Grandes fondos litigan en UK para quedarse con la indemnización del Prestige que ganó España

Grandes inversores internacionales están litigando en altas instancias judiciales del Reino Unido para cobrar de España por el recorte a las renovables de la década pasada, después de ganar arbitrajes que les reconocen indemnizaciones millonarias.

El último movimiento lo han hecho Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termosolar B.V., inversores presentes en el gigante de las infraestructuras francés Antin. Un fondo que, además de su apuesta por las renovables con prima, ha llevado a cabo importantes desembolsos en España, como la compra de la fibra de Lyntia. Según señalan fuentes al tanto del caso, estos inversores tratan de cobrar a través de la indemnización de casi 1.000 millones que la aseguradora del Prestige, el buque petrolero que causó un desastre medioambiental en la costa gallega en 2002, tiene que pagar a España.

Este fondo ha acudido a la Justicia británica para hacer valer el laudo que le reconoció el Ciadi (Banco Mundial) por valor de alrededor de 120 millones de euros por los daños causados por el cambio regulatorio en las energías renovables que decretaron los gobiernos de PSOE y, sobre todo, más tarde del PP, entre 2010 y 2013.

Ante la negativa de España a pagar tras ser condenada en 2019 en un arbitraje bajo el Tratado de la Carta de la Energía, los inversores internacionales están intentando ejecutar su laudo en otras jurisdicciones como EEUU, Australia, Holanda o la citada Gran Bretaña.

En este sentido, estos fondos, que vieron su retribución recortada tras invertir en España, han solicitado en la High Court of London que parte de la indemnización reconocida a España por el desastre que provocó el Prestige no se le abone aún y sirva para saldar la deuda que tiene el propio Reino de España por el recorte a las renovables.

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Estos fondos están representados en este caso que se dirime en las islas por el despacho de abogados Kobre & Kim, el mismo bufete especializado que defiende en Londres a Corinna Larsen, la examante del Rey emérito, en la causa pendiente que libra contra Juan Carlos I en Gran Bretaña.

Según detallan fuentes próximas al caso, el Tribunal Superior de Londres ha tomado medidas para ejecutar el laudo de Antin, concediendo a los demandantes una garantía provisional (Third Party Debt Order, según la denominación anglosajona) sobre la sentencia de 1.000 millones de dólares a favor de España contra la London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association, la aseguradora que tendrá que pagar a España por las 70.000 toneladas de crudo que vertió el Prestige sobre el litoral gallego, que provocó el movimiento ciudadano de rechazo Nunca Máis hace más de 20 años.

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Estas fuentes señalan que si la orden provisional se convierte en definitiva a su debido tiempo, aproximadamente 120 millones de euros de los 855 millones adeudados a España irían directamente a los inversores. El movimiento se da después de que España lograra que se le reconociera el pago por el desastre del Prestige en 2022 y cuando estaba ya muy cerca de lograrlo. Fuentes jurídicas señalan que si este fondo logra ejecutar estos bienes a España, habrá un efecto llamada de otros litigantes. Hay que destacar que contra España se han presentado más de 50 reclamaciones por cerca de 10.000 millones de euros. Por ahora, los tribunales arbitrales han apoyado reclamaciones de los fondos por casi 800 millones de euros, de los que por ahora España no pagado nada y trata de eludir su desembolso.

¿Qué alega España?

La Abogacía del Estado, que representa a España en instancias supranacionales de arbitraje, intenta convencer a los árbitros que dirimen estos casos de que los inversores no podían estar 100% al margen de la situación económica y que los sucesivos recortes a las primas renovables entre 2010 y 2013 podían ser previsibles ante el déficit que había acumulado el sistema eléctrico (llegó hasta los 30.000 millones euros). Además, a diferencia de los fondos extranjeros, los inversores españoles se quedaron sin indemnización alguna, ya que el Tribunal Supremo estimó que en un contexto de crisis y recortes como fue la gran recesión posterior a 2008, las energías renovables no podían tener garantizada su retribución.

Además, desde la Abogacía del Estado alegan en su defensa que el Tratado de la Carta de la Energía no puede prevalecer sobre el derecho de la Unión Europea, lo que dejaría sin legitimidad sus reclamaciones, como en el caso Achmea. Por último, tanto el Gobierno del PP como ahora el de PSOE y Unidas Podemos creen que no pueden pagar sin notificar dicho desembolso a la Unión Europea y creen que Bruselas podría declarar tal pago de los laudos como una ayuda de Estado incompatible con la Unión Europea, por lo que ahí tienen también otra argumento para negar el pago de estas indemnizaciones, como ocurrió en el caso Micula. En los últimos tiempos, con el trato más favorable que está dando a estos inversores el Ejecutivo, que garantiza su retribución hasta 2032, los fallos están siendo más benévolos con España.

Si la orden provisional se convierte en definitiva a su debido tiempo, aproximadamente 120 millones de euros de los 855 millones adeudados a España irían directamente a los inversores

Para esclarecer este asunto, la Justicia británica ha fijado una vista de cuatro días en el Tribunal Superior de Londres (Tribunal de Comercio) para el 27 de marzo de 2023. En un auto previo de enero, después de una primera vista, la jueza Sara Cockerill ya descartó que la Comisión Europea pueda prestar declaración en favor de España.

Mientras los fondos tratan de ejecutar bienes de España en el extranjero como pago al recorte a las renovables que les reconocieron diversos arbitrajes, la Abogacía del Estado lo rechaza y está peleando por aplacarlos. Ya ha solicitado la anulación de varios procedimientos en distintas jurisdicciones. En este asunto, la primera victoria la obtuvo a finales de 2022, cuando la Justicia sueca anuló el laudo de Novenergía, que obligaba al pago de más de 50 millones de euros.

Ya ha solicitado la anulación de varios procedimientos en distintas jurisdicciones

Ahora, la Abogacía del Estado ha contratado al despacho de abogados Simmons & Simmons para hacer lo propio con otros laudos como el de Antin o el de Nextera, por el que la mayor utility de EEUU quiere ejecutarle 290,6 millones de euros más los intereses.

España es, junto con Venezuela y Rusia, el país que ha recibido más arbitrajes en su contra. En este particular, la causa ha sido por el recorte a las renovables. Los fondos argumentan que su negativa a pagar puede afectar a su credibilidad en los mercados internacionales en un momento de elevada necesidad de inversión en energías limpias y transición energética. Tanto es así que, tal y como desveló El Confidencial, los fondos que litigan en Reino Unido han advertido de esta negativa de pago tanto al Fondo Monetario Internacional (FMI) como a las tres grandes agencias de rating (S&P, Moody's y Fitch) en busca de que estas tengan en cuenta dicha circunstancia en la valoración de la deuda soberana. Un movimiento que se da en un momento crítico por el elevado montante de deuda nacional y la subida de los tipos de interés.