El 'agujero negro' de las renovables en Aragón: denuncias, ceses y guerra política antes del 28-M

La polémica en torno a las renovables en Aragón se ha convertido en una espiral con sospechas de irregularidades, denuncias y ceses. Funcionarios del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ratifican que las mismas consultoras que han trabajado o trabajan para la principal promotora de renovables en la región, Forestalia, elaboran informes en las tramitaciones del organismo que otorga las declaraciones de impacto ambiental. Estas empresas fueron contratadas por el Ejecutivo autonómico para resolver el aluvión de peticiones de declaraciones de impacto ambiental que debía responder el Inaga antes del 25 de enero de 2023, fecha en la que expiraban los derechos de conexión a la red de las peticionarias. El terremoto no cesa y ha mutado en una guerra política antes de las elecciones de este domingo.

Los trabajadores relatan las presuntas irregularidades en el proceso. "La gestión del área de renovables están en manos del secretario del Inaga, que, sin ser técnico experto, es quien llama a las consultoras y eleva las propuestas de resolución", denuncian las fuentes consultadas, que lo hacen siempre desde el anonimato, ya que en buena parte son interinos que temen sufrir las consecuencias de hablar públicamente.

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Según las condiciones de los contratos de asesoría, las consultoras no debían informar sobre "aquellos expedientes en los que hayan tenido participación directa o indirecta durante la fase de proyecto o tramitación de la actividad solicitada, o bien cuando exista cualquier tipo de relación con el grupo promotor del expediente en cuestión". Varias empresas que han trabajado o trabajan para Forestalia y para el Inaga, según trabajadores que han vivido internamente el proceso, "han realizado informes técnicos en las tramitaciones del organismo público, mientras se cesaba a funcionarios de la casa".

Esta colisión de intereses, que fue denunciada ante el juzgado por Teruel Existe junto a otras cuestiones como la fragmentación ficticia de los parques para que fueran menores de 50 megavatios y la gestión quedara en el ámbito de la comunidad autónoma, fue publicada por El Mundo y dio pie a la primera respuesta pública del Inaga ante la controversia que rodea sus acciones. El pasado mes de abril, el Gobierno de Aragón cesó a dos funcionarios, jefes de área del Organismo Medioambiental, por discrepancias en los informes, tal y como explicó El Confidencial. Esos ceses fueron tachados de "auténticas purgas", ya que su relevo ha llevado implícito que se autoricen declaraciones de impacto ambiental sin informe previo de funcionario técnico.

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Dos de las consultoras, Satel y Calidad y Estudios, habían trabajado para la Administración pública y las empresas, aunque el director del Inaga, Jesús Lobera, aseguró que, en ningún caso, habían informado concretamente sobre proyectos de renovables de Forestalia. A ellas se suma ahora una tercera, Qilex. En las condiciones del contrato se tiene que especificar qué técnicos prestan la asesoría al Inaga. Pues bien, el mismo equipo de ingenieros de montes y licenciados en ciencias ambientales que realizó el estudio de impacto ambiental de algunas plantas solares para Forestalia, como las de Argente-Alfambra en Teruel, figura en el contrato que firmaron con el presidente del Inaga, que es el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. En este caso, la asesoría es para prestar "Servicios de apoyo técnico-administrativo para la autorización y emisión de informes relativos a vías pecuarias y otros dominios públicos" y otro contrato más para autorizar y emitir informes relativos a montes públicos y privados".

Según profesionales conocedores de estos procesos, aunque la asesoría no es directamente para el área de renovables, ahora adscrita a la secretaría general, Montes también es un área especialmente sensible ante los proyectos energéticos, ya que pueden afectar a terrenos de suelo público. En esos casos, hay que llevar a cabo un proceso de desafección de esa categoría, porque la legislación es muy proteccionista. Cualquier acción que se acometa debe ser a favor del monte, no en su detrimento. Un informe desfavorable del área es un gran obstáculo.

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En esos expedientes se registran también las diferencias de criterio en la tramitación. En algunos casos, hay informes desfavorables de los técnicos funcionarios que, finalmente, obtienen resolución favorable, explican, tal y como ocurrió con el proyecto Canteras I, de 49,5 megavatios, situado en Fuendetodos y La Puebla del Albortón (Zaragoza).

