Los inversores rechazan el plan del Gobierno para cesar la guerra por el recorte renovable

El Gobierno de Pedro Sánchez no consigue apaciguar el conflicto con los inversores internacionales de energías renovables, que mantienen decenas de arbitrajes contra al Reino de España por el recorte a las primas de la pasada década.

De los más de 8.000 millones de reclamaciones, solo el 1% de las mismas (unos 83,3 millones de euros) ha renunciado a litigar frente al Estado español. El plazo para desistir concluía el pasado viernes 18 de diciembre, sin que el Ministerio para la Transición Ecológica haya notificado ningún cambio a esa fecha.

El Ejecutivo estableció a través del Real Decreto-ley 17/2019 un plan por el que aquellas instalaciones puestas en operación antes de 2013 que mantuvieran algún tipo de reclamación contra España podrían acogerse a una serie de incentivos económicos a cambio de enterrar el hacha de guerra.

Este incentivo consistía en mantener el nivel retributivo establecido en 2014 (7,4% de retribución a la inversión) hasta 2031, lo que supone una ayuda superior y segura al resto de instalaciones renovables, cuyas primas irán variando a lo largo de los próximos años.

Sin embargo, este plus que ofrece el Gobierno no ha sido suficiente para la mayoría de los 48 inversores que han planteado arbitrajes en instancias supranacionales como Ciadi, Uncitral o la Cámara de Comercio de Estocolmo al amparo del Tratado de la Carta de la Energía. De hecho, los cuatro titulares que han renunciado, según explican fuentes jurídicas, han decidido desistir por razones muy particulares.

¿Por qué desisten los pocos que lo han hecho?

La terminación más sonada ha sido la de Masdar, fondo soberano de Abu Dabi que renunció a un laudo ganador de 64,5 millones de euros, que sumados los intereses alcanzaba los 80 millones de euros. Fuentes conocedoras de esta renuncia explican que Masdar era propietario solo de una parte de la instalación, cuyo máximo accionista era Sener. Sin embargo, la normativa obliga a desistir por instalaciones, no por accionistas. Esto obligaba a Abu Dabi a desistir para mejorar el régimen retributivo de toda la instalación y así facilitar la venta del activo.

Además, la renuncia al arbitraje tenía otras ventajas para este inversor. La Abogacía del Estado está dando la batalla con todo lo que tiene y España se resiste a pagar, lo que limita el valor en el mercado del propio laudo arbitral. Y por otro lado, Abu Dabi es un fondo soberano con intereses muy diversos en España (actualmente, es el dueño de Cepsa), con lo que todo ello hacía más fácil la decisión de renunciar.

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Las otras tres renuncias se producen después de que los propios inversores hayan sufrido victorias pírricas en los tribunales, con lo que acogerse al régimen de primas que ofrece el Gobierno les puede interesar. Este es el caso de Element Power, uno de los inversores de PV Investors, que renuncia a un resarcimiento reconocido de 2,2 millones de euros. El otro es RREEF, que —de los 59 millones que le reconoce su laudo arbitral— solo renuncia a los 1,1 millones de la parte eólica, pero mantiene el litigio por el resto.

El último caso es el de Stadwerke. Estos inversores perdieron frente a España, con lo que los árbitros de su caso dictaron que no reconocían ninguna indemnización. Sin embargo, fuentes legales advierten de que Stadwerke activó un proceso de anulación del laudo. Eso le permite mantener el arbitraje vivo y así, al renunciar, se puede acoger al régimen incentivado que ofrecía el Gobierno hasta el viernes pasado a los inversores que cesen en su guerra arbitral.

Frente a esos 83,3 millones de euros de renuncias, hay 800 millones de euros de laudos favorables a los inversores que siguen adelante contra España. La mayoría de ellos están tratando de ejecutar sus laudos en Estados Unidos. No obstante, la Abogacía del Estado, que defiende a España, está tratando de que se anulen alegando que dichos fallos arbitrales están fuera del derecho comunitario (con base en el caso Achmea) y son primas de Estado incompatibles con la Unión Europea (según al caso Micula). Por ahora, ha logrado que el Ciadi anule el laudo de Eiser por un conflicto de interés encontrado a uno de los árbitros. Esto significa que el proceso deberá volver a la casilla de salida.

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Y, además, aún hay pendientes de veredicto 26 arbitrajes que reclaman más de 4.200 millones de euros. Ninguno de ellos ha renunciado a sus pleitos, pese a estar aún por resolver.

Por otro lado, desde que el Gobierno estableció este sistema de primas, diversos inversores han continuado lanzando arbitrajes frente a España. Si bien esto es así, las fuentes legales consultadas reconocen que el nuevo sistema establecido por el departamento que dirige Teresa Ribera ha podido enfriar los ánimos de potenciales demandantes, que han preferido desistir de sus aspiraciones por esta causa, con lo que ello implica de riesgo y costes legales. La estrategia de España de mantener el pulso y no pagar es un factor que están teniendo muy en cuenta, algo que, sin embargo, también tiene un coste para las arcas públicas por el riesgo país que ello transmite a los inversores foráneos: España es el país con más arbitrajes vivos junto con países de sonada inseguridad jurídica como Argentina, Venezuela o Perú.

Una batalla de años

El Reino de España mantiene desde hace años una batalla contra los inversores internacionales de renovables por los recortes a las primas que establecieron, primero, el Gobierno de Zapatero (PSOE) a las ayudas que él mismo instauró en 2008, y, posteriormente y con más dureza, el Ejecutivo de Rajoy (PP). La medida trataba de frenar el déficit del sistema eléctrico, que llegó hasta los 30.000 millones de euros. El Tribunal Supremo falló contra los inversores españoles que sufrieron el recorte de primas.

El Ministerio para la Transición Ecológica está tratando de reconducir este problema que ha heredado del pasado, pero los incentivos que recoge el Real Decreto-ley 17/2019 están muy por debajo de los emolumentos que están reconociendo los tribunales arbitrales, que además crecen día a día, dado el interés del 2% mensual que acumulan. Pese al riesgo de Ejecución, las ventas de estos laudos se pagan mejor que la diferencia ofrecida por el Estado, explican fuentes del sector conocedoras de la problemática.