Un grupo de hombres comparte unas cervezas en un descampado lleno de escombros a la salida del barrio melillense de La Cañada. Varios marroquíes y saharauis portan sus cajas de herramientas al pie de la carretera aguardando a que alguien les contrate para hacer alguna chapuza. “Melilla es chica, nos conocemos todos; van a los puntos de droga y buscan a chavales desesperados, te lo digo por experiencia propia”, comenta uno de ellos. El más joven del grupo asegura que una vez cedió su voto por 20 euros porque necesitaba dinero para comprar heroína. “Te ven enmonado y te ofrecen menos”. A la gente sana le compran su voto por 50 euros.
Oficialmente se llama La Cañada de Hidum, pero también es conocido como ‘Beirut Este’ o ‘La Cañada de la Muerte’. Se trata del barrio más depauperado de Melilla, un lugar donde los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad son habituales. Monte arriba, el vecindario es humilde y se siente marginado por el presupuesto del Gobierno de esta ciudad norteafricana, el cual superó los 270 millones de euros en 2018. El pavimento de las calles está en mal estado y los cortes de agua y luz son habituales. La necesidad convierte a La Cañada en terreno abonado para los mercaderes de votos.
Vecinos del distrito del barrio de La Cañada aseguran haber vendido su voto en diversas ocasiones a cambio de 50 euros. Los más desesperados (desempleados, drogadictos) aceptan entregar su libertad de sufragio por solo 20. Otros melillenses aseguraron haber comprometido su papeleta a cambio de un vale de comida de 60 euros o un empleo en alguna de las empresas constructoras adjudicatarias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla. La compra de votos afecta a varios partidos, entre ellos, al PSOE, Coalición por Melilla y al Partido Popular.
Una anécdota ilustra ese mercadeo de votos en la ciudad magrebí: días antes de los comicios de mayo de 2015, varios militantes y altos cargos del PP melillense fueron sorprendidos entregando mochilas cargadas de votos en distintas sucursales de Correos de la ciudad.
La necesidad convierte a La Cañada en terreno abonado para los mercaderes de votos
Testigos presenciales grabaron la escena e increparon a los populares, entre los que se encontraba Trinidad Unzueta, secretaria del presidente Juan José Imbroda. Agentes de la Policía Nacional se personaron e interrogaron a José Manuel Campaña, responsable de Finanzas del PP de Melilla y portador de un bolso repleto de sobres y papeletas. Solo informó de estos hechos ‘La Luz de Melilla’, el único diario excluido del presupuesto de publicidad institucional. El medio quebró al poco tiempo.
En esa dinámica de lucha política a cara de perro, Coalición por Melilla (CPM) tendió una trampa al Partido Popular antes de las elecciones generales del 2-8A para demostrar mediante unos vídeos que la formación política liderada por Juan José Imbroda, tendría entre sus prácticas habituales la compra de votos. En las imágenes grabadas con cámara oculta, se observa cómo el hijo del presidente Imbroda, Juanjo Imbroda Jr., se reúne con varias personas para la compra de hasta 300 votos con el fin de alterar los resultados de las elecciones generales del 28-A y las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo en beneficio del PP. Eso no fue óbice para que el PP obtuviera el único escaño al Congreso de los Diputados que se disputa en Melilla.
Melilla es uno de los bastiones más sólidos del Partido Popular. Esta formación gobierna desde el año 2000. Es la ciudad donde se da la mayor proporción de votos por correo de España. Allí los ciudadanos hacen cola para ejercer el sufragio a distancia. En las elecciones de 2015 se contabilizaron 3.531 votos por correo, es decir, el 11% del escrutinio total y cuatro veces más que en los comicios anteriores.
Días antes de las elecciones de 2015, se publicó un vídeo en la que Bilal Burrahay, número seis en las listas del PP local, relataba a un grupo de padres y empleados de una academia de apoyo extraescolar que si los populares no ganaban se tendría que suspender su actividad. “Esto es de la Ciudad Autónoma, del Ayuntamiento, del PP… Nosotros os dejamos el local, vosotros dad vuestras clases, pero a cambio, cada cuatro años, necesitamos vuestro apoyo. Y nos han dicho que ahora para las elecciones necesitamos que nos saquéis por lo menos 300 votos”, dijo Burrahay a los padres.
El Partido Popular gobierna Melilla desde el año 2000
A continuación, el candidato explicaba un ‘modus operandi’ bien conocido en Melilla, especialmente en los barrios más deprimidos: se entregan los datos personales, se solicita el voto por correo y, una vez recibido, se entrega el sobre con la respectiva papeleta del PP en su interior.
