El Gobierno teme el embargo de activos de Navantia en Australia por el recorte a renovables

Alerta en la Abogacía del Estado ante la ofensiva de grandes fondos internacionales contra España por el recorte a las renovables. Varias fuentes próximas a la institución encargada de la defensa del Estado español señalan que estos funcionarios públicos temen que los fondos indemnizados por diversos arbitrajes pidan ahora el embargo de activos de Navantia en Australia.

En este sentido, consideran que la amenaza, aunque aún temprana, es real y las fuentes consultadas informan de que desde la Abogacía ya se ha avisado de este extremo a la compañía naval pública, que ha declinado hacer comentarios sobre esta advertencia.

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La presión sobre España crece. Esta nueva fuente de amenaza se da en paralelo a que un juez haya bloqueado ya las cuentas del Instituto Cervantes en Reino Unido, tal y como avanzó este medio, lo que ha provocado un fuerte malestar a las autoridades nacionales por dejar España de país moroso. También en Gran Bretaña la Justicia ha otorgado el embargo provisional de parte de la indemnización que las aseguradoras del Prestige tienen que pagar a España por el desastre medioambiental provocado en las costas gallegas hace 20 años.

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Un gran fondo internacional como Antin, el gigante francés de infraestructuras —poseedor de diversos activos en España—, ya ha presentado ante los tribunales australianos solicitudes de reconocimiento y ejecución de su laudo arbitral, que le reconoció una indemnización de más de 100 millones por el recorte de 2013 a sus renovables en España. No obstante, desde el fondo no detallan qué pretensiones tienen frente a España en territorio australiano.

Para defenderse al otro lado del planeta, el Estado español ya ha contratado, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, los servicios de expertos en la materia y del despacho de abogados estadounidense K&L Gates, que cuenta con oficinas en Melbourne, Sídney y otros puntos de Australia.

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Fuentes conocedoras del caso señalan que, como en EEUU o Reino Unido, las otras dos jurisdicciones frente a las que más solicitudes y ejecución de laudos se están presentando y donde existe una amplia diversidad de bienes del Estado español exentos de inmunidad diplomática que podrían servir como pago a los laudos, en Australia creen que de las pocas cosas a embargar están los activos de Navantia, ya sean sus cuentas, derechos de cobro o los propios buques.

La compañía trabaja desde hace años con la Royal Australian Navy (RAN), a la que provee de diferentes buques de guerra. En este sentido, una delegación encabezada por la exministra de Industria Reyes Maroto estuvo en septiembre de 2022 en Sídney en la entrega de un buque anfibio construido por Navantia para el Ejército australiano.

Navantia, que cuenta con personalidad jurídica propia y tiene una filial allí, Navantia Australia, está actualmente tratando de cerrar un megacontrato para construir otras nueve grandes embarcaciones militares (seis corbetas y tres destructores) que le garantizarían trabajo hasta finales de la década y supondrían unos ingresos para la empresa 100% controlada por la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, de alrededor de 7.000 millones de euros (10.800 millones de dólares australianos), según estimaciones del portal especializado Infodefensa.

La cuestión no ha pasado desapercibida para los sindicatos de la empresa en el astillero de Ferrol. Un representante de CCOO allí se refería hace pocos días a la apertura de negociaciones con la Armada de Australia sobre un posible contrato en medio de sus movilizaciones y reivindicaciones por las condiciones del nuevo convenio colectivo que están negociando. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la creación de 1.500 empleos para Navantia "en los próximos años" en vista de la carga de trabajo que presupone para la firma naval del Estado.