Malestar en el Gobierno por un embargo "radical" del Cervantes reservado a los morosos

Malestar entre autoridades españolas por el trato recibido en los tribunales de Londres, que les deja a ojos de la comunidad inversora internacional como un país moroso.

Varias fuentes próximas a la Abogacía del Estado confirman que decretar el embargo de las cuentas del Instituto Cervantes de forma cautelarísima, tal y como ha desvelado El Confidencial este martes, implica que se haga sin siquiera escuchar los argumentos del embargado, lo que se denomina en el argot jurídico inaudita parte.

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Esto ha generado una importante molestia entre los abogados que defienden a España, ya que supone, detallan fuentes jurídicas, una medida "radical que solo se emplea cuando el juez detecta que existe un riesgo de impago". Un riesgo que, tal y como entienden desde la propia Abogacía, no cabe aplicar a un Estado, pero que al hacerlo genera un daño reputacional.

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Otras fuentes, sin embargo, consideran que, pese a la capacidad económica para afrontar el pago del Reino de España, su declarada intención de no hacerlo es lo que puede haber llevado al juez a tomar esta decisión. Todo después de que algunos de los grandes inversores demandantes hayan pedido formalmente a S&P, Moody's y Fitch, además de al FMI, que tengan en cuenta la negativa de España a saldar sus deudas a la hora de evaluar su rating y calificar su deuda.

En este sentido, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, responsable de las actuaciones de la Abogacía en los arbitrajes que pesan contra España por los recortes a las renovables, señalan que "el comienzo del procedimiento de ejecución del laudo del procedimiento arbitral InfraRed en Reino Unido no se ha notificado aún al Reino de España". Y aprovechan para descargar la responsabilidad en sus antecesores en el cargo: se da "como resultado de la política energética del anterior Gobierno de Mariano Rajoy".

Desde el departamento que lidera la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, han querido salir al paso para aclarar que, "a la espera de la notificación", están actuando "como siempre, con absoluta escrupulosidad, conforme a derecho, con respeto al marco comunitario y primando la defensa de los intereses del Estado".

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Por todo lo anterior, "el Reino de España se va a personar ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres y Gales en el procedimiento principal y en los distintos procedimientos accesorios de embargo de bienes, para lo que la Abogacía del Estado se encuentra actualmente definiendo su estrategia legal para defender los intereses de España y el respeto al derecho de la Unión".

En este punto, cabe destacar que fuentes próximas a la Abogacía del Estado aseguran que el organismo encargado de la defensa no está del todo contento con la actuación de sus asesores externos en estos casos. Parte de la culpa creen que la tiene el propio sistema de contratación de la Administración pública, que prima en muchos casos la opción más barata por encima de otros criterios. Algo que hace que, a su vez, los propios adjudicatarios trasladen esa carga de trabajo a sus profesionales más juniors. La propia Abogacía no es quien contrata, sino que hace sus peticiones para que sea el IDAE, organismo adscrito a Transición Ecológica, quien ejecute la contratación.

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Por último, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos aclara que "el tribunal no exige pagar ninguna cantidad todavía" y que "se han concedido al Instituto Cervantes dos meses para invocar inmunidad estatal". Desde la institución que representa la lengua y la cultura española en el mundo, confirman a Europa Press que funcionan con normalidad tras el bloqueo de sus cuentas, tal y como había adelantado previamente este medio. Pese a pagar las nóminas con normalidad, siguen con atención el caso y aseguran que las cautelares durarán "de días a semanas".

Al margen de lo anterior, hay fuentes del lado del Gobierno a las que no se les escapa el contexto en que se da el caso, en que un tribunal británico ha dictado el embargo a favor de un fondo propiedad de HSBC, una de las entidades bancarias británicas con más peso en el país. Mientras, otros litigantes no están logrando sus objetivos con tanta premura, como Antin, cuyos inversores han logrado una orden provisional de embargo sobre la indemnización del Prestige, pero que aún debe confirmarse. Los demandantes esperan que esto se resuelva antes del verano.