Contratos públicos a la carta

Ópera y Tosca, las dos mayores operaciones anticorrupción de Melilla, no han impedido que el Gobierno de la ciudad autónoma siga repartiendo contratos a dedo entre las empresas investigadas por los agentes de la Guardia Civil. Estas dos macrocausas llevan estancadas en los juzgados desde 2015. Desde entonces y hasta principios de 2018, el Ejecutivo de Juan José Imbroda concedió al menos 532 contratos (entre ellos, 409 contratos sin concurso público) por valor de 40,52 millones de euros a 21 empresas investigadas e imputadas, según el análisis de contratación de Melilla realizado por El Confidencial y porCausa.

De momento, quedan en papel mojado las pruebas recabadas por la UCO, entre ellas numerosos ‘e-mails’ y llamadas interceptadas que demostrarían cómo estas empresas y varias consejerías se coordinan para confeccionar pliegos a medida, duplicar contratos, fraccionar facturas para eludir el concurso público, contratar a personas afines al Gobierno y desviar fondos públicos a través de sociedades pantalla.

Las sociedades investigadas que más dinero en contratos públicos se adjudicaron son la empresa de seguridad y servicios Eulen (19,3 millones de euros entre 2015 y 2017), Valoriza, una filial de Sacyr (13,25 millones), y la constructora melillense Himosa (7,37 millones). En la lista también hay otras empresas de ámbito estatal, entre ellas Telefónica (2,32 millones en total).

Eulen, investigada por supuesta financiación ilegal al PP e investigada también en Tosca por posibles contraprestaciones al Gobierno de Melilla a cambio de contratos públicos, sigue estando entre las mayores contratistas de la ciudad autónoma. Entre 2015 y 2017, esta empresa y su filial de seguridad facturaron 19,3 millones de euros a Melilla a través de 107 contratos, de los cuales 61 fueron adjudicados sin concurso público. Además, Eulen se llevó 17 prórrogas de contratos previamente adjudicados por un total de 9,16 millones de euros.

Las pruebas obtenidas por la Guardia Civil en el marco de Tosca revelan que Eulen y su filial Eulen Seguridad habrían incurrido en fraccionamiento y duplicación de contratos públicos, confección de pliegos, desvío de fondos públicos por trabajos no realizados, uso de sociedades pantalla (en concreto, la empresa Formación Total en Seguridad) y malversación. Sin embargo, la empresa niega “figurar como ‘empresa imputada’ por ningún delito”. Eulen y Clece cuentan en su plantilla, además, con varios familiares de altos cargos de Melilla.

Consultada Eulen, un portavoz de la compañía señala que “no es cierto que en ese procedimiento se esté investigando ninguna financiación irregular al Partido Popular de Melilla. No es cierto tampoco que el Grupo Eulen figure como ‘empresa imputada’ por ningún delito”.

La tercera empresa imputada con más contratos adjudicados en el periodo investigado es Hijos de Moreno SA (Himosa). Según la investigación de la Guardia Civil, su personal “era conocedor de los términos de los pliegos (...) una semana antes de que se entregaran al resto de empresas licitadoras”. Varios ‘e-mails’ remitidos al juez instructor muestran a los empleados de Himosa hablando abiertamente de “concursos tapadera” en referencia a la Consejería de Hacienda

El Instituto Armado también obtuvo ‘e-mails’ y pliegos de contratos públicos en los que la firma de Himosa es idéntica a la de las empresas que supuestamente concurrían en el mismo concurso público.

Himosa se benefició de un total de 48 contratos, 34 adjudicados a dedo más dos prórrogas, por valor de 7,37 millones de euros. Su administrador único, Antonio Francisco Moreno, figura como gestor de dos empresas también investigadas en el marco de Tosca. Una de ellas es Sistemas Interactivos Multimelilla, con 53 contratos (50 a dedo y dos prórrogas) adjudicados en el periodo investigado, por valor de 1,79 millones de euros, 785.681 euros de la prórroga de dos contratos.

A mediados de 2018, el juzgado de Primera Instancia número 4 de Melilla dictó el sobreseimiento provisional de la pieza separada de Tosca sobre Himosa, imputada por supuesta prevaricación administrativa, al entender que “no aparece debidamente acreditada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”.

Otra empresa local investigada y receptora de contratos a dedo es Atlas Combustibles y Lubricantes, representada hasta 2013 por el exconsejero José Ángel Pérez Calabuig. Según consta en los autos de Ópera y Tosca, Atlas vendió unos terrenos por un precio inferior al de mercado a las constructoras Deinasa y Hormeco, dos empresas ligadas a Pérez Calabuig. La Guardia Civil sospecha que, como contrapartida, el entonces consejero de Medio Ambiente movió hilos para que la Autoridad Portuaria de Melilla, dependiente del Gobierno de la ciudad autónoma, cediera a Atlas unos terrenos de forma gratuita y por 25 años. Además, trata de dilucidar cómo Hormeco obtuvo 4,5 millones de euros en metálico en tres años.

También Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones ha seguido recibiendo contratos a dedo en Melilla, a pesar de que la Guardia Civil puso en manos del juez pruebas documentales que revelan que en Melilla esta empresa confeccionaba los pliegos de los concursos públicos, añadiendo criterios y características en su propio beneficio para ganar dichos concursos. A pesar de estos hallazgos, Telefónica sigue recibiendo contratos a dedo en Melilla. Entre 2015 y 2017, estos contratos sumaron 328.637 euros, 287.727 procedentes de dos prórrogas de un contrato adjudicado antes de 2015.

Otra de las empresas bajo lupa es Carmelo Martínez Lázaro SL, investigada por posibles delitos de prevaricación y concierto con otras compañías para obtener contratos públicos de diversa índole, desde limpieza y mantenimiento de parques públicos y dependencias del Gobierno hasta labores de salvamento marítimo en las playas de la ciudad, campañas de sensibilización y realización de encuestas, tareas que no constan en su objeto social (“equipos y servicios comerciales”, según el Registro Mercantil). Entre 2015 y 2017, fue adjudicataria de 125 contratos, de los cuales 99 se asignaron de forma arbitraria y seis fueron contratos prorrogados, en total, algo más de seis millones de euros.

La Guardia Civil califica de “perverso” el sistema que emplea Carmelo Martínez Lázaro. Según sus pesquisas, esta empresa se habría puesto de acuerdo con Eulen, Lunamar y Reformas El Porvenir para licitar en concursos públicos sin que hubiera una concurrencia real. Precisamente fue el propietario de Reformas El Porvenir, Abdelkader Kasem, el que dio inicio a la operación Ópera tras confesar que la Consejería de Medio Ambiente le pedía fraccionar sus facturas.

Lunamar, también bajo investigación, facturó 1,38 millones de euros al Gobierno melillense en el periodo señalado. La Guardia Civil apunta a que esta empresa se estaría presentando a concursos públicos sin relación con su objeto social para favorecer la adjudicación a otras compañías. Según la documentación en manos del Instituto Armado, los contratos que le fueron adjudicados de forma directa tienen las cantidades a percibir escritas a lápiz.

A la Guardia Civil también le llamó la atención la continua adjudicación de contratos públicos a Servicios Eléctricos y Audiovisuales Melilla SL (Seamel). La investigación señala que la Consejería de Festejos habría fraccionado contratos para que esta empresa organizara las galas Miss y Míster Melilla en 2011 y 2013. El contrato de estas galas fue dividido en tres para no superar el mínimo legal de 18.000 euros y evitar el concurso público. Entre 2015 y 2017, Seamel ha ingresado al menos 1,06 millones de euros procedentes de 56 contratos con el Gobierno melillense, de los que 51 fueron adjudicados sin concurso público y tres consistieron en prórrogas. Estas prórrogas supusieron 330.440 euros.

Otro caso es el de la empresa de limpieza Servicios Multi Melilla SL. La GC señala que la Consejería de Medio Ambiente le adjudicó la limpieza y el mantenimiento de la playa Galápagos, al mismo tiempo que se lo adjudicaba a las empresas Soláfrica y Reformas El Porvenir. En los autos judiciales, consta que Servicios Multi Melilla no tenía trabajadores en nómina para ejecutar el contrato y que, cuando los contrató, fue objeto de incoherencias que están siendo investigadas. Por ejemplo, en 2011 esta empresa empleó cuatro veces más operarios que en 2012 para realizar la misma tarea. El Instituto Armado también apunta a un posible caso de colocación de personas afines al Gobierno, así como posible fraccionamiento tras comprobar que el Ejecutivo de Juan José Imbroda dividió la limpieza de esa playa en cuatro lotes, todos por valor cercano a los 18.000 euros, el límite máximo para contratos menores (sin concurso público) de servicios. En el periodo 2015-2017, solo se le ha adjudicado una licitación: un contrato de obras menor por 17.992 euros.

Valoriza Agua está siendo investigada después de que la UCO hallara pruebas que muestran cómo a la hora de concurrir por ofertas públicas se turnaba con Hispanagua, filial del Canal de Isabel II y también bajo investigación (concurrencia ficticia). El Instituto Armado también encontró indicios de que Valoriza y el entonces consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig (en libertad con cargos, inhabilitado y empleado actualmente en la Consejería de Economía), se habrían puesto de acuerdo para fraccionar contratos y evitar el concurso público. Uno de esos contratos, por valor de 355.000 euros, fue troceado en 10 contratos menores y adjudicado a dedo a Valoriza.

En muchos casos, resulta difícil justificar que los contratos se adjudiquen sin concurso público, dado que se repiten en el tiempo y son previsibles. Un ejemplo: la empresa Dicome (Discotecas Melilla) se adjudica a dedo más de 160.000 euros en comidas y cenas de gala de eventos que se repiten cada año. Siguiendo un patrón habitual, la empresa pertenecía al exconsejero de Hacienda Guillermo Frías Barrera. Y entre los administradores de Dicome está Juan Carlos García Téllez, secretario financiero del PP melillense.