El viaje de ida y vuelta de los abogados del Estado: regresan pocos y cerca de jubilarse

La Abogacía del Estado es un cuerpo funcionarial en constante movimiento: un año puedes estar defendiendo los intereses de la Administración y al siguiente ocuparte de casos particulares desde un bufete privado. O viceversa, y reincorporarte al sector público tras un tiempo trabajando en el privado. Pero los letrados del Estado apenas toman este último camino: en los últimos ocho años, solo 33 abogados han regresado a la función pública frente a los 86 que la han abandonado para trabajar en empresas privadas. Y los que han retornado lo harán por unos pocos años más, al estar la mayoría muy próximos a la jubilación.

La última vez que Justicia publicó la relación de abogados del Estado y su situación y destino fue en el BOE en 2012. Ocho años después, El Confidencial ha tenido acceso a este listado actualizado a través de la Ley de Transparencia. La comparación entre ambos documentos evidencia la salida de la función pública de un importante número de letrados públicos en el apogeo de sus carreras: 86 al pedir una excedencia voluntaria y otros 27 en servicios especiales para ocupar un alto cargo. Estos funcionarios han sido reemplazados por las nuevas promociones —87 nuevos letrados desde 2013— y por los 33 que se han reincorporado a la función pública, muchos de los cuales se encuentran en el final de su trayectoria profesional.

Los abogados del Estado conforman uno de los cuerpos con mayor prestigio dentro de la Administración. No en vano, empresas y bufetes empiezan a ficharlos nada más se levanta el veto inicial, que suele durar alrededor de 10 años. Ha sido el caso reciente de Álvaro Botella Pedraza y Alicia Segovia Marco, nombrados en 2009, y de Guillermo Alcalá Besga, de 2011, que han solicitado la excedencia para trabajar en Cuatrecasas, Uría Menéndez y MA Abogados, respectivamente. En el sector privado, los letrados públicos multiplican su sueldo y disfrutan de un ascenso profesional al que no pueden aspirar en la Administración. No resulta extraño, por tanto, que 257 abogados del Estado (el 40% del total) estén trabajando realmente para el sector privado, por 341 que sí defienden los intereses públicos, si bien 24 de ellos compatibilizan este trabajo con sus negocios privados.

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Además, otros 44 letrados se encuentran actualmente en servicios especiales, 25 de los cuales han pasado de defender la Administración a ocupar un alto cargo público desde que se publicara esta lista por última vez hace ocho años. Entre ellos, figuran los diputados nacionales Macarena Olona (Vox) y Edmundo Bal (Ciudadanos) o el europarlamentario Jorge Buxadé, también de Vox. Atrás queda 2012, cuando 70 abogados del Estado ocupaban cargos públicos, entre ellos los ministros Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal y Miguel Arias Cañete. Este cuerpo suele servir de cantera para el PP.

Las salidas de los abogados del Estado a bufetes privados han provocado que la defensa de los intereses de la Administración recaiga mayoritariamente en las últimas promociones: de los 341 letrados en activo, 205 obtuvieron su plaza en el siglo XXI. Y ello a pesar de que en las convocatorias anteriores se ofertaban más plazas que en las más recientes, lo que ha provocado que el Cuerpo de Abogados del Estado esté formado en la actualidad por un total de 642 funcionarios, 15 menos que hace ocho años.

El abuso de las excedencias por parte de los abogados del Estado llevó a Unidas Podemos a presentar en 2017 una iniciativa legal, presentada por el entonces diputado de Izquierda Unida y actual ministro de Consumo, Alberto Garzón, para regularlas y limitarlas. La propuesta pretendía limitar el trabajo de los letrados públicos en empresas privadas a entre dos y 15 años, momento a partir del cual perderían su condición de funcionarios de no pedir el reingreso en la función pública.

En la siguiente tabla puede consultar la actual relación circunstanciada de abogados del Estado obtenida por El Confidencial mediante la Ley de Transparencia, ocho años después de que se publicara por última vez en el BOE.