El PSOE de Mojácar ofrecía empleos públicos y dinero a inmigrantes a cambio de votos

La trama de compra de votos del PSOE de Mojácar (Almería), desarticulada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pagó y ofreció un empleo público a decenas de vecinos de la localidad a cambio de su apoyo en las elecciones de este domingo. Las diligencias han revelado que la organización se centró en ciudadanos en situación precaria, sobre todo, inmigrantes de origen latinoamericano que pasaban por dificultades económicas, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas a la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 4 de Vera.

Los dos principales implicados son el número dos en la candidatura del PSOE de Mojácar para el 28-M, Francisco Bartolomé Flores, y el número cinco de la lista, Cristóbal Vizcaíno. Ambos forman parte del círculo de máxima confianza del cabeza de lista del PSOE local, Manuel Zamora, que el pasado jueves contó en un mitin con la presencia del ministro de Presidencia, Félix Bolaños. El propio Bolaños y también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, veranean en Mojácar y mantienen un estrecho vínculo con el municipio.

Las pesquisas de la UCO atribuyen a Flores y Vizcaíno la presunta dirección de la red de tráfico de votos. Los dos se encargaban de proporcionar el dinero en efectivo para comprar los apoyos y centralizaban la recolección de las papeletas. En un escalón inferior, se situaban presuntamente un ciudadano paraguayo, otro colombiano y un último de nacionalidad ecuatoriana que habrían actuado de intermediarios entre el PSOE y la comunidad latinoamericana de Mojácar, precisan las mismas fuentes.

La ley electoral permite votar en las elecciones municipales a los nacionales de la UE y de países que tengan un acuerdo bilateral de reciprocidad con España en el mismo tipo de comicios de sus respectivos Estados. Entre los países con acuerdo bilateral en vigor para este 28-M, se encuentran precisamente Paraguay, Colombia y Ecuador, así como Bolivia, Chile y Perú, entre otros. Los tres ciudadanos extranjeros implicados gestionaban personalmente la compra de papeletas y después se las hacían llegar a los candidatos del PSOE. Por cada voto en mano, se pagaban 100 euros.

Pero la Guardia Civil no solo ha detectado pagos en cash. La red del PSOE también aprovechaba la situación de vulnerabilidad de sus víctimas para prometerles puestos de trabajo en la Administración pública a cambio de su respaldo en las urnas. Los agentes de la UCO se han incautado en la decena de registros practicados de un gran volumen de documentación que apuntalaría los indicios de delito que ya manejaban, señalan fuentes próximas al caso. El resultado de la operación "ha sido muy satisfactorio", sostienen.

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La organización socialista habría conseguido captar irregularmente más de un centenar de votos, aunque aún es pronto para ofrecer una estimación fiable. No obstante, por el tamaño de Mojácar, de apenas 7.500 habitantes censados, unos pocos electores son suficientes para provocar un terremoto en el reparto de fuerzas del consistorio. En la actualidad, el PP gobierna con mayoría absoluta tras obtener ocho concejales en las elecciones de 2019. El PSOE tuvo que conformarse con cinco ediles, pero se quedó a solo 500 papeletas de los populares.

Los votos comprados pueden llegar a inclinar la balanza hacia los socialistas. Algunos de los sobres irregulares ya han sido presentados en oficinas de Correos y va a ser imposible anularlos, pero la trama pretendía seguir actuando hasta este viernes, último día para la entrega de los votos por correo. Los siete detenidos han pasado la noche en los calabozos. El número dos de la lista del PSOE, Francisco Bartolomé Flores, fue arrestado un poco más tarde que el resto porque, en el momento de la operación, se encontraba de viaje en Madrid. La UCO lo detuvo cuando regresó a Mojácar.

A los investigados se les imputa un delito electoral, castigado con hasta dos años de prisión, pero no se descarta atribuirles también un delito de integración en organización criminal. Los primeros detenidos pasarán a disposición judicial a lo largo de este jueves y los presuntos cabecillas prestarán declaración previsiblemente el viernes.

El PSOE de Andalucía anunció este miércoles que suspenderá inmediatamente a los dos candidatos investigados si se confirman las acusaciones y aseguró que los hechos son "injustificables en democracia y en un proceso electoral". Por su parte, el PP denunció que "el PSOE rompa las reglas del juego" y dijo que el caso de Mojácar demuestra que los socialistas "están nerviosos".