Biden sale en defensa de España en las demandas millonarias por el recorte a las renovables

La Administración estadounidense de Joe Biden ha salido en defensa de los intereses del Reino de España en la disputa que libra con inversores internacionales por el recorte a las renovables.

Abogados del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia de EEUU han intervenido ante la Corte de Apelaciones de los EEUU para defender la posición de la Abogacía del Estado española en las demandas planteadas por tres inversores internacionales, que pretenden ejecutar al otro lado del charco sus laudos arbitrales para embargar bienes de España.

Concretamente, los abogados de la Administración federal norteamericana están señalando a este tribunal de apelaciones que no tiene por qué considerar los arbitrajes ganados por los inversores. Concretamente, NextEra, 9Ren y Blasket cuentan con tres laudos arbitrajes en los que se les reconoce una suma total de 360 millones de euros por los recortes aplicados a primas otorgadas a las energías renovables por el Gobierno de Zapatero que posteriormente recortó con fuerza el Gobierno del PP en 2013 para tratar de frenar el fuerte déficit del sistema eléctrico.

Ante la negativa del Gobierno a pagar dichas cantidades, estos fondos han decidido acudir a jurisdicciones internacionales con el objetivo de que los laudos sean reconocidos y poder embargar bienes del Estado español.

Ese era el objetivo de estas empresas, que además se vieron respaldadas en este caso a mediados de 2023 por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Sin embargo, ahora el Gobierno federal señala, tal y como argumenta España, defendida en este caso por Williams & Connolly LLP, que no está en disposición de pagar los laudos arbitrales, ya que la Justicia europea prevalece sobre el Tratado de la Carta de la Energía bajo el que se celebraron los arbitrajes, según recoge el medio especializado Law360.

El respaldo de la Administración norteamericana llega en un momento complicado para España y la Abogacía del Estado, que acaba de sufrir su derrota más cuantiosa en un arbitraje de este tipo contra la alemana E.ON. El Ciadi (Banco Mundial) le ha reconocido cerca de 300 millones de euros.

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Además, diversos inversores están logrando que los tribunales de Reino Unido reconozcan estos laudos, incluso que ya se hayan dictado órdenes de embargo sobre bienes del Estado español, como algunas cuentas del Instituto Cervantes. Los inversores también están sondeando sus posibilidades en Australia, donde también creen que podrían ejecutar bienes de España.

La cuestión es de máxima relevancia para España. Ya ha sufrido 25 condenas en instancias arbitrales internacionales por esta causa, que han reconocido a los demandantes indemnizaciones de más de 1.200 millones de euros. Los recortes provocaron más de 50 demandas arbitrales, lo que ha metido a España en los rankings de Estados más demandados del mundo junto a países como Venezuela, Argentina o Rusia.

La cuestión es sensible para el Gobierno, por si pudiera afectar a la financiación. El actual ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pidió el pasado año, cuando estaba el frente del Tesoro, asesoría especializada para enfrentar las peticiones de default de algunos inversores, que enviaron cartas al FMI, el Banco Mundial y las agencias de rating (Standard & Poor's, Moody's y Fitch) para pedir que se tuviera en cuenta estos impagos a la hora de calificar a España. El propio Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, respondió al Banco Mundial que estas comunicaciones no eran inocuas para la reputación del país. De ahí la importancia ahora del apoyo de la Administración federal de EEUU que lidera Joe Biden.

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El Gobierno español sigue sintiendo estos arbitrajes como una losa sobre su acción de gobierno y aprecia gestos como los de Antin, señalan fuentes empresariales, que pese a que vendió su litigio en 2017 después de demandar a España, ahora, con la compra de Opdenergy, ha renunciado a cualquier arbitraje de este tipo si surgiera en el futuro.

El posicionamiento de los funcionarios dependientes de la Casa Blanca llega después de que el Gobierno de España se haya negado a sumarse a la coalición de países liderada por EEUU para enfrentarse a los rebeldes hutíes que desde Yemen están tratando de boicotear el tránsito de barcos comerciales por el mar Rojo.