, la derecha ninguneada por un presidente moderado, Niceto Alcalá Zamora, tuvo que encajar que una mayoría de votos no le dieran la presidencia. La CEDA de Gil Robles no dispuso del gobierno a pesar de su victoria en 1933 y a la larga les convenció de que el sistema iba contra ellos. Antes de que el día 17 de julio Franco sublevara al ejército colonial, la trama civil de los conservadores era atronadora. A José Calvo Sotelo, líder de los monárquicos, lo asesinaron sus rivales porque no habían encontrado antes a José María Gil Robles, presidente de la CEDA. No había pruebas, pero ambos conocían la conspiración. La alentaron. (A. Viñas)

Con todo, la gran pregunta no está en las maquinaciones del general Emilio Mola, director del alzamiento del 18 de julio, sino, como explica Santos Juliá, en el deterioro de una convivencia que se había fraguado los cinco años anteriores. La II República, que tuvo las mayores garantías democráticas de la historia de España, ya que la constitución la elaboró un parlamento elegido en las urnas como asamblea constituyente empezó regular y terminó muy mal. Sus lecciones son valiosas, aunque aquella política no se pueda comparar a la de ahora.

Inspirada en la República de Weimar de Alemania, que también demostraría sus debilidades en los años 30, la figura del presidente no era determinante, pero Alcalá Zamora interpretó de manera amplísima las prerrogativas de la jefatura del estado.

Reformismo relámpago

Había que sumar que en la misma elaboración de la constitución se prohibió que las órdenes religiosas siguieran educando en sus escuelas —además de la expulsión de la Compañía de Jesús— y que ya en el primer gobierno de la II República se acometiera una reforma integral del ejército que, aunque parecía necesaria, se percibió como un atropello. También se hizo en el campo, una ley que después fue abolida de facto por la derecha. Juan Pablo Fusi ha señalado que en la III República de Francia tardaron varias décadas en acometer reformas de calado social, en España fueron relámpago.

Lo más increíble, al margen de las intentonas anarquistas y la de los militares que intentaron desestabilizar el nuevo régimen, fue que la mayor agresión partió del PSOE y la UGT con la revolución obrera de 1934 en Asturias, a la que siguió el pronunciamiento nacionalista-federalista de Esquerra Republicana en Cataluña. Ya entonces había una crisis de gobierno: el presidente Ricardo Samper, del partido radical, lo era porque Alcalá Zamora no confiaba en Lerroux.

La misma ley 'ad hoc' para indultar al general Sanjurjo sirvió después para sacar de la cárcel a los líderes independentistas catalanes como Companys

Al final, tuvo que aceptar su nombramiento como presidente. La represión quedó en agua de borrajas para los cabecillas: al igual que con Sanjurjo las penas de muerte se conmutaron. Lo grave fue, sin embargo, que la misma ley 'ad hoc' que había presentado Lerroux para sacar de la cárcel al general sirvió apenas un año después para indultar a Lluis Companys y los líderes catalanes que habían proclamado la esperpéntica República Federal de Cataluña.

Violentar la ley

La benevolencia primero de los derechistas y después de los izquierdistas del Frente Popular, aunque se fundara en vagos principios de concordia, demostró la debilidad de del Estado, o peor aún, la venalidad del mismo. Ninguno de los indultos convenció al contrario y asentó la idea de que violentar la ley salía barato. Aun así, los militares rebeldes, especialmente Francisco Franco, calibraron la idoneidad de un golpe que nunca tuvo las garantía de éxito, como al final ocurrió.

Aunque los militares contaban con el apoyo de amplios sectores de la derecha parlamentaria, la rebelión carecía de mayor contenido que el de derrocar el orden republicano sin más andamiaje ideológico, tal y como ha estudiado Stanley G. Payne. Los monárquicos se llevarían después un chasco cuando el africanista Franco se hizo con el mando único.

La apuesta del Frente Popular fue suicida desde la distancia histórica: sabiendo que existía ruido de sables decidieron continuar como si nada

Por otra parte, la apuesta del Frente Popular fue suicida: sabiendo que existía ruido de sables decidieron continuar como si nada confiando incluso en una carta del mismo Francisco Franco que alertaba del malestar del ejército. Según Paul Preston era laberíntica: tanto se podía desprender la lealtad del general con el orden republicano como de lo contrario. Es difícilmente interpretable, pero se sabe que el general abandonó la conspiración en los primeros días de julio y se volvió a subir tras el asesinato de Calvo Sotelo, el día 12. Uno de los guardias personales de Indalecio Prieto estaba implicado. La conspiración era anterior al asesinato del político.

Baño de sangre

Es imposible evitar la tentación malsana de elucubrar si se pudo evitar. No se pudo porque los hechos no son contrafactuales, sencillamente ocurrió. La explicación no ha dejado de ser otro campo de batalla, aunque desde el punto de vista objetivo sea inapelable: la guerra comenzó porque los militares rebeldes no consiguieron subvertir el orden constitucional de 1931. No está completo, ya que el progresivo deterioro de la II República se gestó en el PSOE de Largo Caballero e Indalecio Prieto, que quisieron borrar a la derecha, en la presidencia de Alcalá Zamora y sus arbitrariedades, en la soberbia de Manuel Azaña y sus agresivas reformas, en la deslealtad de la CEDA y Renovación Española, que ninguneados por el sistema acrecentaron el odio que ya le profesaban, y al fin, en los militares, que repitiendo la historia del siglo anterior, decapitaron por las armas el experimento.

Difícilmente un fracaso político podría acabar ahora en un baño de sangre: mejor no comprobarlo. Sencillamente, debemos exigir a nuestros representantes y gobernantes lealtad con el sistema elegido y el ejercicio de la ley en todo caso para cambiarlo.