El Gobierno contrata a dedo a Daniel Lacalle para defender el recorte a las renovables
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Negociado sin publicidad ni concurso público

El Gobierno contrata a dedo a Daniel Lacalle para defender el recorte a las renovables

El IDAE, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, formaliza al menos tres contratos a razón de 15.730 euros cada uno con el economista para la declaración testifical en arbitrajes contra el Reino de España

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El economista Daniel Lacalle.

El Gobierno ha contratado Daniel Lacalle para la defensa del Reino de España contra las demandas de varios fondos de inversión internacionales. El Ejecutivo recurre al economista neoliberal para tratar de neutralizar los arbitrajes que reclaman sumas millonarias por el recorte regulatorio de las primas a las energías renovables aplicadas primero por el Gobierno de Zapatero (PSOE) y posteriormente, y con más fuerza, por el Ejecutivo de Rajoy (PP).

El IDAE, organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, ha formalizado al menos tres contratos a razón de 15.730 euros cada uno de ellos para que Lacalle elabore informes en la declaración testifical de España en tres procesos arbitrales. Según consta en documentación oficial, "la Abogacía General del Estado indica en su oficio que dicho informe podría ser elaborado por D. Daniel Lacalle Fernández, economista con reconocido prestigio internacional".

Por ello, en las últimas semanas, el departamento dirigido por Teresa Ribera, a instancias de la Abogacía del Estado, ha contratado los servicios del que fuera gurú económico de Pablo Casado en las elecciones de 2019, aunque finalmente renunció a su acta como diputado del Partido Popular. De esta manera, Lacalle ya ha prestado sus servicios para la declaración testifical en tres arbitrajes (European Solar Farms, Sapec y Solar Jerez), por lo que ha cobrado una suma próxima a los 48.000 euros.

Foto: Rajoy y Zapatero, los presidentes que impusieron diversos recortes a las primas renovables. (EFE)

Además, dicha adjudicación contra las arcas del Estado se ha negociado sin publicidad ni concurrencia pública. Pese a que los tres arbitrajes en cuestión fueron lanzados en 2018 y 2019, hace más de dos años, el IDAE justifica la formalización del contrato sin concurso "debido a la especificidad del informe requerido, así como a la escasez de tiempo, [por lo que] no resulta posible en esta ocasión acudir a la publicidad y concurrencia para la realización de dicho informe".

Su trabajo ha consistido, según explica el propio Daniel Lacalle a El Confidencial, en la elaboración de informes específicos sobre regulación del sector eléctrico y su posterior presentación testifical ante los árbitros, que ya se han celebrado, apunta este experto con 26 años de experiencia en el sector energético y varios libros publicados sobre la materia que ahora trata de justificar la defensa de España en el recorte regulatorio.

En abril de 2019, 'El Periódico de la Energía' publicaba que Lacalle "ha rechazado los 'errores' de 2008 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de incentivar de manera 'agresiva' el principio del proceso tecnológico de las renovables, cargando la tarifa con subvenciones y de costes fijos, en vez de decididas por un comité desde una transición energética competitiva".

Su trabajo consiste en la elaboración de informes sobre regulación del sector eléctrico y su posterior presentación testifical en arbitraje

Esta no es la primera vez que Lacalle presta sus servicios para defender a España del recorte que sufrieron inversores internacionales en energías renovables en España. El economista, defensor de la iniciativa privada, de reducir al máximo el tamaño de la Administración y de minimizar en lo posible los impuestos, ya ha participado en al menos tres arbitrajes frente a inversores internacionales en el Ciadi, la corte arbitral del Banco Mundial, según figura en los laudos de estos tres procesos (RREEF, RWE Innogy y Baywa).

Tampoco es la primera vez que una Administración pública contrata los servicios de Lacalle. Tal y como avanzó El Confidencial, el Cabildo de Lanzarote también encargó a dedo un informe económico a este experto, cuya elaboración contó también con la de otros mediáticos economistas como José Carlos Díez o el exministro Miguel Sebastián.

Foto: Ilustración: Irene de Pablo. (EC Diseño)

El recorte a las renovables ha generado más de 50 demandas arbitrales contra España en las que se reclaman más de 10.000 millones de euros en instancias supranacionales como el Ciadi, Uncitral o la Cámara de Comercio de Estocolmo. Este recorte regulatorio que defiende Lacalle junto a la Abogacía del Estado ha llevado a España a estar entre los países con más arbitrajes a sus espaldas, ocupando los primeros puestos de este 'ranking' junto a países como Venezuela, Argentina o Perú.

Lacalle, tertuliano y columnista de medios de comunicación que ha escrito varios libros sobre energía y economía, estuvo cerca de presentarse a las elecciones a la Comunidad de Madrid en las listas de Esperanza Aguirre, tal y como anunció una de las políticas que más han defendido públicamente la iniciativa privada y la bajada de impuestos en España. No obstante, el economista no llegó a dar el paso. Posteriormente, la presidenta regional Cristina Cifuentes le contrató como representante del Gobierno madrileño en la oficina de Londres que se creó para atraer inversión tras el Brexit.

Lacalle inició su carrera en el mundo de la energía. Pasó por empresas como Repsol, Enagás o ABN Amro. Participó en el 'hedge fund' Citadel y, durante un breve periodo de tiempo, en la gestora global de renta fija Pimco. Actualmente, trabaja como economista jefe en la gestora Tressis, según figura en su currículo. A nivel mediático, es conocido por sus intervenciones en medios de comunicación donde defiende los postulados neoliberales de reducción al máximo del peso del Estado en la economía.

El Gobierno ha contratado Daniel Lacalle para la defensa del Reino de España contra las demandas de varios fondos de inversión internacionales. El Ejecutivo recurre al economista neoliberal para tratar de neutralizar los arbitrajes que reclaman sumas millonarias por el recorte regulatorio de las primas a las energías renovables aplicadas primero por el Gobierno de Zapatero (PSOE) y posteriormente, y con más fuerza, por el Ejecutivo de Rajoy (PP).

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