España afronta la mayor derrota por el recorte a renovables tras perder con la alemana E.ON

El Reino de España se enfrenta a la derrota más dura por el recorte a las renovables que ejecutó la década pasada. De las 26 derrotas que ha sufrido hasta ahora, el golpe que acaba de recibir por el hachazo a las primas a la energética alemana E.ON, apunta a ser el más costoso.

Según fuentes al tanto del caso, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ha condenado a España a indemnizar a E.ON, que había solicitado 324,7 millones de euros. La decisión fue notificada este mismo jueves, según consta en documentación oficial. Fuentes al tanto del caso aseguran a El Confidencial que los tribunales habrían respaldado en torno al 90% del dinero exigido por la empresa teutona. Sería un golpe para la Abogacía del Estado, que defiende a España en estos arbitrajes, y que había logrado frenar la sangría en los últimos dictámenes, no tan duros como los que venían produciéndose desde 2017.

A falta de la confirmación del montante definitivo de este golpe, sería el más fuerte sufrido hasta ahora por España por el cambio regulatorio aplicado por el Gobierno del PSOE primero y de forma más contundente por el Ejecutivo del PP en 2013, lo que provocó más de 50 arbitrajes en tribunales internacionales, situando a España como uno de los países más demandados a nivel mundial, al nivel de estados como Argentina, Rusia o Venezuela.

Hasta ahora, el arbitraje por el que España arrastra una petición de pago más elevada era el de la eléctrica estadounidense NextEra. El CIADI le reconoció en 2019 más de 290 millones de euros, una cifra similar a la que podría tener derecho ahora E.ON, defendido en este caso por el despacho de abogados alemán Luther.

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"El tribunal que ha decidido el fallo ha estado presidido por Mark A. Kantor y ha emitido el laudo con fecha del 18 de enero de 2024. Este procedimiento echó a andar en 2015 e invoca el Tratado de la Carta de la Energía. Las 25 condenas que ya se han conocido imponen más de 1.200 millones de euros en concepto de indemnización, cifra a la que hay que sumar 250 millones de euros por los intereses de demora, condenas en costas y gastos en consultores y abogados", señalan fuentes próximas a E.ON.

"Puesto que el Gobierno de España sigue sin cumplir las sentencias y ha situado a España como el país con mayor número de laudos pendientes de pago, por encima de Rusia y a la par con Venezuela, las empresas afectadas han embargado distintos bienes de España en Reino Unido y preparan acciones similares en Estados Unidos" añaden estas fuentes.

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El inversor Blasket Renewable Investment, que adquirió el laudo de grandes inversores como Infrared (HSBC) o el fondo francés Antin, está presionando con fuerza para que España se avenga a pagar a los inversores. De hecho, hasta ahora ya ha logrado que la justicia británica le reconozca el embargo de las cuentas del Instituto Cervantes en el Reino Unido, y está a la espera de poder embargar otros vienes. También en otras jurisdicciones como EEUU o Australia, donde habría puesto en el foco los activos de Navantia.

La cuestión ya ha saltado de la abogacía del Estado o el Ministerio para la Transición Ecológica, encargados de gestionar este problema. El actual ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya pidió asesoramiento jurídico urgente este 2023 cuando era responsable del Tesoro para evitar que dichos impagos pudieran salpicar a la capitación por parte del Estado de capital internacional. Los inversores han pedido que se declare el default de algunos títulos de deuda a la vista de que España se niega a compensar a los inversores que han ganado en instancias arbitrarles internacionales como el CIADI, Uncitral o la Cámara de Comercio de Estocolmo.