Luz gratis e impuesto al paisaje: las demandas para una transición justa se intensifican en Aragón

Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen han vuelto a crear con As Bestas una película de las que taladran. De esas que dejan imágenes que vuelves a ver sin mirarlas. Y como telón de fondo, como en Alcarràs de Carla Simón, el filme contra el que han competido por representar a España en los Oscar y que será el que finalmente vaya a Los Ángeles, las energías renovables. Más allá de las tramas creadas por los cineastas, y aunque hoy nadie discuta su necesidad para sustituir a los combustibles fósiles y asegurar el suministro energético, es una coincidencia que traduce el impacto social que está teniendo su implantación. Eso sí, lo que se está recrudeciendo es el debate sobre las compensaciones de la transición en los territorios que la generan, que está planteando nuevas demandas ante el acelerón que pide la actual coyuntura. La razón: la eliminación de las trabas medioambientales lleva una velocidad y el acceso a la energía de los habitantes de los paisajes que la producen, otra muy diferente.

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EFE

Este mismo mes, el presidente de Aragón, Javier Lambán, que a lo largo de sus dos mandatos ha favorecido el despliegue de las renovables en el territorio como factor determinante para atraer empresas, anunciaba la creación de un nuevo impuesto que grave las afecciones e impactos visuales y medioambientales que produce la construcción de los parques e infraestructuras añadidas, el llamado "impuesto al paisaje", que ya tienen comunidades como Galicia.

Aragón, exportadora de energía limpia

En la misma línea de buscar nuevas compensaciones, el Gobierno de Aragón, junto con los de Extremadura y Castilla-La Mancha, ha puesto encima de la mesa del Gobierno de España que, en los presupuestos generales del Estado de 2023, y en el contexto de la financiación autonómica, se incluya una compensación por su especial aportación a la transición ecológica, ya que entre las tres suman el 60% de la potencia limpia nueva, en buena medida para suministrarla a comunidades como Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana o País Vasco.

Aragón es una de las comunidades líderes en generación de energía, ya que produce el 170% de la que necesita, frente a comunidades como Madrid, que apenas genera un 4,7%. En renovables, fue en 2021 la primera en nuevas instalaciones y hoy genera el 13% de la energía renovable de España, con 6.000 megavatios en servicio, en 164 parques eólicos y 67 fotovoltaicos. Por delante tiene en tramitación, entre los que competen al Estado (los de más de 50 megavatios) y los de gestión autonómica, para 30.000 megavatios más. En el visor cartográfico del Ministerio de Política Territorial se puede visualizar la dimensión de esa demanda, pendiente de resolverse; gran parte, probablemente, se descartará, pero tienen inundada la Administración.

En Aragón, a falta de definir el impuesto y de ver en qué queda el cupo, el debate social sigue abierto sobre el modelo del despliegue. El Gobierno autonómico defiende las ventajas de ser una comunidad referente en renovables como polo de atracción de empresas electrointensivas. Uno de sus logros se materializaba este miércoles con el estreno oficial de los tres centros de datos de Amazon Web Services, la división tecnológica de Amazon, situados en El Burgo de Ebro, Villanueva de Gállego y Huesca, en los que esa compañía ha invertido 250 millones de euros, que prevé alcancen los 2.500 en 10 años. Desde la Consejería de Industria, reiteran que el acceso directo y cercano a la energía limpia, sin pérdidas de tensión y permitiendo acuerdos de proveedor a consumidor, está siendo diferencial para que las empresas elijan Aragón.

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En el camino, quienes sí se han sentido preteridos han sido los territorios que directamente soportan las instalaciones, que han echado en falta una planificación previa, que salvara determinadas áreas de la comunidad más allá de las que tienen algún tipo de protección medioambiental o patrimonial, como las comarcas que han resucitado con el turismo. Eso, explican expertos en energía, habría evitado conflictos y dejado claro dónde sí y dónde no. Y donde sí, con más gestión de la implantación desde el punto de vista de los intereses de los vecinos y municipios.

Por un lado, no se entiende por qué en el diseño jurídico no se aplican los principios del urbanismo, con reparto de cargas y beneficios iguales para el conjunto de las superficies elegidas. Ahora, a quien le corresponde un aerogenerador tiene una renta de varios miles de euros por año, durante tres décadas o más; mientras, a quien le corresponde camino u otras servidumbres, una exigua indemnización, lo que genera no pocas suspicacias entre los afectados.

Por otro, aunque para ayuntamientos pequeños, como son la mayoría de los lugares que acogen las renovables, los ingresos que llegan por los impuestos de construcción, IBI o actividad de los parques han multiplicado sus exiguos presupuestos, no se han sentido acompañados para desarrollar la principal ventaja: disponer de energía limpia en condiciones ventajosas, cuando no gratis, para asentar población o incluso atraerla.

A quien le corresponde un aerogenerador tiene una renta de varios miles de euros por año

El propio Lambán está introduciendo en su discurso que Aragón no quiere ser una colonia energética y, además de las compensaciones tributarias, reforzar las sociales y propulsar el autoconsumo. Este año, por primera vez, se han exigido proyectos sociales directos asociados a la implantación de parques, como en el concurso de concesión de los 1.200 megavatios en renovables que tenía la térmica de Andorra y que se han reotorgado a Endesa, que ya era titular con el carbón. Hoy, la ministra Teresa Ribera viaja precisamente a Andorra para explicar la resolución del concurso del Nudo Mudéjar y el Convenio para la Transición Justa, acuerdo largamente esperado en la zona, pero que aún no se puede firmar porque ahora está pendiente de que lo autorice Bruselas.

