La guerra de los laudos se agrava: el Gobierno ficha un bufete top y un fondo pide el 'default'

España trata de frenar el embargo decretado por un juez británico de las cuentas del Instituto Cervantes en Reino Unido y de la sede de Acció, una oficina de comercio exterior de la Generalitat de Cataluña en las islas. Al mismo tiempo, el fondo que pidió el embargo, Blasket Renewable Investments, uno de los afectados por esta situación, ha pedido el default para títulos de deuda de nuestro país.

Este supuesto "impago técnico" se produciría activando una cláusula prevista, según fuentes próximas al inversor, en cuatro emisiones de deuda del Tesoro. Dichas fuentes cercanas al inversor que heredó el laudo ganado por inversores de HSBC por el recorte a las renovables señalan que "el alcance del default que ya se ha producido en la deuda soberana española asciende a 910 millones de euros".

"La posición de España está muy bien asentada y desde luego no tiene nada que ver con la deuda del Estado"

"Entre los meses de marzo y abril de 2023, se ha notificado por escrito al Gobierno de España de la activación de la cláusula de default. Esto implica que dicho título debe ser reembolsado inmediatamente a los acreedores por su importe principal, junto con los intereses devengados", indican sobre esta petición de default, que ha sido avanzada por Bloomberg y confirmada por El Confidencial.

Las fuentes consultadas aseguran que esta situación, que los inversores consideran de "impago técnico", "amenaza con encarecer significativamente el coste de financiación de las emisiones de deuda soberana, además de suponer un problema muy grave en términos de seguridad jurídica y estabilidad macroeconómica". Según estiman, hay muchos fondos internacionales cuyo mandato les impide invertir en países donde se hayan activado este tipo de cláusulas de default. De esta forma, tratan de presionar al Gobierno de Pedro Sánchez para que se siente a negociar el pago de los laudos, algo que por ahora niega el Ejecutivo, y confía su defensa jurídica de este caos a la Abogacía del Estado.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Economía restan importancia al asunto y aseguran que no tiene impacto en la capacidad de emitir deuda: "Cualquier iniciativa, por cualquier canal en contra del Reino de España basada en estos laudos tendrá respuesta en el ámbito adecuado porque la posición de España está muy bien asentada y desde luego no tiene nada que ver con la deuda del Estado".

España contrata abogados para frenar el embargo

Por su parte, la Abogacía del Estado trata de parar el bloqueo de cuentas, desvelado por El Confidencial el pasado 4 de abril, que se produjo como consecuencia de la petición de inversores del banco británico HSBC, que tratan de cobrar el laudo ganado a España en tribunales arbitrales por el recorte a las renovables de la pasada década, que se estima en unos 28 millones de euros.

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La Administración General del Estado ha lanzado un concurso sin publicidad, para así resolverlo lo antes posible, en el que ha contratado este mismo jueves por más de 1,7 millones los servicios de Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, un bufete americano especializado en la defensa de los Estados en instancias arbitrales.

El objeto de dicho contrato es hacer la "representación y defensa del Reino de España en el procedimiento de reconocimiento y ejecución del laudo InfraRed (vehículo inverso del banco HSBC) ante los Tribunales de Reino Unido", según consta en documentación oficial.

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El pasado 4 de abril, después de que El Confidencial desvelara que la Justicia británica había bloqueado las cuentas del Instituto Cervantes, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica señalaron que "el Reino de España se va a personar ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres y Gales en el procedimiento principal y en los distintos procedimientos accesorios de embargo de bienes, para lo que la Abogacía del Estado se encuentra actualmente definiendo su estrategia legal para defender los intereses de España y el respeto al Derecho de la Unión".

Diversas fuentes confirmaron que, en el seno del Gobierno y de la Abogacía del Estado, había generado un fuerte malestar la declaración de medidas cautelarísimas, que se decretan sin ni siquiera escuchar la versión de España en este caso, algo que solo se hace con demandados que tienen riesgo de impago. En suma, la Justicia británica había dejado a España de país moroso ante los ojos de la comunidad inversora internacional con su decisión.

Fue Blasket Renewable Investments quien pidió al tribunal de Reino Unido que congelase temporalmente las cuentas del Instituto Cervantes. Ahora, este fondo ha advertido de que España está en incumplimiento técnico porque, hasta ahora, no ha saldado las deudas vinculadas a una disputa sobre inversiones en energía renovable, según una carta recogida por Bloomberg. Esta es solo la última advertencia de varias disputas legales vinculadas a la forma en que España cambió los objetivos para los inversores que había atraído en 2007 con su promesa para estimular la financiación de proyectos de energía renovable.

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En cuanto al despacho Curtis, contratado por España, figura en banda 2 del ranking de Chambers en la práctica de arbitraje internacional. Fuentes jurídicas apuntan a que se trata de un buen despacho. No obstante, otras fuentes próximas a la Abogacía del Estado muestran su sorpresa con esta contratación, ya que consideran que, en la fase en la que está el caso, ya con los embargos decretados, lo óptimo hubiera sido fichar a un gran despacho británico experto en derecho procesal, puesto que el reconocimiento y la ejecución del laudo se están dirimiendo ante la Justicia británica, no en instancias arbitrales.

Según explica este experto en procesos internacionales y disputas entre inversores y estados, el derecho internacional está claramente dividido en EEUU y UK, con lo que, en cada país, lo normal es recurrir a abogados de ese país, no a despachos de fuera, aunque tengan oficinas dentro de Reino Unido.

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Este caso no es el único que pesa sobre el Reino de España. Inversores del gigante de las infraestructuras de Francia, Antin, ha pedido quedarse parte de la indemnización que aún tiene que cobrar España por el desastre del Prestige. El juez ya ha decretado un embargo provisional que, de confirmarse, podría suponer que España recibiera 120 millones menos de las aseguradoras del barco que contaminó las costas gallegas hace más de 20 años.

Este mismo fondo también ha solicitado embargos en Australia, donde, de momento, su Tribunal Supremo está rechazando los recursos de España. Fuentes del sector señalan que la Abogacía del Estado teme que busquen activos de Navantia en el país oceánico, para lo que ya habrían puesto sobre aviso a responsables de la empresa pública que vende buques militares a la Armada australiana.