La justicia británica embarga 800.000 € a España por el recorte a las renovables

El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales ha embargado de forma provisional 800.000 euros de cuatro cuentas bancarias que tiene España en Reino Unido por el laudo de las renovables y que son administradas por el Banco Santander, según fuentes conocedoras del proceso.

Se trata de un paso más de los tribunales internacionales en la guerra que libran los fondos que vieron su retribución recortada en energías renovables hace una década por el Gobierno de Zapatero y sobre todo y con más fuerza posteriormente el Ejecutivo Rajoy. El embargo dictado por el juez es un paso más en el bloqueo de cuentas del Instituto Cervantes en Londres que avanzó El Confidencial el pasado mes de abril.

No obstante, las fuentes consultadas aseguran que aún cabe posibilidad de recurso por parte del Reino de España y que es probable que invoque la inmunidad del Estado en otras jurisdicciones para demorar aún más el proceso. Es decir, que los demandantes aún no puden disponer del capital embargado por el juez.

Los hechos se remiten al año 2013 y la resolución judicial fue dictada el pasado 9 de noviembre, en atención a una petición del grupo inversor Blasket Renewable Investments, que compró el pleito ganado por Infrarred (HSBC). En concreto, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, reconoció el derecho del grupo a recibir 28,2 millones de euros de compensación por la reforma eléctrica en España llevada a cabo en dicho año 2013.

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Esta es la segunda victoria judicial en apenas un mes de Blasket, ya que recientemente también ha conseguido el embargo cautelar de dos inmuebles pertenecientes al Estado español y sitos en Reino Unido, como son la sede del Instituto Cervantes en Londres y la sede del organismo de promoción económica de Cataluña.

El embargo ya ha sido notificado al Gobierno español y éste cuenta con un plazo de siete días para garantizar el depósito de 800.000 euros en las cuatro cuentas que posee en Reino Unido, vinculadas al Instituto Cervantes.

La decisión de la justicia británica aun no es firme, ya que España tiene dos meses para impugnar la decisión judicial y pedir que se modifique o anule.