España sufre una nueva condena millonaria del Banco Mundial por el recorte a las renovables

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ha emitido una nueva condena contra España por el recorte a las primas de las energías renovables que decretaron los gobiernos primero del PSOE y sobre todo con más fuerza después del PP, hace una década.

El organismo del Banco Mundial ha emitido un laudo este mismo martes 2 de mayo en el que reconoce al fondo británico Infracapital el pago de 24,9 millones de euros, a los que habrá que sumar los intereses de demora y el 60% de las costas, según fuentes conocedoras de este caso.

Infracapital, que ha sido asistido legalmente en esta causa por los bufetes de abogados Allen & Overy y Gibson Dunn Crutcher, había invertido a través de dos sociedades radicadas en Holanda y Luxemburgo en seis instalaciones fotovoltaicas bajo el régimen subvencionado del RD 1578/2008 entre junio de 2010 y octubre de 2011. Tras los recortes de los gobiernos de Zapatero y Rajoy a la normativa instaurada por el propio Zapatero, Infracapital presentó una demanda en virtud del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) ante el Ciadi en junio de 2017.

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Los árbitros determinaron que España había incumplido el estándar de trato justo y equitativo del TCE en la medida en que el nuevo régimen regulatorio de España no proporcionó a las instalaciones de energía renovable de Infracapital un "rendimiento razonable", así como a través de su aplicación retroactiva a las ganancias pasadas, apuntan las fuentes consultadas.

El tribunal, compuesto por dos árbitros mexicanos y otro británico, rechazó la objeción hecha por la Abogacía del Estado, que representa al Reino de España en este litigio, de que el derecho de la Unión Europea prevalece por encima del Tratado de la Carta de la Energía, bajo el que se ha dirimido este arbitraje.

Sin embargo, el trío arbitral sí confirma la objeción de España de que el tribunal no tenía jurisdicción sobre las medidas tributarias impuestas, detallan las mismas fuentes. La estrategia de defensa solicitó en un momento inicial 68 millones de euros, por lo que finalmente la cuantía lograda está algo por debajo de la mitad, en parte al no reconocerse lo relativo a impuestos, en línea con lo ocurrido en otros arbitrajes.

20 derrotas ya por el recorte a renovables

Con esta, España ya suma al menos 20 derrotas frente a inversores en diferentes instancias supranacionales por esta causa. No obstante, ha logrado anular alguno de estos casos.

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Las condenas suman presión sobre el Gobierno de España, que ha optado por no pagar estas indemnizaciones. Las condenas supranacionales ya suman más de 1.000 millones de euros y tanto algunos fondos como el Gobierno estiman que la cifra indemnizatoria aún puede doblarse hasta los 2.000 millones. El Ejecutivo ha optado por pelear en los tribunales de diferentes países para evitar dichos pagos. Además, se escuda en que podrían representar una ayuda de Estado ilegal, prohibida por Bruselas, como elemento adicional para negarse al desembolso.

Diversos fondos están elevando el pulso solicitando embargos del Reino de España en otras jurisdicciones como Reino Unido, Estados Unidos, Australia e incluso Israel. Por ahora, la Justicia británica ha bloqueado las cuentas del Instituto Cervantes y la sede de Acció, una delegación comercial de la Generalitat de Cataluña. Dicho embargo generó un fuerte malestar en la Abogacía del Estado, al decretarse de forma cautelarísima, lo que otorga a España un estatus de país moroso. Para defenderse, el Gobierno ha fichado a un bufete estadounidense.

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Además, también pesa un embargo provisional en Reino Unido de parte de la indemnización reconocida a España por el desastre del Prestige en Galicia, hace más de dos décadas.

Por otro lado, desde la Abogacía del Estado temen que los fondos traten de embargar activos de Navantia en Australia, donde también el Tribunal Supremo del país oceánico ha dado validez a las reclamaciones de los inversores.

La cuestión ha llegado a tal extremo que algunos inversores están advirtiendo de la negativa de pagar de España a las agencias de rating o al FMI, para que lo tengan en cuenta a la hora de calificar la deuda española. Más recientemente, un fondo también ha pedido que se declare el default sobre antiguas emisiones de deuda por esta misma causa. Desde el Banco Mundial, se ha pedido por carta a España que pague por los laudos que su tribunal arbitral impone. Mientras, España asegura que seguirá los canales jurídicos debidamente establecidos, pero reconoce que la ofensiva no es inocua y está impactando sobre la imagen y los intereses del país.