La alargada deuda del GIL: demandan a Estepona por el impago de un pabellón de 1999

La huella del Grupo Independiente Liberal (GIL) parece eterna en los juzgados de la Costa del Sol. Casos como Camisetas o Saqueo y el posterior spin off de Malaya forman parte de la cronología de escándalos dejada por su fundador, el mediático empresario y expresidente del Atlético de Madrid Jesús Gil y Gil. Una estela jurídica que sigue irradiando luz a pesar de los años. El Ayuntamiento de Estepona sigue sufriendo las consecuencias de esta particular forma de gestión después de que haya recibido la demanda de la empresa Promociones y Propiedades Inmobiliarias Espacio SLU por la entrega en 1999 de un pabellón deportivo gestado durante el único mandato en el municipio del extinto partido. La sociedad reclama en total 1.697.894,48 euros.

El polideportivo cubierto Viña Rubito se gestó y concluyó cuando al frente del Consistorio estaba Jesús Gil Marín. Empresario inmobiliario, al igual que el patriarca de la familia, ostentó la vara de mando municipal entre 1995 y 1999 y puso rostro a la expansión de la marca política que su padre inició tras asentarse en el poder de Marbella. Gil Marín obtuvo la mayoría en los siguientes comicios, con el 40% de los votos, pero un cuatripartito formado por PSOE, PP, IU y Partido Andalucista puso fin a su carrera política. Diez años después, su nombre saltó en una investigación por una operación urbanística en la zona.

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Fue en este contexto político cuando se impulsó un equipamiento que, más de dos décadas después, aún arrastra impagos y aboca al actual equipo de Gobierno del popular José María García Urbano a un nuevo proceso judicial. El objetivo es tratar de minimizar el daño que pueda generar a unas arcas municipales sobre las que sigue pesando la losa de la grave deuda heredada y para la que en los presupuestos de este año se ha destinado una partida de 15,4 millones. El Consistorio espera reducirla a 35 millones a lo largo de este ejercicio, "lo que supondría haber abonado casi el 90%" de los 304 millones contabilizados en 2011.

Esto se ha logrado aplicando un plan de austeridad y reduciendo gastos superfluos, por lo que esos casi 1,7 millones de euros que reclama la constructora supondrán nuevos esfuerzos con los que no contaba la Administración local. La demanda, a la que ha tenido acceso El Confidencial, es clara. Los representantes legales de Promociones y Propiedades Inmobiliarias Espacio SLU explican en su escrito que "la factura de liquidación de las referidas obras, por importe de 902.592,79 euros, lleva siendo reclamada desde su emisión", y especifican que la entrega del edificio se realizó "a plena satisfacción del Ayuntamiento de Estepona".

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A lo largo del documento se realiza un repaso cronológico que comienza en abril de 1999, mes en el que se produjo la finalización del pabellón deportivo "promovido inicialmente por la sociedad municipal Planeamiento Estepona XXI SL". "La falta de pago de las cantidades debidas impidió la entrega de la obra" hasta que, en fecha 13 de febrero de 2002, y tras un periodo de negociaciones, el liquidador de la citada empresa pública informaba de que sería la corporación demandada quien "recepcionaría" el equipamiento y "se haría cargo" del importe pendiente.

"La entrega de la obra se llevó a cabo, siendo público y notorio que la misma fue condicionada a la asunción de la deuda por parte del Consistorio, como así se recogía incluso en las publicaciones de prensa"; y la liquidación tuvo lugar en mayo de 2003 tras consensuarse un saldo de 902.592,79 euros. Dicho importe "se constituye como la prueba fundamental de la existencia y cuantía reclamada, pero por si fuera poco, la misma consta reconocida posteriormente por el —entonces— concejal de Hacienda, Manuel Reina", a través de una comunicación remitida en 2005. Se da la circunstancia de que Reina, exmiembro del Partido de Estepona (PES), que formó parte de la coalición de Gobierno del municipio, es uno de los procesados en el caso Astapa que juzga la corrupción en la localidad y que días atrás reconoció los hechos que se le imputan con la aceptación de una sentencia de conformidad.

El importe adeudado no fue satisfecho, como tampoco se atendió un requerimiento de pago efectuado en 2008, por lo que la compañía formuló una primera demanda basándose, entre otros marcos legislativos, en la Ley de Contratos de las administraciones públicas. Los abogados de Promociones y Propiedades Inmobiliarias Espacio SLU persisten en su exigencia al entender que el Consistorio "asumió la deuda de la entidad Planeamiento Estepona XXI SL desde el mismo momento en que aquella devino insolvente —más de 20 años después sigue figurando en liquidación—".

"No puede pretender la administración demandada, que es la que desde dicho momento recepcionó las obras, y es dueña de las mismas, desentenderse o desvincularse, pretendiendo desviar la responsabilidad a una sociedad mercantil insolvente y de la cual es propietaria", defienden los letrados, que inciden en que "no tiene sentido que unos técnicos municipales suscriban de conformidad una liquidación económica de las obras en cuestión, si no es precisamente porque el Ayuntamiento iba a asumir el pago de las mismas".

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La reclamación de la constructora no se limita al importe impagado por la edificación del pabellón, ya que también exige el abono de los intereses acumulados durante estas dos décadas, y que alcanzan casi la cantidad adeudada inicialmente: 795.301,69 euros. La suma total a la que se enfrenta el Ayuntamiento es de 1.697.894,48 euros y el nuevo proceso judicial determinará si finalmente es la que debe ser satisfecha.