El despliegue de las renovables resucita el regionalismo energético

Xosé Manuel Beiras ha sido el economista más joven y el más viejo de los políticos del noroeste. Cuando el general agonizaba en la capital y las teorías del colonialismo interno hacían fortuna en una periferia que unía a los gritos de libertad la reivindicación de la autonomía, el ex portavoz nacional del BNG publicó O atraso económico de Galicia. El libro se agotó, sorteó la censura franquista y se convirtió en referencia para una generación de políticos. Su tesis: el territorio constituía un protectorado de Madrid, que explotaba los recursos a cambio de nada. Era la época de las centrales hidroeléctricas que anegaban pueblos enteros y los movimientos vecinales como el de la parroquia de As Encrobas (A Coruña), donde las señoras opusieron sus paraguas a los tricornios para tratar de impedir que las Fuerzas Eléctricas del Noroeste convirtiesen el terreno donde se erguían sus casas en una mina para abastecer la central térmica de Meirama.

—A terra é nosa, e non de Fenosa.

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Medio siglo, cien millones de toneladas de lignito y unas cuantas ediciones después, el diputado nacionalista Néstor Rego escandaliza al Congreso con una frase quijotesca: "Si Madrid quiere energía, que coloque molinos en la Castellana". El portavoz del Bloque en la Cámara Baja aclara a El Confidencial que se debe interpretar la frase en toda su literalidad. Según el último informe anual de Red Eléctrica, la comunidad dirigida por Isabel Díaz Ayuso no produjo ni un solo gigavatio hora (GWh) de eólica en todo 2021, frente a los 9.559 de Galicia. Y tampoco tiene previsto instalar ningún parque, mientras consume una cantidad de energía similar a la producción anual de los más de 1.300 que se distribuyen por toda España. Los datos dejan la caricatura en bandeja de plata: no hay molinos, pero sí gigantes.

El debate sobre el despliegue de las renovables ha resucitado el regionalismo energético en un país que cada vez más políticos y ciudadanos ven dividido entre productores y consumidores. El clivaje maniqueo entre expoliadores y expoliados ha traspasado las fronteras tradicionales del nacionalismo hasta convertirse en el lugar común para una minoría de la población que ocupa la mayor parte del territorio. Hoy, el discurso de Rego obtiene otras réplicas en el Congreso, a través de formaciones como Teruel Existe, pero sobre todo en cientos de pequeños pueblos que ven en las grandes instalaciones, especialmente de aerogeneradores, una enmienda a su modo de vida. Su oposición es ya la principal amenaza para consolidar el ineludible cambio del modelo energético de España, según la media docena de expertos consultados por este periódico.

Según el Banco de España, las renovables crean muy poco empleo autóctono. La eólica, nada

Al principio fue la rentabilidad, después la seguridad jurídica y ahora, la gente. Mientras la península goza de un potencial difícilmente igualable para erigirse en un referente internacional para las energías limpias —el apetito inversor tampoco defrauda—, numerosos proyectos están en riesgo por los movimientos que cuestionan su impacto social, económico y medioambiental. Cristina Monge, que lleva años estudiando el fenómeno en Aragón, considera que la indignación bebe de dos imaginarios diferentes. El primero es el de la conciencia ecológica, que, según la politóloga de la Universidad de Zaragoza, está más disperso y resulta más fácil de abordar, siempre que se cumplan unos estándares medioambientales exigentes. El segundo, en cambio, hunde sus raíces en el apego al territorio, una resistencia que solo se podrá vencer si las comunidades locales perciben que las instalaciones aportan beneficios tangibles sin cuestionar su realidad cotidiana.

Ahí está el centro de la controversia. Según un detalladísimo estudio del Banco de España sobre los proyectos promovidos en 3.200 municipios entre 2006 y 2018, las energías renovables crean muy poco empleo autóctono. Los aerogeneradores, de hecho, nada. A diferencia de lo que ocurría con las antiguas centrales térmicas, que requerían de trabajadores sobre el terreno, los parques renovables se controlan en remoto, por lo que la demanda de mano de obra local se concentra en la fase de construcción. Y a veces ni eso, ya que los equipos especializados se mueven de un lado a otro sin generar un impacto positivo en el mercado laboral. Natalia Fabra, una de las autoras del estudio y asesora energética de cabecera para el Gobierno, habla claro: "Las eólicas no dejan empleo en los municipios. Es muy importante tenerlo en cuenta, pues, aunque los costes no sean elevados, si los beneficios tampoco lo son es normal que se opongan".

