Diez años de rescate bancario y ni rastro de los 55.000 millones

Poco antes del mediodía del lunes 7 de mayo de 2012, hace diez años, una noticia financiera sacudía a la sociedad española: Rodrigo Rato, a quien se atribuía buena parte del mérito del milagro económico español, dimitió como presidente de Bankia. Su salida activó una sucesión de hechos que culminaría con el rescate de prácticamente la mitad del sistema bancario español.

Esta instantánea se convirtió en un punto de inflexión. Tras años tratando de mantener el buque a flote, con cada vez más fugas, el Gobierno de Mariano Rajoy reconoció que el sector financiero hacía aguas y necesitaba ayuda exterior. El capitán que entonces pilotaba la nave, el ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló entonces que el rescate "no costará ni un euro a los contribuyentes".

Diez años después, la realidad es bien diferente: el dinero invertido por el Estado a través del FROB (Fondo de Reestructuración) que no se ha recuperado asciende a 59.356 millones. La cifra no tiene en cuenta los rescates sufragados por los propios bancos a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), como los de CAM, CCM y Unnim, y podría variar al alza o a la baja en función de las dos últimas herencias bancarias del Estado: CaixaBank, donde tiene un 16%, y Sareb, donde controla algo más de la mitad del capital.

De la primera participación, valorada a precio de mercado en unos 4.000 millones, se espera más. Mientras, en el banco malo, el Estado se conforma con no seguir perdiendo, tras ver volatilizada su inversión inicial, de 2.200 millones, y tener que asumir un déficit de más de 10.000 millones el año pasado.

"En mi opinión, el análisis no es cuánto se inyectó y cuánto se ha devuelto o se va a devolver, sino qué habría pasado si esto no se hubiera realizado. Y, en este sentido, la decisión que se tomó fue la correcta", defiende en declaraciones a este medio José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, y expresidente de Bankia en sustitución de Rato. El banquero vasco defiende además que el rescate a Bankia "no ayudó a ningún banquero". "Todos los consejeros de Bankia, BFA y de las filiales salieron y ninguno tuvo la más mínima indemnización. La inyección fue para rescatar a personas, que son los depositantes", expone.

Aun así, estas cifras mareantes conducen a dos preguntas: ¿Por qué se produjo esta crisis? ¿Se pudo evitar? "El origen de la crisis fue un calentón inmobiliario mezclado con un aumento de la financiación externa, que se paró y bloqueó la liquidez", explica Alberto Calles, socio responsable de la Unidad de Regulación Financiera y Riesgos de PwC España.

Este experto reconoce que hubo un fallo de cálculo generalizado al comienzo de la crisis: "Se tardó en asumir, se pensó que era una crisis como la de 1993. De ser así se hubiera solucionado. Pero fue más profunda e internacional. El diagnóstico es que se actuó más tarde que en Reino Unido y Estados Unidos. Y al retrasarnos se explicitó más nuestro problema", añade. En esta misma línea, Carmelo Tajadura, ex alto directivo bancario y experto en análisis del sector, señala que "no se puede dejar crecer la bola de una crisis porque cuanto más tarde se actúa, mayor coste acaba habiendo".

"El rescate no salvó a los banqueros, sino a los depositantes" (Goirigolzarri)

La paralización de la economía internacional en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers cogió al sector financiero español con una gran bolsa de créditos inmobiliarios, una gran dependencia de la financiación externa —del 30-40% del balance en caso de algunas entidades— y un modelo como el de las cajas que obstaculizaba posibles soluciones. Tras avisos como los de CCM y CajaSur, el Banco de España, con el socialista Miguel Ángel Fernández Ordóñez de gobernador, apostó por las fusiones frías.

"Los acuerdos contractuales de los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) [fusiones frías] no tuvieron el éxito esperado porque tuvieron que ir modificándose para ir acercándose a una fusión pura que era lo que el mercado exigió posteriormente. Sin embargo, como paso previo a las fusiones, sirvió para convencer a los entes autonómicos que las cajas de ahorros debían firmar esos acuerdos contractuales para mejorar la estabilidad financiera del sistema", explica Germán López Espinosa, director del Máster en Banca y Regulación Financiera de la Universidad de Navarra y Director Académico del CIF del IESE Business School.

El papel de Guindos

Bankia, Banca Cívica, BMN, Catalunya Banc, Novacaixagalicia, Caja 3, Ceiss y Liberbank fueron algunas de las alianzas que se firmaron entre 2010 y 2011, dando fruto a grupos que debían atajar la crisis y recuperar la confianza de los mercados. Pero no fue así, y cuando llegó el Gobierno de Rajoy a Génova, a finales de 2011, la situación dio un vuelco.

