Azcón quiere poner luz a las sombras de las renovables en Aragón: la diana está en Forestalia

La expansión de las renovables en Aragón, la región donde más ha crecido el sector en toda España, está en tela de juicio por varias denuncias sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de los parques. Las cifras hablan por sí solas: el territorio lidera la instalación de estas infraestructuras con un 13% de la generación de energía del país, con el 44% exportado. Ahora, además, todos los focos apuntan a los procedimientos iniciados durante el Gobierno del socialista Javier Lambán tras la apertura de una comisión de investigación parlamentaria, impulsada por el nuevo Ejecutivo de PP y Vox, que quiere poner luz sobre este crecimiento vertiginoso.

Las denuncias, trasladadas por funcionarios, fueron recogidas por el PP aragonés, que lidera el ahora presidente autonómico, Jorge Azcón. La auditoría a la adjudicación de las renovables fue una promesa de los populares desde el primer momento: si llegaban al Gobierno, abrirían una comisión de investigación. El propio Azcón no dudó durante la campaña electoral en elevar la presión sobre la expansión de las renovables por “las múltiples irregularidades” señaladas sobre los procedimientos de megaparques a Forestalia. Tras el acuerdo con Vox, esta iniciativa quedó recogida en el programa de ambas formaciones.

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La comisión de investigación anunciada en las Cortes busca aclarar estas supuestas irregularidades, presuntamente acometidas durante los gobiernos de Javier Lambán, entre 2015 y 2023. En el centro de las críticas de los denunciantes está Forestalia, la compañía aragonesa de Fernando Samper, que participó activamente en el boom energético en Aragón. Esta comisión deberá sacar conclusiones en un plazo máximo de seis meses y, si se confirman las anomalías en los procedimientos, se enviará un informe jurídico a la Fiscalía por parte del Ejecutivo regional.

El meollo de toda la polémica está en la división de los proyectos eólicos y solares en parcelas más pequeñas, para así saltarse presumiblemente el control del Gobierno central y no tener que ser tutelados y aprobados por el Ministerio de Transición Ecológica. De esta manera, todo se decidía en el seno del Ejecutivo de Lambán y, en último término, por el director general del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), el histórico socialista Jesús Lobera.

Sombras y dudas

El nuevo Ejecutivo del PP y Vox quiere esclarecer la conexión entre dos consultoras, Satel y Calidad y Estudios, que trabajaban estrechamente con Forestalia y a su vez con la Administración autonómica. Estas empresas pueden concurrir en un supuesto conflicto de interés al haber estado subcontratadas por la compañía de Samper al mismo tiempo que trabajaban para el Gobierno de Aragón.

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Estas consultoras se encargaban de las evaluaciones ambientales de energía renovable por parte del Ejecutivo y, a la vez, elaboraban los estudios para Forestalia para lograr esas aprobaciones de la Administración. Desde el equipo del socialista Javier Lambán, arguyeron desde el inicio de la polémica que la contratación de estas empresas se hizo por el volumen extraordinario de solicitudes de expedientes de tramitación de proyectos.

Los portavoces parlamentarios del PP y Vox, Fernando Ledesma y Santiago Morón, defienden la necesidad de esta comisión de investigación para “defender el sector de las renovables”, ya que debe hacerse con “ordenación y transparencia”. El Ejecutivo aragonés ha puesto en cuarentena todas las actuaciones del Gobierno de Lambán, al citar que algunos parques de renovables bajo sospecha "se han llevado por delante suelos agrarios y han provocado verdaderos desastres ecológicos" en terrenos de la Red Natura 2000 y “en regadíos en los que se ha invertido mucho dinero público”.

Fuentes del PSOE, por su parte, califican de “burdo espectáculo” la comisión de investigación e instan al Gobierno de Azcón a que acuda a la Fiscalía si tiene alguna constancia real de que haya algún tipo de irregularidad. Una de las voces más críticas desde hace años por las presuntas irregularidades en la expansión de las renovables en el territorio ha sido Teruel Existe. La formación, de hecho, ya ha enviado material e informes en varias ocasiones al Ministerio Público.