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El día que España dejó de ser católica: aulas sin crucifijo y la expulsión de los jesuitas
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El día que España dejó de ser católica: aulas sin crucifijo y la expulsión de los jesuitas

Hace 80 años se ponía en marcha la reforma educativa de la Segunda República, el primer intento de una escuela laica y la segunda vez que se expulsaba a la Compañí

Foto: Una escuela de la Segunda República
Una escuela de la Segunda República

"España ha dejado de ser católica", así se expresaba Manuel Azaña en octubre de 1931 poco después de que se aprobara la constitución de 1931. El deseado proyecto de un estado aconfesional tomaba forma y con él las normas que habrían de distinguir a la II República, especialmente en cuanto a educación, uno de los pilares del reformismo republicano. Con las palabras de Azaña se abrió una ola de anticlericalismo, por más que su verdadera intención fuera remarcar el laicismo del nuevo sistema.

El gobierno provisional, con Miguel Maura como destacado ministro al frente, renegó siempre de cualquier ataque a las instituciones o propiedades de la Iglesia, lo que no evitó que se produjera por ejemplo la quema de conventos que sobrepasó al gobierno. En la misma constitución republicana de 1931 se encontraba la semilla de esa división y conflicto que se agravaría con los años. Exactamente con lo que no contó Niceto Alcalá Zamora, presidente de la II República, principal figura de su proclamación y que consideró que la inclusión del laicismo en la constitución fue una traición y una torpeza.

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Así, al mismo tiempo que con el nuevo orden se ponía en valor la educación primaria a través de un paquete de medidas amplio y mayores recursos para garantizar la alfabetización, se prohibieron también de un plumazo las escuelas religiosas que habían protagonizado el sistema educativo en la etapa anterior. Incluso se aprobó un artículo en la misma constitución expresamente destinado a expulsar a la Compañía de Jesús de España y con ella también su gran cantidad de colegios y centros de enseñanza.

En febrero de 1932 hace ahora exactamente 80 años, se disolvió oficialmente la Compañía de Jesús, y se comenzaba el programa de reformas educativas que habrían de caracterizar el periodo. Al igual que la reforma del ejército, el gobierno provisional de la II República incurrió en un error con la revolución que pretendía enarbolar: si es cierto que eran necesarias reformas tanto en el estamento militar como en el educativo o en el campo con la reforma agraria, se acometieron de sopetón, sin un consenso y con una clara voluntad de enfrentarse a los sectores que no los apoyaban.

Programa revolucionario

Fue una constante en la primera etapa de la II República que conllevó una reacción tras la victoria de la CEDA en las elecciones de 1933 y que perdudaría después hasta el estallido de la Guerra Civil. Azaña, siendo un moderado de Izquierda Republicana, reconoció que existía un programa revolucionario. Con el tiempo se demostraría que chocaría con el mismo sistema de gobierno como ocurrió por ejemplo en la Revolución de 1934: si las derechas abjuraban de las reformas, las izquierdas quisieron pasar por encima traicionando los propios principios del régimen republicano.

placeholder Colegio jesuita en los años 30.
Colegio jesuita en los años 30.

El caso de los jesuitas con la educación fue especialmente sangrante. La expulsión de la orden se basaba en el artículo 26 de la constitución que decía literalmente: "Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otros de especial obediencia a autoridad distinta de la legítima del estado". Estaba hecho a medida para la compañía que sumaba el voto de obediencia al papa. Era perfectamente legal, pero resultaba dudosamente democrático: otra constante del periodo. A la larga generaría una desconfianza en el sistema de gobierno republicano entre amplios sectores que apoyaban a los jesuitas y la educación católica, al igual que ocurriría también en el ejército.

Los centros jeuitas reconvertidos a educación privada laica no variaron sus principios

Por otra parte, los centros jesuitas reconvertidos a educación privada laica siguieron vinculados a un programa que apenas varió sus principios, por lo que el intento republicano quedó en cierta medida neutralizado. Sin embargo, la disolución de la compañía fue un duro golpe que los jesuitas recordarían siempre: serían después los más vehementes en vincular a la iglesia con los militares rebeldes a partir del golpe del 18 de julio, extendiendo la idea de la Cruzada por su nutrida red internacional católica. Tuvo su efecto.

