La JEC acuerda exigir el DNI para el voto por correo y librar de la mesa por vacaciones pagadas

La Junta Electoral Central ha aprobado este jueves una instrucción para obligar a los electores que voten por correo en las próximas elecciones generales a tener que identificarse con el DNI, o documento análogo, en el momento de depositar el sufragio. La decisión se ha adoptado tras las polémicas de intento de fraude electoral en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, como principalmente fue el caso de Melilla. Precisamente, esta decisión ya se adoptó el 28-M en la ciudad autónoma y ahora se extiende a todo el territorio nacional. Si el elector no pudiera acudir personalmente a entregar la documentación, podrá otorgar una autorización para que la entrega sea realizada por otra persona. Dicha autorización deberá estar firmada por el elector y acompañarse de fotocopia de su DNI o documento análogo, según consta en el texto de la instrucción.

La coincidencia de las elecciones generales en periodo estival, el próximo 23 de julio, también ha llevado al organismo electoral a crear un nuevo eximente para formar parte de las mesas electorales. De este modo, si la jornada electoral coincide con un desplazamiento o estancia de carácter vacacional, que haya sido contratado antes de la fecha de convocatoria de las elecciones, y cuya cancelación ocasione un perjuicio económico o un trastorno grave al solicitante, puede ser considerado como excusa por las juntas electorales de zona. Esto es, para las personas que hayan contratado sus vacaciones antes del 29 de mayo y, además de la reserva, tengan pagado, parcial o totalmente, algún tipo de alojamiento, billete, etc. Eso sí, este eximente estará condicionado a que "se asegure la integración plena de las mesas y que se acredite documentalmente la debida antelación del contrato, así como el perjuicio económico o trastorno graves alegados".

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E. Z.

El ministro de Turismo, Héctor Gómez, ya avanzó la pasada semana, durante una jornada organizada por la Mesa del Turismo, la necesidad de incluir como eximente para no tener que formar parte de una mesa electoral el tener un viaje contratado de antemano para la fecha de las elecciones. Gómez también descartó que la convocatoria de las generales coincidiendo con temporada de vacaciones vaya a afectar al sector turístico, avanzando una previsiones al alza para el segundo cuatrimestre del año.

Los escándalos por los supuestos casos de fraude en el voto por correo el 28-M ya llevaron al Ejecutivo a plantear cambios en la ley electoral en línea con la instrucción adoptada hoy por la JEC. Una labor que anticipaban que en cualquier caso tendría que corresponder a los grupos parlamentarios en el Congreso, pero el adelanto electoral y la disolución de las Cortes Generales impidió que ni siquiera se llegara a sondear a los partidos.

Ya antes de la cita con las urnas de las municipales y autonómicas, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno reconocía que la ley "es susceptible de mejora" y que, por tanto, "siempre se pueden observar elementos de mejora", en referencia a los requisitos para el voto por correo. Con todo, se insistía en el mensaje, tras destaparse el supuesto fraude en Melilla y en contexto electoral, de que "lo prudente es poner en valor que el proceso es garantista". Asimismo se ponía en valor a las juntas electorales, con cuya actuación "han puesto de manifiesto que los mecanismos funcionan y se ha evitado el fraude".

Otras formaciones, como Ciudadanos, se adelantaron ya antes de las elecciones del 28-M registrando una proposición de ley para modificar la ley electoral en lo referente al voto por correo. Consistiría en modificar solamente el apartado 3 del artículo 73 para que la remisión en Correos del voto se deba realizar personalmente. "El funcionario de Correos encargado de admitirla exigirá al interesado la exhibición de su documento nacional de identidad o, en su caso, la acreditación de la representación a la que se refiere". Vox propuso también endurecer las sanciones mediante una modificación del Código Penal, para que se incluya la realización de conductas dirigidas a influir o alterar el desarrollo de los procesos de voto, "con mayor gravedad cuando se lleven a cabo en colaboración con gobiernos extranjeros".