Los pueblos de Aragón que no quieren renovables, una batalla de David contra Goliat

"Nosotros ya sufrimos dos pantanos, el de Grado y el de Mediano, y sabemos muy bien qué es dejar tu casa y tu pueblo a cambio de nada porque, una vez construidos, no hay ni empleo ni riqueza". Quien habla es Jesús Solano, alcalde de La Fueva (Huesca), donde las firmas Solarwind Power Spain, Clere Ibérica 2 y Ride With proyectaron tres parques fotovoltaicos sobre 186 hectáreas, el 20% de la superficie cultivable. "Cuando han venido con las virtudes de las renovables, sabemos cuál es el precio: acabar con nuestro modo de vida a favor de nuestros vecinos y volver a emigrar. Pero esta vez no nos vamos a rendir", sentencia.

Según su experiencia, estas instalaciones "ponen en riesgo agricultura, ganadería y turismo", que es de lo que se vive en las comarcas del Pirineo. En el caso de su localidad, están a las puertas del Parque Nacional de Ordesa, así que decidieron crear una plataforma que a día de hoy es "muy activa". De momento, creen que el peligro se ha ralentizado". Precisamente, estos parques ya habrían perdido los derechos de conexión.

Y eso que la legislación no está de parte de los pueblos que las rechazan, ya que cuentan con el privilegio de ser proyectos "de interés económico general y de utilidad pública" en aras de la descarbonización. El mismo Gobierno de Aragón ha comunicado a los ayuntamientos que han aprobado moratorias u otras fórmulas administrativas dilatorias que los municipios no tienen competencias para detener proyectos de energías renovables autorizados por la administración autonómica.

La Fueva, entre pantanos

Solano, que es alcalde de La Fueva como consecuencia del movimiento desplegado lamenta cómo, en su caso, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón tumbó hace un año la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que había aprobado el Ayuntamiento para limitar las características de los parques que iban a permitir: de un máximo de seis hectáreas y distantes un kilómetro entre ellos, condiciones que recurrieron con éxito las empresas.

Ante estos proyectos, el INAGA rechazó los informes de impacto ambiental de dos de los parques, indicando que esos informes deben ser de carácter ordinario y no simplificado. También el tercero, de ámbito estatal, no ha concluido el proceso. Estos tres parques, como muchos de los desarrollados en Aragón, buscan emplazamientos cercanos a las antiguas centrales para usar sus líneas de evacuación de energía. Aquí usarían los 200 megavatios que tiene disponibles la línea del pantano de Mediano, situado a pocos kilómetros de La Fueva.

Pero, según algunas fuentes, esos parques, de momento, habría decaído. "Los retrasos en la tramitación no han permitido obtener las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y han caducado los permisos de acceso y conexión", explica un profesional cercano a las empresas, que de hecho estarían deshaciendo los contratos con los propietarios de las tierras y estudiando qué hacer con los avales depositados para usar la red de Mediano.

Según el mismo asesor, esa renuncia podría dar lugar a reclamaciones de responsabilidad patrimonial a las administraciones que han provocado el retraso. "En cualquier caso, ya ha salido a concurso el acceso al nudo de La Fueva, por lo que probablemente otras empresas obtendrán permisos de acceso y conexión para instalarse en la zona".

Rafael Zorraquino, prestigioso abogado urbanista zaragozano que asesoró al Ayuntamiento de La Fueva, lamenta las dificultades de los municipios para defender su autonomía cuando, como dice el clásico aforismo jurídico, quien usa su derecho no daña a nadie. Más aún que conlleve riesgo y que, quienes bloqueen los parques, puedan incurrir en responsabilidad patrimonial millonaria.

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"La energía —explica Zorraquino— está muy intervenida y las renovables pasan hoy por hoy por encima de cualquier derecho de municipios y propietarios. Pero la modificación del plan de La Fueva fue muy concreta y no prohibía, sino que ponía condiciones en superficie, en distancias y de uso del suelo, que de agrícola pasa a ser industrial.

Desde luego, los munícipes tienen derecho a recogerlo en su PGOU y a pelearlo. Si un ayuntamiento puede planificar por dónde van las instalaciones eléctricas en las distintas clases de suelo obligando a que sean aéreas o subterráneas, también podrá determinar en su planeamiento urbanístico dónde se ubican las placas solares o los aerogeneradores en el suelo no urbanizable".

