Llueve sobre mojado en Melilla: votos a cambio de empleo ya en 2008

Lo sucedido en estos días en Melilla no solo no es nuevo, sino que confirma una práctica recurrente, documentada ya desde 2008, y en la que se incluyen prácticas repetidas que han extendido las sospechas sobre irregularidades durante la última década. La más frecuente es el aumento antinatural de solicitudes para ejercer el derecho al voto por correo vinculadas a sospechas de manipulación del resultado. Dos responsables políticos de la ciudad autónoma ya fueron condenados por hechos similares vinculados a las elecciones generales al Senado de aquel año. En aquel caso, según desarrollan las sentencias, los votos se adquirían a cambio de promesas de empleo.

El fraude de 2008 desembocó en una condena a dos años de prisión para el presidente de Coalición por Melilla y para el exsecretario general del PSOE, declarada firme en 2021 y que también incluía multas que rondaban los 10.000 euros. Las inhabilitaciones están a punto de cumplirse. Los hechos probados aseguran que actuaron con la finalidad de garantizarse la obtención de un mayor número de votos y pusieron en marcha un sistema que les garantizaría mayor número de sufragios aprovechando a tal efecto la cobertura que proporcionaba la actividad que los partidos desarrollaban durante la campaña electoral.

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El sistema se servía de "las ventajas que ofrecía la normativa sobre emisión del voto por correo", explica la resolución. En esta modalidad, la única intervención personal del votante tiene lugar cuando se solicita en las oficinas de correo la correspondiente certificación de inscripción en el censo electoral. Una vez hecho eso, el sobre con la documentación electoral que recibe el votante podía ser entregado a una tercera persona, "quien podría elegir la opción política correspondiente para posteriormente entregar el voto en Correos, que lo enviaría a la correspondiente mesa electoral", describe.

Acceso a los sobres

La trama iba más allá de la intervención de las dos personas mencionadas. Hasta 18 acabaron sentadas en el banquillo. Las ramificaciones llegaban también a Correos. Si comprar al votante era importante —dicen las sentencias— también lo era el acceso a los sobres de votación. De nuevo lo sucedido por entonces, hace más de 15 años, se parece mucho a la investigación ahora en marcha, donde se han detectado asaltos a al menos seis carteros que iban a entregar el voto. Si el ciudadano no accedía al soborno, siempre había una opción b.

La red de 2008 tenía contactos en el servicio de Correos. "Podían facilitarles el acceso a dichos sobres aunque era esencial que el votante solicitase votar por correo a la oficina del Censo y que entregase el resguardo de la solicitud a una persona de confianza del partido, pues con dicho resguardo se localizaría el sobre con documentación electoral en el caso de que el destinatario no la recibiese o no la entregase a los acusados".

El cebo en aquella etapa era laboral. A los ciudadanos que accedían se les prometía que serían contratados en los planes de empleo con preferencia a otras personas, "lo que constituía un importante estímulo dado el número de desempleados que hay en Melilla". El PP, que ejercía la acusación particular, intentó que el grupo fuera perseguido por asociación ilícita, pero el TS desestimó su solicitud. Como informó El Confidencial, en el caso del PSOE, los fondos para cubrir la multa salieron del presupuesto anual del partido de 2021 como "préstamo" que se ejecutó sin el conocimiento ni la aprobación de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socialista en Melilla.