El Tesoro paga 2,5 veces más por la deuda y lleva el coste medio a máximos de cuatro años

El cambio de ciclo que vienen experimentando los tipos de interés desde hace más de un año está provocando ya un impacto significativo en las cuentas públicas de España. A medida que los incrementos del precio del dinero aprobados por el BCE se han ido plasmando en subidas de los costes de las rentabilidades de la deuda en los mercados financieros, los costes de financiación del Tesoro Público se han ido incrementando de forma muy significativa.

A lo largo de 2023, el coste medio que ha tenido que asumir la institución pública para vender sus letras y bonos se sitúa, al cierre de junio, en el 3,27%, una cifra que prácticamente supone multiplicar por 2,5 el 1,345% que pagó en 2022 (un año en el que ya se experimentó un encarecimiento significativo frente a un histórico 2021, en que el coste medio fue negativo).

Este es el coste de financiación más elevado que ha tenido que afrontar España desde 2011, un ejercicio en el que el país se vio sacudido por la llamada crisis del euro, que desembocó finalmente en el millonario rescate de la banca nacional. De hecho, en los últimos 20 años, solo en cuatro (2006, 2007, 2008 y 2011) se han registrado costes medios de las nuevas emisiones más elevados que los actuales.

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Y existen razones para pensar que el aumento de los costes actuales de financiación podría seguir su marcha. No en vano, en las últimas emisiones, el Tesoro ha tenido que pagar tipos superiores a ese 3,27% en prácticamente todas sus referencias, con la única excepción, por la mínima (3,255%), de las letras a tres meses.

La posibilidad, cada vez más asumida por el mercado, de que la lucha contra la inflación aún requiera subidas adicionales de los tipos de interés, tanto en Europa como en Estados Unidos, con el BCE iniciando ya desde este mes la liquidación de su cartera de bonos APP, se presenta como claro riesgo al alza para los costes de la deuda. Esto quedó ya reflejado este jueves, cuando los tipos de los bonos soberanos europeos experimentaron sus mayores repuntes desde el pasado marzo y la rentabilidad del bono español a 10 años se situó al filo de sus niveles más elevados desde 2014.

Lo cierto es que, desde que el BCE inició el primer ciclo de subidas de tipos en más de una década, en junio del año pasado, el encarecimiento de los costes de financiación (que ya había empezado a hacerse efectivo en los meses previos) se asumió como un hecho inevitable. Entonces, desde el Gobierno y el Tesoro Público se trató de restar importancia a esta subida puntual de los tipos de los bonos, señalando su impacto limitado sobre la deuda total del Estado.

Desde el shock de la crisis del euro y hasta el inicio de este ciclo de subidas de tipos, los organismos responsables de la financiación del Estado han llevado a cabo un plan para hacer la deuda española menos sensible a las tensiones de corto plazo, lo que se plasmó, entre otras cuestiones, en un notable incremento de la vida media de la deuda española en circulación, que en los primeros meses de 2022 superó los ocho años, frente a los 6,2 en que se encontraba en 2014. De este modo, se consigue que el incremento temporal de los costes de emisión impacte sobre una proporción menor de la deuda total.

Sin embargo, la intensidad del encarecimiento que ha experimentado la financiación estatal, unida a su perduración en el tiempo, ha significado que la subida de los tipos ya se note de forma sensible en el coste medio total de la deuda española en circulación. A cierre de junio, esta cifra se situaba en el 1,946%, un incremento cercano a los 40 puntos básicos (un 22%) respecto al 1,59% del año anterior. De este modo, el tipo de interés medio del conjunto de la deuda del Tesoro alcanza ya sus cotas más elevadas desde 2019.

Esto, grosso modo, supone, tomando en consideración los 1,36 billones de euros de deuda en circulación existentes al cierre de junio, un aumento de los costes anuales de financiación del Estado cercano a los 5.000 millones de euros, una cifra superior a la que el Gobierno central destina a Educación, según los presupuestos para este año. La expectativa es que, salvo giro radical de la situación, los costes medios de la deuda en circulación se sigan incrementando paulatinamente durante los próximos años, elevando su factura anual.

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Además, este movimiento se ha producido en paralelo a una reducción de los años de vida media de la deuda en circulación (hasta 7,86 a cierre de junio), que sin ser alarmente evidencia el entorno más difícil en que se mueve actualmente el Tesoro para llevar adelante su estrategia de financiación.

Confianza y cautela

Pese a enfrentarse a unos costes de financiación semejantes a los de 2011, un año crítico para la economía nacional, la situación dista mucho de ser tan preocupante como entonces. Factores como las tendencias de crecimiento de la economía nacional y el déficit público, así como las condiciones financieras de empresas (con especial mención a la banca) y familias, configuran un escenario más alentador en el contexto actual. Y, más importante aún, en el mercado ha calado la idea de que Europa ha aprendido las lecciones del pasado y se ha pertrechado de herramientas eficaces para hacer frente a otra crisis como aquella en la que se pusiera en cuestión la solvencia de alguno de sus miembros.

Prueba evidente de esto es que, en esta ocasión, el incremento de los costes de la deuda de España no ha supuesto, ni mucho menos, una excepción, sino que se encuadra en un movimiento generalizado de los bonos soberanos europeos, de una magnitud muy similar. Hoy, la prima de riesgo española se mueve en el entorno de los 100 puntos básicos respecto a Alemania, muy lejos de los 638 puntos en que marcó máximos el verano de 2012.

No obstante, algunas voces instan a la cautela, recordando que España es un país que debe hacer frente a día de hoy a unas cargas de deuda muy superiores a las que encaraba entonces (desde el cierre de 2012, la deuda en circulación se ha duplicado), por lo que cualquier revés adicional por el lado de los costes o un deterioro de las condiciones macroeconómicas podrían llegar a representar un lastre para las finanzas públicas, que, sin necesidad de abocar el país a una situación tan comprometida como la de hace una década, sí podría condicionar de manera notable su capacidad de crecimiento en el futuro próximo.