La lucha del Matarraña

Es la misma actitud que se respira en Teruel, donde junto a las denuncias en los tribunales que han puesto Teruel Existe y Paisajes de Teruel contra los parques del Matarraña, del Maestrazgo y, esta misma semana, de la Sierra de Albarracín, varios ayuntamientos están usando sus mecanismos para frenarlos. Los ayuntamientos de Valjunquera, Ráfales, Fórnoles, La Fresneda, Valdeltormo, La Portellada y Valdealgorfa aprobaron en pleno cambios en su ordenamiento urbanístico para negar el despliegue de centrales eólicas y solares y líneas de transporte.

En el caso de La Fresneda su nuevo PGOU prohíbe abiertamente los parques y las líneas de evacuación. Y Valdeltormo y Valjunquera ya han presentado recurso de alzada contra la Declaración de Impacto Ambiental positiva otorgada por el Miteco a los proyectos de Capital Energy, con un total de 84 aerogeneradores, y Forestalia, con unos 60, que planean sobre sus términos municipales. Si no obtienen respuesta, su propósito es acudir al Tribunal Contencioso Administrativo en defensa de su ordenación urbanística.

La autorización para los parques que afectan a estos municipios va asociada al permiso para la línea de alta tensión de evacuación (MAT). Se trata de la línea que llega hasta el Garraf, en Cataluña, donde hay una gran presión por este tema. La Generalitat la ha denegado dos veces. Forestalia ha hecho una tercera modificación que, si no sale adelante, haría decaer el proyecto. El Govern, que además de en sequía también ha suspendido en renovables, querría que esta vez se pronunciase el Ministerio para evitar el conflicto con los municipios catalanes por donde pasa la MAT, que la rechazan de plano.

En Huesca, otros dos ayuntamientos, Jaca y Sabiñánigo, modificaron también sus planes generales para frenar la llegada de renovables; en ese caso, fue la Comisión Provincial de Urbanismo de Huesca la que suspendió las modificaciones por deficiencias en la tramitación. Y a Fraga, cuando aprobó una moratoria, la DGA le comunicó que no tenía competencias.

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Javier Ciprés, diputado provincial por Teruel Existe y vecino de Ráfales, en el Matarraña, denuncia las facilidades dadas en Aragón cuando las comunidades vecinas están siendo mucho más restrictivas. "Estos parques van asociados a líneas de alta tensión para llevar la energía a Comunidad Valenciana, Cataluña, La Rioja y País Vasco, y en todas ellas están denegando los permisos", dice. "Desde luego, en la Comisión de Investigación debe hablarse de todo, y no solo de la gestión del Inaga. Mientras nuestros vecinos ponen límites, aquí todo se autoriza".

Desde los grupos mayoritarios presentes en la Comisión, el PP incide en "la importancia de conocer qué ha pasado para que el sector siga creciendo con garantías", desde la posición de destacar que es estratégico para la región y debe avanzar con transparencia y ordenación". El PSOE afronta la Comisión reiterando que todo se ha hecho correctamente y que, gracias a su gestión, Aragón es un comunidad líder en generación de energía limpia, que es la puerta a la instalación de empresas que, sin ese recurso, cercano y accesible, elegirían otros emplazamientos.

El tercer grupo en diputados, Vox, quiere que la Comisión sirva para algo más. "Estamos a la mitad del despliegue", explica Juan Vidal: "Y seguimos igual". Habrá que decir dónde sí y dónde no, para dar seguridad jurídica a todas las instancias implicadas. Que se defina el mapa de los espacios protegidos, más el del paisaje y las zonas de transición. En Aragón se ha favorecido sobremanera el despliegue y se ha entregado mucho con muy poco retorno para los aragoneses".

Desde CHA, que en su etapa en el Gobierno no advirtieron problema alguno, defienden que la Comisión no es excusa para tomar las decisiones necesarias para la planificación y la ordenación, "que tengan en cuenta los impactos ambientales, paisajísticos, sociales y territoriales para que no se produzca una instalación masiva y sobredimensionada".

Las Cortes investigan… ma non troppo

Este viernes arrancaba la Comisión de Investigación sobre la Implantación de las Energías Renovables en Aragón y sobre cómo ha actuado el INAGA en este proceso, con la intervención de diez de las empresas que han desarrollado proyectos de energías renovables en Aragón: Grupo Jorge, Atalaya, ENEL, CEAR, EDP, SAMCA, Forestalia, EFELEC, OPDE y Enerland. La Comisión se ha puesto en marcha a iniciativa de PP y Vox, con el voto a favor de Teruel Existe, CHA, PAR, IU y Podemos y la abstención del PSOE.