Tanto Monge como Fabra son poco sospechosas de estar en contra de la transición energética. Al contrario: remarcan la necesidad de que el despliegue cristalice a la mayor velocidad posible, como ha instado la Unión Europea en sus paquetes legislativos para caminar hacia la autonomía energética tras la invasión de Ucrania y el propio Gobierno promueve como uno de los alumnos aventajados de Bruselas. Pero, precisamente por eso, advierten: para no perder el tren, hay que trazar el camino correcto, que debe tener en cuenta a todos los actores implicados. Es un riesgo cierto, pero que hasta ahora nadie se había tomado lo suficientemente en serio. Pedro Fresco, ex director general de Transición Energética de la Comunidad Valenciana, recuerda que el desafío que ahora afronta España ya ha causado un grave perjuicio en otros países: "El principal problema no está en la rentabilidad económica, sino en el rechazo social, que es lo suficientemente peligroso como para tener que tomar medidas. Los grupos antiwind fueron los principales causantes de que la transición eólica en Alemania se paralizase hasta 2019".

La advertencia alemana

La locomotora europea vivió a finales de la década pasada varios años de descenso en la capacidad instalada de los aerogeneradores, debido a una tormenta perfecta de cambios regulatorios y una intrincada burocracia regional marcada por la oposición ciudadana. La percepción de que los molinos están invadiendo el territorio ha convertido a una de las naciones más ecologistas de Europa en un país con normas muy exigentes para la instalación de parques. Como resultado, Berlín todavía está a medio camino de su objetivo para 2030 —los 115 gigavatios (GW)— y deberá triplicar el ritmo de 2022 para cumplirlo, según la Federación Alemana de Energía Eólica.

Aunque los datos están condicionados por la pandemia, en España se advierte una tendencia preocupante. Mientras la solar fotovoltaica registra un crecimiento exponencial gracias a la menor oposición en territorios como Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha, la eólica progresa muy lentamente "por la influencia de estos grupos en muchas regulaciones locales", según denuncia Fresco, y ya está por debajo de la meta (50 GW) establecida en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Juan Virgilio Márquez, director general de la patronal AEE, recuerda que para llegar a tiempo es necesario instalar alrededor de 2,5 GW al año, un 50% más que en 2022 y casi el triple que en 2021: "Vamos atrasados, y no es gratuito que una energía se atrase y otra se acelere, ya que genera desequilibrios en el mix".

Como en Alemania, los cuellos de botella burocráticos y la oposición ciudadana se retroalimentan, con las decisiones políticas en el centro del escenario. Es un proceso habitual. Al principio, el despliegue no resulta tan visible, y las instalaciones se sitúan en lugares lejanos y sin afectación medioambiental, donde los permisos son ágiles y la oposición, nula. Sin embargo, España está empezando a llegar al umbral que el país centroeuropeo, con el doble de capacidad instalada pero mucho menos terreno disponible debido a su mayor densidad de población, cruzó hace ya algunos años.

Ahora los parques se instalarán en zonas cada vez más subóptimas, y el Gobierno tiene claro que la escasez de población en determinados puntos será un factor determinante, como recogió una orden del Ministerio de Transición Ecológica que escoció en muchos territorios. "Es una total falta de respeto a quienes vivimos en zonas realmente despobladas", denuncia Inmaculada Sáez, alcaldesa de Nieva de Cameros y Montemediano (La Rioja) y coordinadora general de la España Vaciada. Lo cierto, puntualiza el ex alto cargo de la Generalitat Valenciana, es que ha llegado la hora de elegir: "Podemos hacer modelos con plantas de 500 megavatios o con plantas de 50, pero entonces tenemos que hacer 10 veces más plantas, porque los megavatios no van a salir del aire. Es un debate razonable, pero tenemos que entender que la ocupación de superficie va a ser similar en ambos modelos".

El segundo favorece los proyectos locales, más pensados para abastecer al territorio, frente a los macroparques de las grandes multinacionales, que están en el punto de mira de los partidos regionales y las asociaciones ecologistas. El problema, advierte Fresco, es que para que esto sea posible hace falta agilizar la burocracia. Lo que no es una opción, coinciden todas las fuentes consultadas, es paralizar el proceso. Y menos aún cuando España continúa retrasada en los objetivos del PNIEC: de aquí al final de la década, el peso de la energía renovable en el consumo final debe duplicarse, pero la reapertura de la economía tras el confinamiento provocó un preocupante retroceso en 2021.

