El Congreso salva el primer escollo de los PGE con una holgada mayoría de 189 votos

El Gobierno sigue salvando escollos para completar la legislatura y hacerlo desde la estabilidad que ofrece encadenar tres presupuestos consecutivos aprobados en tiempo y forma. Los presupuestos de 2023 seguirán su tramitación parlamentaria después de que este jueves una mayoría holgada del Congreso de 189 diputados rechazase las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox, Cs, Junts, CUP, Foro y los diputados navarros expulsados de UPN. Un total de 13 formaciones han facilitado la tramitación del proyecto defendido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Además de PSOE y Unidas Podemos, votaron contra las enmiendas a la totalidad ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País, BNG, Compromís, Nueva Canarias, y PRC, mientras que Coalición Canaria y Teruel Existe se abstuvieron. De los 348 votos emitidos, 186 fueron en contra de las enmiendas, 159 a favor y tres abstenciones.

Las negociaciones deberán continuar hasta cerrar un acuerdo definitivo con los grupos, pero el debate ha visualizado menos tensiones de las habituales. Guante de seda por parte de Montero con los socios parlamentarios y un tono constructivo por parte de estos últimos sin dejar de lado la presión. Así, desde ERC, el diputado Joan Margall reclamó una mayor ejecución de los compromisos y profundizar en la vía para la desjudicialización, al tiempo que defendió el pragmatismo porque "no negociar significa perder". El portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, concedió que “se ha recuperado parte de la confianza perdida” con los recientes acuerdos para su grupo, pero sin dejar de remarcar que "todavía queda un trecho para pactar las cuentas". Desde Bildu, Oskar Matute reclamó más determinación para girar a la izquierda para acercar sus votos.

Entre compromisos y muestras de buena voluntad para el entendimiento, se ha desarrollado la segunda y última jornada de un debate en el que la titular de Hacienda acabó con la voz desgarrada tras su maratón dialéctico desde la tribuna. El principal de los compromisos verbalizados por Montero fue el de llevar al Congreso una propuesta de reforma del delito de sedición. Tras finalizar el debate, sin embargo, Montero ha querido matizar asegurando que su intención no era "dar un paso más" y que no habría "completado la frase" en el "fragor del debate parlamentario". La reforma se traería a la Cámara solo cuando se aseguren las "mayorías" necesarias para sacarla adelante. "El compromiso es impulsarlo en el momento en que existan mayorías", quiso zanjar negando que "haya absolutamente ninguna novedad".

Dicha reforma del Código Penal allanaría el apoyo definitivo de ERC a las cuentas. Aunque Montero no mencionó directamente este delito, fue clara al asegurar que "traeremos a esta Cámara", en relación con el debate sobre "la convivencia en Cataluña", "la voluntad del Gobierno de homologar a los estándares europeos la calificación de determinados delitos en nuestro país". La Cámara, "soberanamente, tendrá que decidir sobre esta cuestión", avanzó para incidir en el compromiso de tomar la iniciativa y después buscar los apoyos necesarios. "Seguiremos empeñados en el diálogo", remachaba la ministra desde la tribuna.

La titular de Hacienda se ha esforzado durante el debate en legitimar los apoyos del Ejecutivo y normalizar la relación con formaciones como ERC o Bildu. A estos últimos los puso como ejemplo de "la expresión más clara de cómo el acuerdo entre formaciones que somos tan diferentes es una garantía para la democracia y un reconocimiento de la utilidad de la política. En términos de calidad de vida para el conjunto de los ciudadanos, independientemente de dónde vivan, lo que voten o lo que piensen". Ya este miércoles, Montero afeaba al PP que "quienes no comparten la actual distribución del actual arco parlamentario, en lugar de realizar una oposición legítima, como sería lógico, intentan deslegitimar el Gobierno de coalición y, por ende, el acuerdo con el que llegamos con otras formaciones. Así dañan la democracia".

Última ventana de negociación

"Cuando la izquierda se entiende, este país avanza", sintetizaba María Jesús Montero en su intervención para cerrar el debate. El Ejecutivo es optimista y aspira a superar los apoyos que recibieron las actuales cuentas.

A los avances en desjudicialización y materia de inversiones con ERC, el Gobierno ya pactó con el PNV para evitar su enmienda a la totalidad la renovación del concierto económico, la denominada ley quinquenal del cupo. La que todavía estaba en vigor era la que se había firmado para el periodo 2017-2021. Para ello se convocará de inmediato se convocará la Comisión Mixta del Concierto, cuya celebración será probablemente antes del día 20 del mes que viene.

Más allá del delito de sedición, con los republicanos se negocia también la ley de vivienda y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, con la vista puesta por parte de los republicanos en aligerar las sanciones relativas a "desobediencia y desacato a la autoridad". La intención pasa así por englobar también a los acusados de estos delitos en protestas relacionadas con el procés. Esta es la última ventana de oportunidad para negociar grandes acuerdos con el Gobierno y los socios del bloque de investidura quieren aprovecharla hasta el final y empedrar el próximo ciclo electoral. Como advertía el diputado de ERC Joan Margall, "de aprobarse, estos serán los últimos presupuestos de la legislatura. De ustedes depende que sean o no los últimos de la izquierda en la Moncloa, quién sabe si en muchos años".