José Bautista (PorCausa.org)

Imbroda y el Gobierno de los imputados

El Partido Popular no quiere imputados por corrupción en sus filas, pero hace de Melilla una de sus excepciones más visibles. Actualmente, el Gobierno de Juan José Imbroda mantiene en activo a ocho altos cargos imputados. Varios están directamente relacionados con las supuestas irregularidades en la contratación de una veintena empresas que, a cambio, habrían enchufado a personas afines al Gobierno de Melilla. Entre 2017 y 2018, estuvieron en una situación análoga al menos 31 personas, según la investigación realizada por El Confidencial y porCausa.

Fachada del Colegio de Abogados de Melilla

Uno de los cargos políticos imputados de mayor perfil es Daniel Conesa, actual portavoz del Gobierno de Melilla, vicepresidente primero y consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas. Conesa también es presidente de la empresa pública Proyecto Melilla SA (Promesa) y vocal del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Melilla, y está siendo investigado en el llamado caso Tosca por varios presuntos delitos contra la Administración pública. Antes de 2016, fue consejero de Hacienda y de la Mesa de Contratación melillense y en el pasado ejerció como profesor del centro UNED Federico García Lorca, rebautizado como Ramón Gavilán, en honor al exconsejero de Medio Ambiente imputado en el marco de la operación Ópera, en libertad con cargos por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y cohecho, entre otros.

El Gobierno de Juan José Imbroda mantiene en activo a ocho altos cargos imputados

En la Consejería de Administraciones Públicas, hay otro alto cargo imputado: la viceconsejera María Ángeles Gras Baeza, investigada desde finales de 2018 en el llamado caso Oposiciones por presunta prevaricación en las oposiciones al cuerpo de bomberos de Melilla. La Guardia Civil sospecha que Gras y dos psicólogas contratadas por el Gobierno melillense cometieron irregularidades para favorecer a personas cercanas en la obtención de plazas.

Otro alto cargo imputado es Guillermo Frías Barrera, viceconsejero de Hacienda, investigado en el marco de la operación Tosca por supuesto amaño de contratos y posibles adjudicaciones fraudulentas a empresas que, a cambio, habrían accedido a dar puestos de trabajo a personas afines al Gobierno del PP.

Sede de la UNED Melilla

En esa consejería también trabaja Enrique Javier Mingorance, investigado en los casos Abogados y Arquitecto por posibles delitos de prevaricación. Ahora, Mingorance es director general de la Función Pública en la Consejería de Economía.

La Consejería de Medio Ambiente es una de las que más cargos imputados y condenados han visto desfilar en los últimos años. Uno de ellos es José Ángel Pérez Calabuig, consejero de Medio Ambiente hasta 2015, imputado en Ópera y Tosca por posibles delitos de cohecho a través de una amplia red de sociedades. Calabuig se encuentra en libertad con cargos, pero también sigue en el Gobierno de Melilla, en concreto en la Consejería de Medio Ambiente, donde alterna varias funciones como vocal en distintas comisiones de nombramientos.

El exconsejero Pérez Calabuig (izquierda) junto al presidente Imbroda

También el actual director general de Gestión Económica de la Consejería de Medio Ambiente (desde 2005), José Pastor Pineda, está siendo investigado por la Guardia Civil en el marco de la operación Tosca a raíz de una inversión no declarada de 300.000 euros en Luxemburgo. Anteriormente, Pastor Pineda fue consejero de Coordinación y Medio Ambiente, subdirector del INEM en Melilla y consejero de la empresa pública de basuras Remesa. Blas Jesús Imbroda, abogado defensor de Pastor Pineda, logró la libertad con cargos para su representado.

A finales de marzo, la Justicia dictó el sobreseimiento de la pieza separada de Tosca en la que estaban investigados otros 16 cargos del PP melillense. La jueza Alicia Ruiz Ortiz estimó que las pruebas halladas por la Guardia Civil no eran suficientes, y se valió de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que reduce los plazos de instrucción a seis meses.

Uno de los cargos políticos imputados de mayor perfil es Daniel Conesa, actual portavoz del Gobierno

También mantiene un cargo Carolina Gorgé, exasesora de la Consejería de Bienestar Social y actual gerente de la empresa pública melillense Promesa, imputada en Tosca por supuesto amaño de concursos públicos y falsificación de documentos en favor de Eulen a través de la empresa pública que regenta. También el actual diputado melillense y consejero de Educación, Juventud y Deportes, Antonio Miranda Montilla, continúa en el Ejecutivo local mientras se le investiga por el pago de subvenciones supuestamente irregulares concedidas en 2007.

Hasta agosto de 2015, la Consejería de Seguridad recaía en Francisco Javier Calderón Carrillo, que también fue viceconsejero de Fomento, presidente de la entidad pública Fundación Melilla Ciudad Monumental y tesorero del Campo de Golf Público de Melilla, investigado por presunta privatización encubierta. Calderón, imputado en Tosca (en libertad con cargos) por supuesta participación en el desvío de fondos públicos y otros posibles delitos contra la Administración pública, fue asesor de la Delegación del Gobierno en Melilla hasta junio de 2018. Actualmente, dirige la residencia pública del Imserso en Melilla.

Asamblea de Melilla

Fe de errores: en la primera versión de este artículo, el autor indicaba erróneamente que las siguientes personas estaban condenadas en firme e inhabilitadas, pero en realidad una sentencia del 11 de enero de 2019 dictó su absolución por los cargos de prevaricación. Sus nombres son: José Francisco Muñoz Bernal, María del Carmen Fernández Ruiz, María del Rocío Ortega Ortega, Natalia Marínez Ladaga, Eva María Morales Sánchez, Nuria Millán Platero, María de los Ángeles de la Vega Olías.

* El Ejecutivo de Juan José Imbroda declinó responder a las cuestiones enviadas por este medio

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