“Nos los traes a nosotros y nosotros lo entregamos”, indicó el candidato y también líder de Nuevas Generaciones de Melilla, quien, tras filtrarse la grabación, dimitió. Poco después de esos hechos, consiguió un empleo dedicado a la selección de personal. El PP volvió a ganar, el Centro de Formación María Inmaculada sigue abierto y ningún juez ha procesado a nadie.
Las irregularidades electorales en Melilla son casi una tradición. En 1990, el Tribunal Constitucional obligó a repetir los comicios al Congreso y el Senado por irregularidades en los censos
Pero no es necesario remontarse tanto en el tiempo. En 2007, la Policía detuvo a Hassan Driss, viceconsejero de Asuntos Sociales y presidente de la empresa municipal de vivienda, Emvismesa, acusado de comprar votos a cambio de vales de alimentos sufragados por la Consejería de Bienestar Social.
Ese año la policía también incautó más de mil papeletas del PP, impresas por personas cercanas al Partido Popular. En Melilla, la mayoría absoluta la determinan 2.000 votos y con 13.000 se obtiene un diputado nacional. La justicia no investigó quién había avisado del inminente registro policial a la imprenta, pero sí abrió un proceso contra Hassan Driss, que declaró por primera vez a finales de 2018 tras una instrucción de nueve años. Fuentes cercanas al caso aseguran que la causa podría prescribir debido a la lentitud del proceso. En noviembre pasado, a petición de la defensa, el juez declaró nulas las actuaciones de la Policía y mandó el caso a instrucción. De nuevo.
La pieza relativa a las papeletas falsas del PP fue archivada en 2015. Cuatro días después de su sobreseimiento, la Fiscalía de Melilla pidió 231 años de cárcel, 272 años de inhabilitación y 1,1 millones de euros para 30 miembros del PSOE y Coalición por Melilla (CPM) por haber ofrecido puestos de trabajo supuestamente a cambio de votos en 2008. El Ministerio Público acusó fundamentalmente a los dos máximos responsables de esas formaciones: el socialista Dionisio Muñoz y Mustafa Aberchán por CPM.
Finalmente, en 2018, el juez dictó sentencia y condenó a las dos principales formaciones de la actual oposición melillense, que ya han recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo. Ambas formaciones critican que existe una doble vara de medir en la justicia melillense: ningún caso por supuesta compra de votos del PP ha sido juzgado, a pesar de las evidencias documentales, mientras que el único caso que afecta a PSOE y CPM sí prosperó.
El juicio contra CPM y PSOE no estuvo exento de polémica. Las dos formaciones pusieron en duda la imparcialidad de la actuación del Ministerio Público. "La Fiscalía relanzó el caso seis días antes de las elecciones de abril de 2015", asegura Mustafa Aberchán, presidente de CPM. A su juicio, la Fiscalía actuó con una "celeridad insólita" en comparación con la demora de causas que afectan al PP, entre ellas los llamados casos Ópera y Tosca.
Al igual que ocurre en otras ciudades donde el centro neurálgico se sitúa en torno al puerto, los barrios marginales como La Cañada se sitúan en las colinas circundantes. Así sucede en lugares como Argel, Tánger o Ceuta.
Uno de los vecinos que conversan con este medio asegura haber vendido su voto en tres ocasiones, tanto a PP como a CPM. “Me buscaron en la puerta del colegio, vinieron con todoterrenos captando a la gente en el camino, nos ofrecían 50 euros”. Matiza que era un coche blanco, sin marcas ni pegatinas. Asegura que las personas encargadas de esa gestión trabajan en asociaciones y cooperativas del barrio subvencionadas.
El precio del voto, según los testimonios, está entre los 20 y 50 euros
Él y otros melillenses presentes explican que reconocen a esas personas por sus apodos y empleos: ‘La Gorda’ o ‘Nadia la del cura’. Ríen mientras hablan sobre un conocido empresario local a quien cada cuatro años, coincidiendo con las elecciones, el Gobierno le encomienda obras de asfaltado que dan empleo temporal a los presentes. Siempre después de fiar su voto, claro.
“Compran más votos en esta zona, porque estos son los barrios bajos y hay más necesidad. Te hablo de Los Cuernos, La Cañada, Las Palmeras”, explica un hombre que asegura llevar nueve años en paro. Se queja de venderles su voto y que después le llamen para trabajar únicamente durante siete meses. “Entonces, para cotizar, ¿cuánto tengo que estar? ¿200 años para una paga de 500 euros?”, concluye con un regusto de amargura.
porCausa te necesita para seguir investigando migraciones como nadie lo hace. Son pequeños. Hazlos grandes