Calviño pide ayuda "urgente" para la batalla legal con el inversor que pide un 'default' técnico de España

El conflicto que libra España con fondos internacionales por los recortes a las renovables en la década pasada sube de categoría y ha obligado al Ministerio de Asuntos Económicos a buscar asesoramiento legal para rebatir los argumentos de los fondos de inversión internacionales que, entre otras cosas, han invocado las cláusulas para que se declaren como impagadas varias emisiones de bonos del Estado.

La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, que forma parte del perímetro administrativo que lidera la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha contratado los servicios del bufete de abogados Simmons & Simmons. El objetivo, según consta en documentación oficial, es recibir "asistencia jurídica urgente para el Reino de España en relación con las cartas remitidas por Blasket Renewable Investment".

Este fondo de inversión estadounidense, poseedor de varios laudos ganadores que reconocen una indemnización por parte de España derivada del recorte a la remuneración de las energías renovables, notificó por escrito el pasado mes de abril al Gobierno que había procedido a la invocación de las cláusulas de default técnico contenidas en cuatro bonos del Estado.

Según el propio fondo, este "evento de impago" puede causar estragos en las operaciones de endeudamiento soberano del Tesoro, bloqueando el acceso a instrumentos de financiación e incluso desatando procesos cruzados de nuevos defaults por parte de otros tenedores de deuda, amén del evidente daño y menoscabo a la imagen de España en los mercados. "Esta circunstancia amenaza con encarecer significativamente el coste de financiación de las emisiones de deuda soberana, además de suponer un problema muy grave en términos de seguridad jurídica y estabilidad macroeconómica", añadían fuentes de los fondos.

Tras reconocer en abril el daño reputacional que está sufriendo por esta causa, ahora Economía trata de armarse jurídicamente. Por ello, ha solicitado "criterio" jurídico para la Abogacía del Estado a este respecto. Fuentes cercanas a la Abogacía del Estado señalan que están recibiendo mucho trabajo de la Dirección General del Tesoro, dadas las cartas que están llegando con amenazas sobre la deuda española por los impagos derivados de los arbitrajes internacionales de los fondos por el recorte a las renovables. Ya desde hace meses, apunta otra fuente al tanto del caso, en el Gobierno se temían las potenciales consecuencias de que los fondos especializados en litigios trataran de explorar esta vía de las cláusulas de default inclusas en algunos bonos soberanos.

Por si todo esto fuera poco, la Cámara de Comercio de EEUU se ha personado en un caso que afecta a la reclamación de NextEra, la mayor utility de la potencia norteamericana. Esta institución, de amplio reconocimiento e influencia internacional, destaca las nefastas consecuencias para la inversión internacional derivadas del comportamiento del Gobierno de España.

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Otras fuentes al tanto de la situación en el Tesoro señalan que el problema de las renovables nada tiene que ver con la deuda soberana, pero admiten que han solicitado los servicios de este despacho británico por precaución, ya que los títulos de deuda que pretende atacar Blasket Renewable Investments están denominados bajo el derecho británico y de esa manera quieren estar prevenidos ante lo que pudiera venir. Por ahora, en el Gobierno advierten de que este fondo no ha ido más allá de las amenazas públicas y aún no hay demanda por impago.

Este no ha sido el único ataque que ha recibido la deuda pública española por parte de inversores en energías renovables. Varios inversores con los derechos del caso Antin, que lograron que se les reconociera una indemnización de más de 120 millones por parte del Ciadi (Banco Mundial), enviaron cartas a las tres principales agencias de rating, Standard & Poor's, Fitch y Moody's, para que tuvieran en cuenta los impagos a las renovables a la hora de calificar la deuda soberana española. También enviaron misivas al FMI con el objetivo de que tuviera en cuenta esta situación cuando hace sus informes sobre la situación económica del país.

España ha sufrido alrededor de 50 demandas en tribunales arbitrales internacionales por el recorte a las renovables, primero del PSOE y luego con más fuerza del PP en 2013. Las reclamaciones solicitaban alrededor de 10.000 millones de euros. Actualmente, hay unos 1.300 millones de euros en condenas contra España por esta causa.

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Toda esta presión sobre el Tesoro se produce en un momento delicado, ya que en España está surgiendo el mayor coste para su deuda pública de los últimos cuatro años, dada la política de subida de tipos del BCE. Cualquier elemento que pueda encarecer aún más la financiación de las administraciones públicas supone un fuerte hándicap dado el nivel de endeudamiento actual, que ha escalado hasta su máximo nivel absoluto de 1,523 billones de euros (113% de PIB).

Cuanto más se encarezca el coste de la deuda, menos recursos quedarán disponibles del presupuesto público para otras partidas, en un momento, por otro lado, en que Bruselas está pidiendo volver a reducir el déficit público en 2024.

Pide ayuda para los embargos en UK

El trabajo para la Abogacía del Estado y sus asesores va in crescendo. El Gobierno también ha solicitado durante la pasada primavera asesoramiento urgente a Simmons & Simmons por el embargo de cuentas del caso Infrared (HSBC). El fondo que compró este litigio logró que la Justicia británica declarara el embargo de las cuentas del Instituto Cervantes en Londres y las de la delegación económica de la Generalitat de Cataluña, Acció.

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También en el Reino Unido, los fondos han pedido embargar parte de la indemnización que corresponde a España por el desastre del Prestige. La contratación de expertos aumenta en todos los ámbitos, también para intentar anular los laudos indemnizatorios. En este sentido, uno de los últimos movimientos ha sido el de renovar un contrato a BDO. España quiere una pericial sobre los supuestos daños económicos sufridos por Eurus, el vehículo de inversión en renovables, propiedad del gigante japonés Toyota.