En su comparecencia del martes, Lobera negó la mayor y, además de asegurar que todo ha sido legal en la tramitación de las declaraciones de impacto ambiental de los más de 700 proyectos que han visado (el 96% en positivo, frente al 71% del ministerio), dijo que los funcionarios cesados no tenían nada que ver con esas tramitaciones y que los cambios buscaban una mayor eficiencia en general, lo que ha indignado al conjunto de los empleados del organismo.

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Los trabajadores del organismo emitieron el miércoles un comunicado que tachaba de "difamatoria y gratuita" las explicaciones del director del Inaga sobre los ceses del anterior secretario del instituto y dos jefes de área, supuestamente por "la falta en el cumplimiento de sus obligaciones". Los empleados defendieron en su escrito el rigor, capacidad técnica y entrega al trabajo de los cesados, así como "su ética profesional y observancia del ordenamiento jurídico", a lo que añadieron que ningún directivo anterior había prescindido de sus servicios.

En su comparecencia, en la que se echó en falta al consejero del Gobierno y presidente del organismo, Jesús Lobera aseguró que los informes que aludían a las empresas de Forestalia eran realizados por la empresa pública Sarga y por otra consultora, Vea Qualitas, sin relación con la gran promotora. Sin embargo, funcionarios que conocen el modo de trabajar de ese organismo aseguran que "han hecho todas de todo" y que así se podrá comprobar si progresan la denuncia en el juzgado de Teruel Existe o la Comisión de investigación en las Cortes de Aragón. "En la aplicación donde se registran los expedientes, debe constar el técnico experto que ha hecho el informe, sea funcionario o de consultora, el visto bueno y la propuesta de resolución del jefe del área, ahora encomendada al secretario del Inaga, y, finalmente, la resolución que firma el director y que es la que aparece en el Boletín Oficial de Aragón. Allí se podrá comprobar que las consultoras también han hecho informes técnicos para proyectos de empresas para las que han trabajado", señalan.

Comisión de investigación

El Partido Popular volvió a pedir explicaciones a Lambán sobre la "trama de las renovables" y ha anunciado que solicitará una Comisión de Investigación para que se incluya en el primer pleno de la próxima legislatura."Esto no es un tema de campaña, sino un escándalo que se ha fraguado durante el mandato de Lambán, con la complicidad de todos los partidos que lo han apoyado. Debe dar explicaciones urgentes directamente y no por persona interpuesta, como ocurrió con la rueda de prensa del director del Inaga, que fue una sucesión de inconcreciones, contradicciones, incongruencias y una falta de coherencia en todas y cada una de sus palabras", denunció la portavoz parlamentaria del partido, Mar Vaquero.

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Los funcionarios con los que ha hablado El Confidencial mostraban también su malestar ante las declaraciones de Lobera. "Se muestra como independiente, cuando es un cargo del PSOE. Y ha hecho acusaciones falsas sobre los funcionarios cesados, que no merecen ese trato porque son grandes profesionales, y sobre los procedimientos. Ojalá se pueda constatar", sostiene una de las voces consultadas.

Teruel Existe exige dimisiones

El líder del Teruel Existe y candidato a la DGA, Tomás Guitarte, pidió la dimisión del director del Inaga, Jesús Lobera, y del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, "por la gravedad del asunto y sus consecuencias, con impactos irreversibles". Guitarte recordó que en la denuncia que presentaron en diciembre ante la Fiscalía de Medio Ambiente, con "15 casos flagrantes de presuntas irregularidades", ya advertían de que el Inaga "no actúa como evaluador de los estudios de impacto ambiental, sino de manera proactiva". "Esta denuncia se corrobora ahora con las declaraciones de funcionarios diciendo que se han aprobado expedientes que no están amparados por informes técnicos de funcionarios de la casa", añadió.

Guitarte pide también una moratoria en las autorizaciones de parques hasta que se aclare este asunto y anunció que, cuando obtengan representación parlamentaria, solicitarán también una comisión de investigación sobre la tramitación de renovables en Aragón.