El lastre burocrático

Pese al discurso triunfalista, nuestro país camina a paso lento. El Gobierno salvó in extremis 152 grandes proyectos renovables el 25 de enero, al otorgarles la declaración de impacto ambiental en el límite para que expirase el plazo. Tres de cada cuatro expedientes resultaron favorables, pero los agobios demuestran la falta de capacidad de la Administración para gestionar el proceso de manera ágil, a la que se unen los clásicos líos competenciales: las autorizaciones para los parques de más de 50 megavatios corresponden a Madrid, mientras que el resto interpela a las autoridades regionales. El Ejecutivo acaba de crear​ una ventanilla única para dar respuesta al "crecimiento exponencial" de las solicitudes, que, según recoge el Boletín Oficial del Estado, "ha desbordado a todos los organismos que participan en alguna fase de la tramitación de los proyectos". En estos momentos, hay el triple de megavatios a la espera burocrática que conectados a la red.

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El director general de AEE llama a la prudencia, y pide a todos los actores implicados responsabilidad para que las inversiones y la demanda vayan acompasadas. Pero el mercado está caldeado y el despliegue masivo que piden muchos expertos, y al que empuja Europa, se topa con un rosario de dificultades. La principal es la medioambiental. A diferencia de lo que ocurre con los espacios marinos, que se acaban de delimitar por usos de cara al futuro desarrollo de parques eólicos, el Ministerio de Transición Ecológica no tiene competencias sobre las zonas terrestres, y se limita a establecer un mapa de recomendaciones basado en el registro de Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000 que establecen las comunidades autónomas.

Fernando Prieto, doctor en Ecología y CEO del Observatorio de la Sostenibilidad, advierte sobre lo que considera manga ancha de las autoridades: "No se ha excluido a las zonas más valiosas. Hay muchos molinos dentro de la Red Natura". Expertos como Fresco piden que el mapa del Ministerio tenga un carácter obligatorio, pero Márquez recuerda que, aunque no lo sea, los peritos acaban siguiendo unos criterios muy estrictos que impiden establecer parques en zonas sensibles. Actualmente, el 27% del territorio nacional se encuentra protegido, con comunidades como Galicia muy por debajo de la media por la mayor laxitud de la Administración autonómica.

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Sin embargo, el medioambiente no es el casus belli que ha resucitado el regionalismo energético. El lema "renovables sí, pero no así", que hizo fortuna en la última gala de los Goya, tiene más que ver con una teoría que conocen bien en Estados Unidos, como recordaba estos días en una entrevista el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Pablo Dueñas, investigador del Massachusetts Institute of Technology (MIT), la traduce al español: "No en mi patio trasero". Se trata de una razonamiento por el cual la mayoría de la población apoya una determinada política pública que es buena para el interés general, pero rechaza que se despliegue al lado de casa por los efectos negativos para su interés particular. El discurso de Rego encaja en esa máxima: "Si vamos a instalar en todas partes, también llegaremos a muchos terrenos que son explotados por agricultores o por la ganadería extensiva. No se pueden poner en riesgo los puestos de trabajo".

Todos los expertos consultados apelan a la responsabilidad social corporativa de las empresas para corregir estas y otras externalidades negativas que puedan provocar las plantas. Las fórmulas resultan infinitas: desde construir un polideportivo o un centro de salud que dé servicio a la comarca hasta mejorar los accesos a los pueblos. No es algo nuevo —ya se hizo en el pasado con las centrales de energías sucias—, pero tampoco es suficiente. A diferencia de lo que ocurrió durante el desarrollismo franquista, el apoyo popular solo se conseguirá si se incluye a la ciudadanía en el proceso, en lugar de ejercer estrategias de presión para que los vecinos se plieguen a estos proyectos. Películas como Alcarràs o As bestas han puesto sobre la mesa esta realidad, que la industria niega y algunos políticos usan para ganar votos.

Las fórmulas mágicas

—A tomar por culo el faro del Bajo Aragón.

—Se acabó la historia de Teruel, ahora sí que no existe.

El 16 de febrero, una de las torres de la central térmica de Andorra fue demolida con 265 kilogramos de dinamita. En medio del enorme estruendo, se escucharon los aplausos de algunos espontáneos, que recibieron insultos de los vecinos por su comportamiento. El vídeo ilustra las cicatrices abiertas en estas comarcas por un cambio de modelo del que muchos no aprecian ningún beneficio. Según los sindicatos, la instalación generaba unos 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos, casi el 10% del empleo de la provincia. Teruel Existe lleva años poniendo el caso como ejemplo del empobrecimiento que generan las renovables: Aragón es el cuarto productor de energías limpias de España y el segundo de eólica, pero eso no le ha servido para fijar población ni consolidar una industria competitiva. Toño Sanz, miembro de la plataforma ciudadana, propone una alternativa: "La mejor opción es la de las comunidades energéticas, pero no se está aprovechando".

