El Consejo de Europa insta a España a suspender la relación con Rabat en la frontera por la tragedia de Melilla

El Consejo de Europa insta a España a revisar la cooperación con Marruecos en el control de las fronteras y a que, vista la gravedad de lo ocurrido en el salto masivo de la valla de Melilla del 24 de junio y en ocasiones anteriores, suspenda toda actividad común que conduzca a violaciones de derechos humanos.

En un informe publicado este miércoles sobre la visita que hizo a España en noviembre, y que incluyó en particular una etapa en Melilla, la comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, se muestra particularmente dura en su diagnóstico de los hechos y reclama cambios radicales en la gestión de la inmigración, en especial en esa ciudad autónoma y en Ceuta.

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Mijatovic exige abiertamente al Gobierno que dé instrucciones a las fuerzas del orden para que actúen respetando los estándares internacionales de derechos humanos cuando detengan inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla (ciudades españolas en el norte de África), y eso incluye "una prohibición explícita" y con carácter inmediato de las expulsiones.

Insiste en que España tiene "la obligación absoluta" de garantizar que cualquier persona que haya estado bajo su jurisdicción, una vez que es expulsada, no sea maltratada, torturada ni su vida puesta en peligro. Y eso aunque haya intentado cruzar la frontera saltando la valla o infringiendo los cauces de entrada regular en el territorio español.

Marruecos maltrató inmigrantes

La comisaria, que se refiere de forma repetida a los hechos del 24 de junio en los que murieron al menos 23 migrantes, varios cientos resultaron heridos y algunos se dan por desaparecidos, asegura que hay "informes consistentes" que prueban que Marruecos utilizó contra ellos la violencia, que fueron sometidos a graves maltratos y que "las autoridades españolas lo saben o deberían saberlo". También alude al episodio de la entrada masiva desde Marruecos de más de 8.000 personas en Ceuta del 17 al 19 de mayo de 2021, 6.000 de los cuales fueron inmediatamente expulsados.

La responsable de los derechos humanos del Consejo de Europa muestra su preocupación porque, pese a que ya había escrito al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedirle un examen de la cooperación con Marruecos "para prevenir futuras tragedias", considera que "no se han dado pasos concretos".

Aunque dice entender que España afronta con frecuencia "situaciones complejas" en la gestión de la migración dada la situación geográfica de Ceuta y Melilla, y los flujos en dirección de Europa y estima que es urgente mejorar la solidaridad entre los Estados europeos, para España "es imperativo" que proteja los derechos de los refugiados, migrantes y demandantes de asilo.

Fin de las expulsiones en caliente

Insiste en que "las expulsiones en caliente tienen que cesar" y se tienen que sustituir por "una práctica que haga compatible el control de fronteras y los derechos humanos". Porque, aunque es legítimo cooperar con otros países para garantizar ese control, "eso se tiene que hacer respetando completamente todos los estándares internacionales aplicables sobre los derechos humanos".

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Además, subraya la importancia de que ese control de fronteras se haga con transparencia y rindiendo cuentas, lo que implica hacer una evaluación de las consecuencias de esa cooperación.

Más asilo

Mijatovic considera que, si se mejoraran los canales para presentar demandas de asilo en consulados y embajadas, y muy en particular facilitando el acceso para que los interesados en hacerlo llegaran hasta las oficinas que España tiene en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, eso podría reducir las tentativas de cruce irregular de la valla.

El Gobierno de España hace puntualizaciones, entre otras que las expulsiones en caliente no han sido censuradas por el Constitucional

Entre otras cosas porque, por ejemplo, en su informe, deja constancia, a partir de la conversación que tuvo con el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, de que la mayor parte de las demandas que se registraron en el puesto de Beni Enzar, en Melilla, eran de personas que habían llegado a España de forma irregular.

En su respuesta al informe de la comisaria, el Gobierno de España hace algunas puntualizaciones, entre otras que las expulsiones en caliente no han sido censuradas ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni por el Tribunal Constitucional cuando las han tenido que abordar. También pone de relevancia que tanto el Defensor del Pueblo como la Fiscalía cerraron las investigaciones que habían lanzado sobre el salto de la valla de Melilla del 24 de junio. Y sobre todo, que el Ministerio Público la cerró porque llegó a la conclusión de que no había nada que reprochar a las fuerzas del orden.