La educación de las élites

No era tampoco la primera vez que se expulsaba a los jesuitas y respondía a un mismo motivo. Recordaba a la vieja orden de expulsión de 1767 cuando Carlos III ordenó la disolución de la compañía: el peso de los jesuitas en la educación española era enorme ya entonces, sobre todo en cuanto a las élites del país, lo que no dejó de verse en ambas ocasiones como una amenaza.

Planeaba la vieja creencia de una especie de organización que conspiraba contra los valores liberales, lo cual era cierto en tanto y cuanto seguían al Vaticano, pero no de forma secreta precisamente. Fue también habitual vincular a la orden con teorías conspiranoicas sobre su influencia y supuestos objetivos de dominación mundial que resultaban ridículos pero que tenían en formación uno de sus agarres. Así el tema de la educación provocaba recelos, otra de esas pequeñas rémoras que han durado casi hasta hoy.

placeholder Maestras de escuela de la II República.
Maestras de escuela de la II República.

De golpe y porrazo desaparecieron dieciocho colegios de bachillerato, uno de comercio y tres centros universitarios. El artículo de la constitución que sirvió para la expulsión de los jesuitas no podía ser más sectario: bajo la excusa de un estado laico se prohibía la labor de enseñanza de la orden religiosa, y no casualmente, ya que era una de las que más centros regía en España. La cuestión católica en las escuelas ha sido de hecho un tema recurrente en el debate sobre la educación, recientemente con la vieja problemática de los colegios concertados religiosos. Aunque diferente y como en otras cuestiones, el antecedente estuvo en la II República que sí eliminó la cooperación de estado e iglesia para los centros educativos.

Se prohibía la enseñanza de religión y los símbolos como el crucifijo

Al tiempo que se inauguraba una nueva red de escuelas estatales y se reforzaba la figura del maestro de escuela, se prohibía la enseñanza de religión y los símbolos como el crucifijo. En esencia, la reforma se basaba de alguna forma en asumir los principios del Instituto de Libre Enseñanza, modelo republicano de educación frente al que seguían los jesuitas: había una intención clara en eliminar la influencia de la orden en la educación.

Educación universal

Frente a una más que deseable reforma de la educación se acabó entendiendo en los sectores católicos como un adoctrinamiento, además de una persecución hacia la religión católica, que auguró el odio que se desataría tras el golpe del 18 de julio en la zona republicana. La cuestión, como se demostraría después, era que España no había dejado de ser católica ni por asomo, por mucho que la constitución republicana tratara de eliminar su peso en la sociedad española. El debate del laicismo derivó en el anticlericalismo de una parte importante de la izquierda, lo que acabaría por dividir también en ese aspecto al país más adelante.

La expulsión y el cierre de los colegios católicos tuvo una repercusión enorme

La expulsión y el cierre de los colegios católicos tuvo una repercusión enorme, claro está, aunque en conjunto la nueva norma era un clarísimo avance en cuanto a la capacidad del estado para garantizar una educación universal. El exceso de celo oscureció para un amplio sector lo que resultaba un paso adelante en cuestiones como la revalorización de los maestros de escuela, que a partir de ese momento tenían que ser licenciados o de la recién creada escuela de magisterio y cuyo estatus en cuanto a sueldo y prestigio mejoró notablemente.

No es casual tampoco que tras la victoria de Franco fuera un colectivo que sufriera especialmente la represión de tipo administrativo. El nuevo régimen franquista desconfiaba de ellos por razones obvias para sus intereses. Con la victoria del bando nacional, la iglesia católica recuperó una posición de preeminencia en la educación y en la Transición mantuvieron los mimbres con la norma de los colegios concertados. Hubo otro trecho hasta eliminar de nuevo los crucifijos de las aulas y las reformas de educación se convirtieron desde entonces en una pesadilla: planes de estudio aprobados respectivamente por los gobiernos entrantes y salientes. De nuevo sin consenso.

"España ha dejado de ser católica", así se expresaba Manuel Azaña en octubre de 1931 poco después de que se aprobara la constitución de 1931. El deseado proyecto de un estado aconfesional tomaba forma y con él las normas que habrían de distinguir a la II República, especialmente en cuanto a educación, uno de los pilares del reformismo republicano. Con las palabras de Azaña se abrió una ola de anticlericalismo, por más que su verdadera intención fuera remarcar el laicismo del nuevo sistema.

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