El PP se encontró una crisis de confianza hacia la banca que podía llevar al país a un rescate total como los de Grecia, Irlanda y Portugal. De Guindos apostó entonces por una jugada arriesgada, muy criticada por algunas entidades y el Banco de España: obligar a ajustar los precios del ladrillo en balance de los bancos vía 'decretazos'. Según fuentes de primer nivel, la idea iba bien encaminada, pero se gestionó con torpeza. Parte de la culpa hay que buscarla en la mala relación que había entonces entre Economía y el supervisor bancario, que venía arrastrada de la decisión previa del PSOE de romper el consenso de que los puestos de gobernador y subgobernador del Banco de España fueran nombrados por socialistas y populares.

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"Generó peleas, falta de coordinación y mucho ruido entre cajas de bandos políticos. De Guindos se saltó al Banco de España con sus reales decretos, y esa lucha finalizó con el informe del FMI que señalaba a Bankia como un grave riesgo para el país", exponen dichas fuentes.

Este documento del fondo monetario llegó unos días antes de la dimisión de Rato, convirtiéndose en uno de los desencadenantes de su salida, junto a varias reuniones de De Guindos con los principales banqueros del país: Emilio Botín (Santander), Francisco González (BBVA) e Isidro Fainé (La Caixa). Rato defendió ante ellos y De Guindos que podía salvar Bankia con 7.000 millones de nuevas ayudas. Botín y FG dijeron que les parecía insuficiente, y que la entidad heredera de Caja Madrid y Bancaja necesitaba una cifra más próxima a los 15.000 millones.

Esta evaluación llegó en un momento en el que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) se había quedado 'seco' tras la venta de CAM a Sabadell, por lo que no quedó alternativa al rescate externo. A partir de ahí, entró en escena la troika (BCE, FMI y Comisión Europea) e impuso medidas al sector, como la creación de Sareb y unos test de estrés que detectaron necesidades de capital próximas a los 60.000 millones en siete entidades (Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco, Banco de Valencia, Caja 3, BMN y Popular), cifras similares a las que ha perdido a día de hoy el Estado.

"El rescate llegó tarde y se quedó corto al dejar fuera a Popular" (Tajadura)

Junto a la afirmación de que el rescate no costaría "ni un euro", la constitución del banco malo también fue polémica. Se llegó a prometer a los accionistas que invirtieron, la mayoría de bancos españoles, que la apuesta tendría rentabilidad. Aunque la realidad es que todos entraron para poner su granito de arena en el rescate, salvo BBVA, que se negó. Los expertos consultados sostienen que Sareb fue una buena idea porque ayudó a separar "la manzana podrida" de los bancos, que así pudieron volver a la normalidad. Pero se hizo con unos precios de transferencia que priorizaron no hacer un agujero mayor a las entidades cedentes, traspasando activos por encima de su potencial precio de venta. Algo que está pagando hoy en día la sociedad, que ha sido recientemente nacionalizada.

A pesar de todo ello, los expertos aplauden el rescate: "El balance es totalmente positivo. Es cierto que el importe del rescate bancario ha tenido un coste muy alto, pero la alternativa de proceder al cierre y liquidación de determinados bancos españoles hubiese sido mucho más costosa. El efecto más importante fue, sin lugar a dudas, garantizar los depósitos —los ahorros, en definitiva— de los clientes y preservar del riesgo de contagio a otros bancos", afirma Fernando Gil, profesor del CES y experto en Derecho Bancario.

Balance positivo

Junto a la protección a los depositantes, Goirigolzarri añade otro beneficio del rescate, el "impacto macroeconómico". "En mayo de 2012, España tenía su prima de riesgo en el entorno de los 650 puntos básicos, entre otras razones por las dudas que generaba el sector financiero", y cada 100 puntos básicos "suponían aproximadamente 10.000 millones de euros al año en el coste de la deuda pública", explica.

Tajadura cree que el rescate se quedó incluso corto: "Pudo haberse hecho mejor. Por ejemplo, llegó tarde; hubiera sido mejor reconocer un mayor deterioro en los activos; los precios de traspaso al banco malo estuvieron sobrevalorados; y se dejó fuera al Popular, lo que acabó siendo una mala idea, pero se quería gastar lo menos posible".

Una de las consecuencias del rescate fue la consolidación del sector, que ha pasado en la última década y media de más de 50 entidades a apenas 10 grandes grupos. Según Juan Pérez de Ayala, socio director del Sector Financiero de Deloitte, esto "ha permitido mantener una rentabilidad aceptable en entornos de tipos de interés bajos y de mayores requerimientos de recursos propios". Fuentes de la AEB (Asociación Española de Banca) subrayan la importancia de las grandes entidades españolas, que esquivaron la crisis: "El núcleo del sistema bancario pudo afrontar la crisis con sus propios recursos y sin apelar a ayudas públicas. Las entidades más relevantes se mantuvieron sólidas gracias a un modelo de negocio competitivo y eficiente".

La situación se podría resumir como una flota que ha sufrido un temporal del que solo han sobrevivido uno de cada cinco barcos. Afortunadamente, estas embarcaciones están actualmente más preparadas, mejor tripuladas y tienen experiencia en navegación en condiciones extremas. Y, aunque el coste haya sido elevado, los expertos creen que el salvamento ha valido la pena.