Melilla: décadas de una grieta electoral que propició el fraude masivo y a la que nadie quiso poner coto

Los viejos del lugar recuerdan que siempre ha sido así, que desde que llegó la democracia a España en Melilla siempre se habló de compra de votos en vísperas de elecciones. No era un rumor, sino una realidad ante la que los poderes públicos llevan décadas mirando para otro lado. Es una grieta en la democracia española que nadie tuvo hasta ahora interés en colmar.

La ciudad autónoma de 83.000 habitantes siempre ha batido el récord de España del voto por correo como si buena parte de sus habitantes salieran fuera de sus 12 kilómetros cuadrados cada vez que son convocados a las urnas. Es la única ciudad de España en la que la justicia ordenó, en 1989, la repetición de unas elecciones salpicadas de irregularidades.

En vísperas de las elecciones de 2019, el 7,78% de los melillenses con derecho a voto solicitaron ejercerlo por correo, un porcentaje que multiplica por 2,5 la media de España. Ahora, después de la pandemia, salen menos melillenses de su ciudad en días festivos, a causa de la tardanza en cruzar la frontera de Beni Enzar, del incumplimiento por Marruecos del régimen de viajeros que, si estuviese en vigor, les permitiría llevar regalos a sus familiares en la provincia colindante de Nador.

Ahora es precisamente cuando se han disparado las solicitudes de voto por correo hasta rebasar el 19% del censo. El porcentaje es tan alto que, probablemente, hubiese otorgado una mayoría absoluta en la Asamblea de Melilla al partido político que lo auspició. ¿Por qué se ha alcanzado ese récord? La relativa impunidad de la que han gozado hasta ahora los que lo han fomentado les ha envalentonado. La elección del 28-M parecía además, antes de que estallara el escándalo, la más reñida de las últimas décadas.

Algunos sondeos vaticinaban que Juan José Imbroda, cabeza de lista del PP, podría volver a ser presidente de la ciudad con el apoyo de Vox. Otros indicaban, en cambio, que Coalición por Melilla (CpM), el partido local al que votan mayoritariamente los musulmanes, sería capaz de mantenerse otros cuatro años en el Gobierno con el respaldo de un PSOE venido a menos.

En Melilla, más que en otras ciudades, hay muchas ansias de poder porque desde el ayuntamiento de la ciudad se maneja un presupuesto anual de 352 millones de euros, algo más que el de Granada, que tiene el triple de población.

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Conocedora de todos estos ingredientes, Gema Aguilar, la candidata de Podemos, llevaba meses “diciendo que se avecinaba la tormenta perfecta” en Melilla. Era previsible “con unos partidos condenados por compra de votos por correo (CpM y PSOE), manejando millones de euros en la Administración, y un Partido Popular, sospechoso habitual, loco por volver a primera línea”, declaró Aguilar a El Faro de Melilla.

Mustafá Aberchán, el líder de CpM, fue condenado, en febrero de 2021, por el Tribunal Supremo a dos años de cárcel y a inhabilitación para cargo público, junto con el exsecretario general del PSOE, Dionisio Muñoz, por la compra de votos en las elecciones legislativas de 2008.

El PP tuvo más suerte nueve meses después. Pese a que la Fiscalía acusó a su viceconsejero de Asuntos Sociales, Hassan Driss, y a su colaborador, Mimun Mohamed, de delitos electorales continuados y de malversación de caudales públicos, ambos fueron absueltos por el Juzgado de lo Penal nº1 de Melilla. El segundo lo fue porque el delito, cometido en 2007, había prescrito, y el primero porque no quedó demostrado que él firmara los vales de comida que se intercambiaban por votos.

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Los sucesivos gobiernos de la democracia no han querido poner coto a este delito electoral crónico. Hubiese, sin embargo, bastado con que se introdujera una pequeña modificación en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Hoy en día el solicitante del voto por correo debe identificarse con su DNI, ante el empleado que le atiende, cuando inicia el trámite, y, una segunda vez cuando el cartero le entrega el sobre con las papeletas de los diversos partidos que concurren.