Un marco jurídico que se resiste

En la necesaria evolución de la relación de los territorios con la energía, la vía que se plantea para acceder a una energía bonificada es el autoconsumo y, en su mejor expresión, las comunidades energéticas, una figura que cuesta hacer realidad, víctima de la complejidad, cuando no del barro jurídico del mercado energético y de la resistencia de las distribuidoras.

Joan Herrera, director de Energía y Medio Ambiente del Prat de Llobregat, explica que no se ha hecho bien el pacto con los territorios que generan la energía renovable y que pasa por la creación de esas comunidades energéticas, con todos sus atributos y un marco jurídico claro para otorgar la mejor compensación: precio ostensiblemente más barato. Desde el ministerio, explican las sucesivas medidas adoptadas para cambiar la situación, pero dista aún de estar cerca de ese objetivo.

"El marco jurídico que facultan las directivas europeas sigue pendiente de trasponer a España", dice Herrera. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) acaba de anunciar la ampliación del diámetro del área donde puede operar una iniciativa de autoconsumo, pasando de 500 metros a dos kilómetros (Portugal lo tiene hasta cuatro y 20 kilómetros, en función de la tensión). Pero la medida tiene aspectos como exigir que las placas fotovoltaicas estén sobre tejados, una norma pensada para polígonos industriales o residenciales, pero no para los pequeños pueblos que ponen los montes de las grandes explotaciones. "En los municipios de los territorios productores, se debería ir a un modelo en el que se diera prioridad a los proyectos que lleven dentro una comunidad energética; que la complicidad con el lugar y su acceso bonificado a la energía fuera determinante para dar la concesión".

"El marco jurídico que facultan las directivas europeas sigue pendiente de trasponer a España"

4.000 vecinos del Maestrazgo podrán tener energía gratis

Pedro Machín, presidente del clúster de la energía de Aragón, también cree que urge mejorar la trasposición de las directivas europeas, y poder crear comunidades energéticas con todas sus ventajas. "Son mayores que en los proyectos de autoconsumo compartido y darían justa respuesta a las demandas de los lugares: la generación de energía localizada barata no va contra el sistema”, dice. "A la vez, debemos ser conscientes de que, a más generación, más posibilidades de desarrollo. La industria que viene es gran consumidora de energía e irá allí donde se produzca para evitar las pérdidas por transporte y minimizar el riesgo de caída del suministro. Y desde luego, el precio, que será más barato, será un factor definitivo". También lo tiene claro con el nuevo impuesto. "Lo lógico es que funcione como el canon de la energía, que existía vinculado a las centrales hidroeléctricas, y que revierta sobre los municipios generadores. Las ventajas que hubo históricamente para los lugares productores de electricidad podrían recuperarse para las renovables y no ser una fuente de recaudación más. Aunque la principal compensación es el acceso ventajoso a la energía que producen".

Sobre las compensaciones directas a los vecinos, Forestalia, el gran promotor de las renovables de Aragón, tiene en tramitación un parque que afecta a nueve pueblos del Maestrazgo-Gúdar Javalambre: La Iglesuela del Cid, Cantavieja, Mirambel, Bordón, La Cuba, Tronchón, Fortanete, Villarluengo y Puertomingalvo. Si sale adelante, el acuerdo alcanzado con los vecinos es que esos municipios reciban 2,5 veces su consumo actual: una parte para cubrir el consumo de los 4.000 vecinos empadronados y otra para lo que cada ayuntamiento decida, sean bonificaciones para empresas, hoteles, servicios, propietarios de segunda residencia... “La relación con los territorios tiene que evolucionar —explica un portavoz de Forestalia—. Primero había que tener la energía; ahora hay que ir a una mayor compensación”.

Menos protecciones medioambientales

Esas compensaciones tienen aún más sentido ante el escenario que viene, toda vez que la Unión Europea ha anunciado la reducción de las protecciones medioambientales para acelerar el despliegue de renovables. Es por un año, prorrogable, "por un interés público superior", debido a su impacto en la salud y en la seguridad, tiempo en el que se podrá obviar la directiva que protege las aves. Precisamente las evaluaciones medioambientales están siendo el cuello de botella en las tramitaciones.

Para Jesús Villalón, portavoz de renovables de Teruel Existe, este anuncio es otro jarro de agua fría. "Mientras no acaban de arrancar las comunidades energéticas, nos anuncian una medida que va a suponer más ocupación del territorio, con menos agricultura, menos ganadería y menos gente. Nadie está diciendo la verdad: a más renovables, más despoblación".

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Respecto al futuro impuesto, también cree que debe operar como el canon de la energía y revertir sobre los lugares a los que afectan las instalaciones. "Las renovables han cambiado la faz de nuestros paisajes y es allí donde están impactando socialmente. Normal que los cineastas lo hayan visto".

Aunque el conflicto de As bestas hoy difícilmente se produciría. Si el emplazamiento reúne los requisitos, con el interés público, los vecinos poco tendrían que decir ni que reñir: se iría a la expropiación.