Multinacionales y fondos piden informes a los grandes bufetes por la inseguridad jurídica

El acuerdo entre el PSOE, Junts y ERC para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez ha generado inquietud en las multinacionales con presencia estable en España y los fondos internacionales con inversiones en compañías nacionales. Según aseguran varios bufetes de abogados de primer nivel, desde el pasado jueves han recibido peticiones para conocer las implicaciones jurídicas que tendrían en sus negocios la aprobación de la amnistía y el acuerdo político para luchar contra el llamado lawfare (o judicialización de la política), informes similares a los que pidieron el 1 de octubre de 2017 cuando Cataluña celebró el referéndum ilegal de independencia.

"El viernes, un día después de hacerse público el pacto entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, recibimos la primera petición de información por parte de una multinacional escandinava con sede en España", explican desde un bufete internacional. "Esto no pasaba desde el 1-O", agregan, en referencia a los documentos que en ese momento les solicitaron para saber si deberían seguir con sus actividades en Cataluña o mover sus centros de decisiones fuera de Barcelona ante el riesgo de no poder financiarse por inseguridad jurídica.

Desde otro despacho, con sede central en Londres, reconocen que "nos están pidiendo que les traduzcamos qué es lo que está pasando en España respecto a la separación de poderes", después de que numerosos bufetes emitieran este fin de semana comunicados en los que alertaban sobre la intromisión del poder ejecutivo en el judicial. "Quieren saber el valor de la seguridad jurídica o si, por el contrario, una decisión del futuro Gobierno podría tumbar las reglas elementales de los negocios".

La petición proviene de una empresa británica con varios tentáculos en España, asustada tras las advertencias realizadas por despachos como Pérez-Llorca —fundado por uno de los padres de la Carta Magna, José Pedro Pérez-Llorca—, Garrigues y Uría Menéndez, que ya el viernes expresaron públicamente su rechazo al contenido del acuerdo PSOE-Junts y su adhesión al comunicado que el jueves realizó la junta de gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), primera gran institución de la abogacía en manifestarse.

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Posteriormente, se unieron bufetes como Ontier, Broseta, Gómez-Acebo & Pombo, Cuatrecasas y RocaJunyents, fundado por Miguel Roca, otro de los padres de la Constitución. En una nota publicada en sus redes sociales, el consejo de administración de Cuatrecasas expresó su "respeto y reconocimiento a los valores y principios consagrados en la Constitución española". Además, aseveró que respalda la división de poderes "como garantía de los derechos reconocidos en la Carta Magna" y considera la independencia del poder judicial como "uno de los ejes vertebradores de la democracia". Por todo ello, la firma que preside Rafael Fontana "rechaza sin fisuras cualquier medida que, de forma mediata o inmediata, pueda comprometerla".

RocaJunyent, por su parte, incidió en "su reconocimiento a la importante labor que, con plena independencia, vienen desarrollando los juzgados y tribunales para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y la aplicación del ordenamiento jurídico". Unas palabras que, aunque sin mencionarlo expresamente, se alejan de las acusaciones de lawfare en España y muestran el apoyo de la firma al poder judicial. A nadie se le escapa que, tanto por su fuerte implantación en Cataluña como por su clientela y la diversidad política de sus propias plantillas y socios, se trata, en ambos casos, de comunicados de elevada sensibilidad para ambos bufetes. Fuentes próximas a Ontier, Cuatrecasas, Garrigues y Gómez-Acebo & Pombo admiten que han sido contactados por estos clientes.

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Desde otro despacho internacional, reconocen también haber recibido peticiones de información para elevarla a sus comités de inversión, después de que una larga lista de fondos haya llevado España ante tribunales internacionales de arbitraje por el cambio de tributación a las energías renovables. "El pacto entre PSOE y Junts va más allá y es algo impensable en Europa", sostienen, para subrayar que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz ya han avisado de que quieren convertir en permanentes los impuestos extraordinarios aplicados a eléctricas y bancos.

"Se han acordado asuntos que no los firmaría ni Baltasar Garzón", aseveran desde una firma nacional, muy próxima a varias de las grandes empresas del Ibex, en referencia a la proximidad del exjuez de la Audiencia Nacional al PSOE y su relación personal con Dolores Delgado, anterior fiscal general del Estado. En este sentido, apuntan que el anuncio de la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Telefónica es una demostración del intervencionismo con el que el futuro Ejecutivo quiere empezar su nueva legislatura.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) alertó este lunes de que los acuerdos para la investidura del socialista Pedro Sánchez "están creando un clima de negocios cada vez más complicado, en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo". No obstante, ninguna empresa del Ibex 35 se ha manifestado públicamente contra el anuncio del PSOE, Junts, ERC y PNV, pese a que algunos de los acuerdos afectarían a los impuestos y la Seguridad Social.