No debe volver a identificarse cuando acude a Correos al entregar el sobre con su voto. Puede delegar, sin ni siquiera firmar un papel, en una persona. En Melilla han aparecido años atrás en Correos intermediarios con hasta veinte sobres debajo del brazo que contenían, obviamente, sufragios comprados.

Estos intermediarios no suelen ser militantes de los partidos, sino que pertenecen a las redes de trapicheo de drogas. Se prestan a esta labor para redondear sus ingresos cobrando pequeñas comisiones por cada voto. De ahí que cada sufragio comprado cueste, en realidad, más dinero que los, entre 50 y 150 euros, que se pagan al vendedor.

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¿De dónde sale el dinero? “Esperamos que se investigue el gasto desorbitado en contratos menores [que no requieren concurso público] del ayuntamiento de estos cuatro años por si pudiera estar todo relacionado”, declaró Gema Aguilar. El discurso de Vox en Melilla es, en esta ocasión, bastante parecido al de la lideresa de Podemos. Gloria Rojas, la secretaria general del PSOE, también dejó caer que parte del dinero empleado en comprar votos podía tener su origen en contrataciones públicas de un ayuntamiento del que es vicepresidenta.

Hubiese bastado con obligar al votante por correo a volver a identificarse al entregar el sobre para poner fin a este delito masivo. Es lo que la Junta Electoral de Zona decidió, el miércoles pasado, aplicar en Melilla y, al día siguiente, la Junta Electoral Central amplió la medida a los votos procedentes de Melilla que se entregasen en oficinas de Correos de toda España.

La doble decisión arroja algunas dudas legales. Primero, las juntas electorales han improvisado un añadido a la ley invadiendo quizás competencias del Legislativo, opinan algunos juristas. En segundo lugar, crean una discriminación entre el votante por correo melillense, que debe identificarse al entregar el sobre con su papeleta, y el del resto de España, que no necesita hacerlo. De los más de 11.000 votos solicitados por correo, algo más de 700 fueron emitidos antes de que entrase en vigor este nuevo requisito.

A juzgar por las informaciones que se han dado a conocer desde la Moncloa, esta vez sí, el Gobierno va a poner coto a esa rendija en la ley que facilita el fraude electoral. Tiene la intención de cambiar la ley para hacer obligatoria la identificación del votante una tercera vez y acabar así con los intermediarios.

Las medidas impuestas por las juntas electorales han surtido efecto inmediatamente. Son muy pocos los electores que, después de su entrada en vigor, se han acercado a Correos a entregar su sobre. Desaparecieron las colas ante la única oficina de Correos en Melilla.

Junto con las medidas jurídico-electorales se abrió en Melilla, en vísperas del fin de semana, una investigación policial para determinar quién está detrás de esta trama. Entre el lunes por la noche y el martes por la mañana arrojó sus primeros resultados con la detención por la Policía Nacional de una decena de personas, entre ellos un consejero, Mohamed Ahmed Allal, que figura en el tercer puesto de la lista electoral de CpM. Hubo además diez registros de domicilios y también de una sede secundaria del partido de Aberchán. La Policía se incautó de dinero y papeletas.

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Puestos en libertad por la tarde, todos ellos serán llamados a declarar como imputados por la magistrada María del Carmen Perles, titular del Juzgado de instrucción nº2.

La investigación asesta un duro golpe a los anhelos electorales de Mustafa Aberchán. Ahora bien, algunos de los testimonios recogidos en Melilla revelan que unos cuantos de sus habitantes recibieron ofertas de compra de votos de los dos partidos mayoritarios y, al final, lo vendieron al mejor postor. La investigación, por ahora, solo encuentra sospechosos por el lado de CpM.

En una ciudad fronteriza era inevitable que los policías a cargo de la investigación examinaran si la trama de compra de votos podía tener ramificaciones en Marruecos. A día de hoy no han encontrado rastro alguno que apunte al país vecino. Un puñado de los 160 sobres con papeletas entregados en oficinas de Correos fuera de Melilla transitaron por Nador antes de llegar a la Península. Eso no implica a las autoridades marroquíes.

Es cierto que los problemas que atraviesan Ceuta o Melilla pueden provocar cierto regocijo en los círculos de poder en Rabat, pero eso no significa que hayan fomentado este fraude masivo, ahora en buena medida abortado, en las elecciones del 28-M.