Un juez bloquea las cuentas del Instituto Cervantes en Reino Unido por el recorte de España a las renovables

Golpe judicial contra el Reino de España. Un juez del Tribunal Superior de Justicia de Londres ha decretado el bloqueo de las cuentas de todos los institutos Cervantes de Reino Unido. Se trata de la aplicación de “una medida cautelar” solicitada por los demandantes en relación con un laudo arbitral en materia de energías renovables, en concreto, el caso Infrared, ante la High Court of Justice de Londres, tal y como señalan fuentes diplomáticas a este diario. Es la primera vez que un juez pide embargar bienes de España en el extranjero por un caso de esta naturaleza.

Dicho embargo se deriva de la petición realizada por un fondo propiedad del banco británico HSBC y su equipo directivo, que ganó un arbitraje en 2019 ante el Ciadi (Banco Mundial) en el que reclamaba a España 92 millones de euros por el recorte a las ayudas a las energías renovables que el Gobierno de Zapatero (PSOE) había implantado en 2008. Los árbitros admitieron que dos plantas termosolares de Infrared en territorio nacional (Morón y Olivenza 1) vieron su retribución injustamente rebajada en 2013 por el Gobierno presidido entonces por Rajoy (PP).

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Con dicha victoria arbitral de hace casi cuatro años, y ante la negativa de España a desembolsar la indemnización, los inversores llevaron el laudo ante la Justicia británica para que les fuera reconocido el fallo a su favor y así poder embargar activos de España en esa jurisprudencia como forma de pago.

La decisión ha sido dictada hace pocos días por el juzgado británico. Los servicios jurídicos del Estado están trabajando junto con bufetes locales del Reino Unido para definir "las medidas de defensa oportunas", añaden las fuentes consultadas. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, bajo cuya responsabilidad litiga en dichos casos la Abogacía del Estado, han declinado hacer comentarios.

La ejecución “cautelarísima” para el embargo de las cuentas en las islas británicas de la organización pública encargada de la promoción, enseñanza de la lengua y de la cultura españolas no está entorpeciendo, de momento, su normal funcionamiento, señalan fuentes conocedoras del caso. En definitiva, no se ha llegado al extremo de tener que parar las actividades o verse afectadas las nóminas de los trabajadores.

Esta no es la primera vez que un inversor internacional trata de convencer a un juez en Reino Unido de que inicie el proceso de embargo de bienes españoles para cobrar su indemnización tras el recorte a las renovables. Inversores del fondo francés Antin han logrado, de forma paralela, que otro juez de Londres inicie un procedimiento de embargo sobre la indemnización que le corresponde a España por el desastre del Prestige. Los inversores del gigante galo de las infraestructuras quieren que 120 millones de las aseguradoras que tendrán que afrontar el pago del desastre medioambiental que se produjo en las costas de Galicia hace 20 años pase a sus manos.

El Instituto Cervantes, uno de los emblemas de España en el extranjero, es uno de los bienes que dichos fondos han puesto entre ceja y ceja a la hora de reclamar, detalla otra fuente próxima a la Abogacía del Estado y conocedora de los casos.

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El recorte a las energías renovables se saldó con un fallo del Tribunal Supremo que dejó sin posibilidad de reclamar a todos los inversores españoles. Sin embargo, los fondos internacionales se acogieron al Tratado de la Carta de la Energía, un acuerdo supranacional de inversiones y Estados, para demandar a España. Las alrededor de 50 reclamaciones superaban los 10.000 millones de euros, aunque por ahora los tribunales arbitrales solo han reconocido unos 1.000 millones de indemnizaciones.

Estos inversores están tratando de que se reconozcan sus laudos en diferentes jurisdicciones como EEUU, Reino Unido, Australia u Holanda. Su pretensión es que los juzgados de esos países les permitan tomar activos españoles como forma de pago. Y ahí buscan bienes de todo tipo, con excepción de aquellos que gozan de inmunidad diplomática, como las embajadas.

Un precedente peligroso

El embargo de las cuentas del Instituto Cervantes supone —al margen del daño reputacional y del deterioro de la imagen del país— un precedente que puede animar a otros inversores a lanzarse contra España, señalan fuentes jurídicas. Si el casi medio centenar de reclamaciones empieza a ver que esta es una buena vía para cobrar, puede aumentar la presión sobre la Abogacía del Estado y los despachos que la asesoran.

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Sin embargo, desde el Ministerio para la Transición Ecológica señalan que desde que se promulgó el RDL 17/19 se han frenado radicalmente las denuncias contra España de los inversores internacionales afectados por la reforma legislativa en las cortes de arbitraje. Dicho decreto prometía mantener la rentabilidad declarada tras el recorte de 2013 hasta 2032 sin más rebajas. Para defender su negativa a pagar y tratar de retener el dinero en el bolsillo de los contribuyentes, el Gobierno asegura que "los pagos pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una ayuda de Estado ilegal".