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Grandes fondos denuncian el impago de España ante el FMI y las agencias de 'rating'
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Creen que puede afectar al 'rating' español

Grandes fondos denuncian el impago de España ante el FMI y las agencias de 'rating'

Fondos europeos y el gigante francés Antin trasladan por cartas a S&P, Moody's y Fitch que tengan en cuenta en sus valoraciones de la deuda soberana la negativa de España a pagarles por los arbitrajes que ganaron con el recorte a las renovables

Foto: Una planta termosolar, similar a la que motivó la reclamación.
Una planta termosolar, similar a la que motivó la reclamación.
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Ofensiva de grandes inversores europeos contra la reputación de España como país inversor. Infrastructure Services Parties, inversor del gigante de las infraestructuras francés Antin, que vendió en 2022 la empresa de fibra Lyntia, así como diversos fondos del norte de Europa (Ceconat Energy, Eoxis Holding, Impax Solar e Impax New Energy) han elevado quejas al Fondo Monetario Internacional (FMI) y las tres principales agencias de rating del mundo (S&P, Moody's y Fitch) por considerar que España se niega a pagarles reclamaciones millonarias reconocidas en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial.

Según las misivas escritas y firmadas por sus representantes legales del despacho Kobre & Kim, a las que ha tenido acceso El Confidencial, "España se niega a pagar los laudos, por lo que existe una falta de voluntad de resolver el problema".

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Logo de la sede de Fitch en Londres. (Reuters/Reinhard Krause)

Según transmite el bufete de abogados londinense de los inversores —el mismo que defiende a la examante del Rey emérito Corinna Larsen—, "España se encontraría potencialmente en una situación de incumplimiento de sus obligaciones de pago", por lo que invita a las agencias de rating a "considerar lo anterior a la hora de hacer su cobertura y de dar la calificación de la deuda soberana".

"En nuestra opinión, la negativa del Gobierno español a pagar los laudos arbitrales definitivos desencadena un impago de su deuda en moneda extranjera. Este impago tendría a su vez un efecto en cadena sobre la calificación crediticia de España, lo que se traduciría en un aumento de los costes de endeudamiento para el Gobierno español y la economía española en general", señala Nick Cherryman, socio del despacho de los inversores.

Las cartas, del 16 de diciembre, llegan en un momento sensible para la deuda española, dadas las subidas de tipos de interés aplicadas por los bancos centrales y la intención de reducir el balance, lo que aumentará los costes del pago de la deuda.

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Vista durante una conferencia de la calificadora estadounidense Moody's. (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Las reclamaciones tienen su origen en el recorte, que aplicaron los gobiernos de PSOE (Zapatero) y sobre todo y con más fuerza PP (Rajoy) en la década pasada, a las primas a las renovables que se pagan en el recibo de la luz. Ello motivó más de 50 arbitrajes de inversores internacionales contra el Reino de España, pero logró parar una sangría de ayudas que estaba hasta 2013 descontrolando el déficit del sistema eléctrico (llegó a acumular un déficit de más de 30.000 millones). En este caso, el Ciadi reconoció a Antin más de 100 millones de euros, que sumados a los intereses que obliga el laudo acumulan ya más de 120 millones de reclamación.

Por su parte, Uncitral, el tribunal arbitral de la ONU, reconoció a los inversores europeos que reclaman ahora, agrupados entonces en el arbitraje de The PV Investors, 48,1 millones de euros, más otros 10,6 millones de intereses. En total, piden que España les pague más de 200 millones de euros entre principal, intereses y costas. No obstante, hacen advertencias sobre la totalidad de la causa y ponen de relieve que España acumula más de 700 millones de euros no pagados por los fallos arbitrales que reconocen el derecho a cobrar. A lo anterior añaden que se han producido reclamaciones por valor de más de 9.500 millones de euros, muchos de los cuales aún están vivos.