Para que España pudiese hacer la transición energética con autoconsumo, habría que instalar 10 placas solares por cada ciudadano

Tras años de bloqueo, el Gobierno ha ido dando pasos para favorecer el desempeño de estas organizaciones ciudadanas, que sirven para coordinar y gestionar entre particulares el suministro eléctrico a menor escala. El Plan + Seguridad Energética, por ejemplo, contempla ayudas de hasta 500 millones de euros procedentes de fondos europeos para fomentar el autoconsumo. Pese a todo, Prieto considera que el apoyo público sigue siendo insuficiente: "No se entiende que los partidos más progresistas no apuesten por esto, que permitiría luchar contra la pobreza energética. Aquí se han puesto 2,5 GW en tejados solares y en Vietnam 9". La referencia para estos grupos es Alemania, donde el 47% de las renovables son propiedad de individuos o cooperativas, según los datos del consultor energético Arne Jungjohann.

Sin embargo, las soluciones alternativas no resolverán, por sí solas, el problema, según matizan todos los expertos consultados. No lo hacen en las naciones que están a la vanguardia, donde suponen un complemento a los parques convencionales, y menos aún lo harán en España, donde su presencia es testimonial y la gran concentración de la población en bloques de viviendas reduce el espacio para instalar dispositivos con los que autoabastecerse. Dueñas ha replicado en nuestro país el modelo que utiliza en Estados Unidos, para concluir que solamente entre el 15% y el 20% del suministro se podría lograr a través de esta vía. Fresco eleva la apuesta: para que estos modelos pudieran hacer la transición energética que necesita España, sería necesario instalar 10 paneles solares por cada ciudadano y un aerogenerador por cada 1.000. La Castellana iba a parecer una película futurista.

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El debate solo se resolverá con ciertas dosis de pragmatismo y una visión de país. Monge y Dueñas recuerdan que llevar la red al medio rural resulta mucho más caro que a la ciudades, y no por ello se encarecen los cargos y peajes de la factura en esas zonas. A cambio, parece lógico que se produzca más energía en las latitudes menos pobladas, y que las tarifas sigan siendo las mismas para las regiones importadoras y exportadoras. "Hay que asegurar que los costes y beneficios se reparten equitativamente", resume Fabra. Además de la buena voluntad de las empresas, los poderes públicos tienen mucho que decir, a través de impuestos que reviertan en las comunidades afectadas, cupos en las subastas para que las generadoras vendan más barato a distribuidoras locales o incluso una regulación de la capacidad para que la corriente de los parques se evacúe con criterios geográficos. Es decir, que la energía de una minicentral en León no acabe en Barcelona.

La analista energética reconoce que España ha ido dando pasos en este sentido, pero advierte: "Se puede hacer más, no es suficiente hasta que cese la oposición, que es el mayor cuello de botella ahora mismo". De momento, el desequilibrio resulta tan notorio que aplacar el descontento se antoja imposible, sobre todo en territorios que acumulan una larga lista de agravios históricos. No hay más que mirar los datos: las áreas más pobladas y dinámicas, como Madrid, el País Vasco y el corredor mediterráneo, presentan déficits energéticos notables, mientras que el interior y el noroeste, despoblados y envejecidos, exportan la mayor parte de su producción. "Aquí prácticamente no hay viento", se excusan en la Comunidad de Madrid cuando se les pregunta por las cifras. El portavoz del BNG en el Congreso cree que a algunos les sopla permanentemente en contra: "Es injusto que siempre seamos los mismos los que perdemos con esto".

La mina de As Encrobas es hoy uno de los lagos artificiales más grandes de Europa, y Naturgy —la heredera de Fenosa— acaba de obtener el permiso para instalar su segundo parque en la zona. Como en los setenta, la presión vecinal no ha servido para evitarlo. Ajeno al día a día parlamentario, Xosé Manuel Beiras aguarda en la casa familiar de Brión (A Coruña) su 87 cumpleaños. El líder nacionalista se mantiene lúcido a través de la lectura, cuando se le ocurre toca su Petrof de media cola y muy de vez en cuando suelta alguna admonición: "Estamos peor que hace 40 años".