El reto es aclarar si ha habido irregularidades, si ha habido empresas beneficiadas y si ha habido presiones del Gobierno autonómico para sacarlas adelante. El arranque de la Comisión no pudo ser más frustrante, al celebrarse a puerta cerrada. Los minoritarios denuncian que así lo han acordado los dos partidos mayoritarios, de forma que a los representantes de las empresas solo se les pudo escuchar en su intervención inicial y no en las preguntas. En realidad, una presentación de quiénes eran más escueta que sus LinkedIn. Ante las quejas de los medios de comunicación por esta opacidad, está por ver si se mantendrá en las 36 comparecencias previstas para las próximas sesiones.

"Todo se ha diseñado para que se investigue, pero no demasiado", explica uno de los partícipes de la Comisión con experiencia. "El PSOE ha sido el artífice del gran despliegue de renovables en la Comunidad y el PP, aunque usó en campaña electoral el desorden y las facilidades dadas a las empresas, una vez en el Gobierno, su actitud es la misma que la de Javier Lambán. Esto es, reivindicar las ventajas que tiene para Aragón disponer de energía renovable para atraer empresas. Dicho esto, cuando una Comisión se abre, siempre se saben cosas que, de otra manera, habrían permanecido ocultas".

De momento, en la primera sesión, todas las empresas reivindicaron haber hecho las cosas correctamente y aprovecharon para quejarse de lentitud en las tramitaciones. Solo el representante de CEAR reconoció que el sector necesita un decálogo de buenas prácticas mientras que el de Forestalia, la gran promotora de renovables de Aragón, aseguraba que su empresa ha tenido el mismo trato y resultado que las demás. Ahora, la Comisión tendrá que decidir si cita también a las Plataformas ciudadanas, como han pedido algunos grupos.

Trece comisiones en 40 años

La Comisión de investigación de las renovables es la número 32 de estas características propuestas en las Cortes de Aragón en los cuarenta años de historia del parlamento autonómico, aunque solo se celebraron trece. Del resto, ocho fueron rechazadas, cinco se retiraron y seis caducaron al finalizar las correspondientes legislaturas. Así, en las Cortes se han revisado por este medio gestiones tan controvertidas como las obras de la Plataforma Logística o la crisis de la CAI.

Entre las celebradas con mayores consecuencias destaca la referida al caso Euroresiduos, también en el ámbito de la Consejería de Medio Ambiente. Allí se examinaba cómo, tras permitir la importación de residuos tóxicos de otras comunidades, el vertedero donde se depositaban, en Torrecilla de Valmadrid, se revalorizó y la propiedad lo vendió a FCC, con unas plusvalías de 16 millones de euros.

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El caso provocó la dimisión del consejero del momento, Víctor Longás, que fue relevado por Alfredo Boné, hasta ese momento, 2002, director general. Boné dejó la política en 2015 y pasó a colaborar con Forestalia en los años que ganó los concursos de las renovables e impulsó su implantación. Junto a él trabajó Luis Marruedo, que había sido director general de Desarrollo Rural en el departamento de Agricultura hasta 2015 y, con anterioridad, viceconsejero de Medio Ambiente. Es el mismo Luis Marruedo que el viernes intervino en la comisión en representación de Forestalia. Todos ellos ocuparon sus puestos por el PAR, unas veces con presidencia del PSOE y otras, del PP.

La ministra Ribera promete ordenar

Llegados a este punto, las quejas por cómo se desarrollan las renovables en España no son exclusivas de Aragón. Tanto que, hasta la abanderada de la transición ecológica, la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera, ha dicho este mismo que quizá toca ordenar. El 24 de enero, en su primera comparecencia parlamentaria de la legislatura, anunciaba que el Gobierno abrirá una consulta con los principales actores del sector eléctrico para garantizar que el despliegue de las energías renovables en el territorio es "ordenado" y "justo" y "revierta en el bienestar de los territorios en los que se instalan".

Estas intenciones las manifestaba en vísperas de las elecciones gallegas, comunidad donde las críticas surgen desde la izquierda. Casi en paralelo, Greenpeace, que hasta ahora había guardado un mutismo absoluto, ha lanzado una de sus peticiones, "por un despliegue de energías renovables urgente, justo con las personas y respetuoso con el medio ambiente".