"El impago tendría efecto en la calificación crediticia de España, lo que se traduciría en un aumento de costes", advierten los inversores

Estos y otros fondos están tratando de que otras jurisdicciones, como EEUU, Australia o Reino Unido, reconozca sus reclamaciones y poder ejecutar las indemnizaciones en dichos países. Sin embargo, tanto España, a través de la Abogacía del Estado, como la propia Comisión Europea están pleiteando contra estos fondos al entender que no deben hacer frente a estos pagos. Por un lado, porque creen que el derecho comunitario prevalece sobre el Tratado de la Carta de la Energía, como reconoció el caso Achmea.

Por otro lado, porque creen que, de pagar, la propia Comisión Europea podría entender que se trata de ayudas de Estado incompatibles con la Unión Europea y abrir un expediente de devolución de las mismas, como ocurrió con el caso Micula. Fuentes próximas a la Abogacía del Estado señalan que España está en su derecho de pleitear y dar la batalla por esta causa hasta que no haya un reconocimiento firme de un tercer Estado que le obligue a desembolsar las cantidades reclamadas.

Foto: El presidente de la CE, Jean-Claude Juncker (i), besa en la frente al comisario de Acción por el Clima y Energía, el español Miguel Arias Cañete. Detrás sonríe la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. (EFE)

Los últimos laudos, de hecho, han sido, en general, más favorables para España, después de que el Ministerio para la Transición Ecológica haya planteado opciones más benévolas con los inversores con renovables con primas en factura, aunque en 2022 redujo sus ingresos a cambio de mantenerles la rentabilidad a largo plazo.

Desincentivo a invertir en España

Además de los argumentos anteriores, los abogados de estos fondos de inversión también han hecho llegar otros argumentos al FMI contrarios a los intereses de España. En la carta enviada al organismo con sede en Washington, señalan que "la negativa de España a pagar los laudos (que compensan a los inversores por los cambios en la ley de las tarifas de la energía solar, que incumplieron el Tratado de la Carta de la Energía) también envía una señal negativa a los futuros inversores en renovables en relación con la seguridad jurídica y sus derechos. Esto se produce en el contexto de los supuestos planes de España de alcanzar 59 GW de capacidad adicional en 2030 para generar electricidad mediante energías renovables, confiando en su mayor parte en el sector privado (80% de los 91.765 millones de euros) y utilizando un sistema de remuneración para atraer esas inversiones".

"La negativa de España a pagar (...) envía una señal negativa a los futuros inversores en renovables", señalan los fondos al FMI

"También plantea interrogantes sobre la reciente emisión de bonos verdes por parte de España, mientras que los anteriores inversores siguen sin cobrar", añade la carta al FMI. "El Gobierno español se ha negado rotundamente a pagar a nuestros clientes lo que se les debe tras el proceso judicial que perdió España: más de 120 millones de euros. Su postura no solo es ilegal e incumple las obligaciones del Tratado internacional, sino que corre el riesgo de socavar la inversión extranjera en fuentes de energía alternativas para España en un momento en que la seguridad energética europea nunca ha sido más frágil", señala el abogado londinense que lleva la causa.

Estas quejas se dan justo cuando España va a elevar a Bruselas su propuesta de modificación del mercado eléctrico, donde pedirá que se entierre el actual modelo marginalista y se pague a cada tecnología por sus costes, para reducir sus ingresos actuales y acabar así con lo que entiende son beneficios caídos del cielo tanto de las renovables como de la nuclear.

La quinta y última carta enviada por estos inversores ha sido lanzada al Ciadi (Banco Mundial), donde se dirimió el arbitraje de Antin, entre otras muchas causas. En este caso, también pone de relieve que España es el segundo país más demandado por inversores en arbitrajes internacionales del mundo, solo superado en casos por Venezuela y por delante de Rusia.

Ofensiva de grandes inversores europeos contra la reputación de España como país inversor. Infrastructure Services Parties, inversor del gigante de las infraestructuras francés Antin, que vendió en 2022 la empresa de fibra Lyntia, así como diversos fondos del norte de Europa (Ceconat Energy, Eoxis Holding, Impax Solar e Impax New Energy) han elevado quejas al Fondo Monetario Internacional (FMI) y las tres principales agencias de rating del mundo (S&P, Moody's y Fitch) por considerar que España se niega a pagarles reclamaciones millonarias reconocidas en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial.

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