El Gobierno prepara la entrada de la SEPI en Telefónica con inversores nacionales

El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez está analizando distintas opciones para mantener la españolidad de Telefónica, de la que Saudi Telecom Company (STC) ha comprado hasta el 9,9% del capital, sin impedir, a su vez, la entrada de capital extranjero en compañías calificadas como estratégicas para el Estado. Según han confirmado fuentes gubernamentales, una de las operaciones en las que se está trabajando es la toma de una participación próxima al 5% liderada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en coordinación con otros inversores nacionales.

Estas fuentes aseguran que este planteamiento está encima de la mesa y que desde la Moncloa ya se viene trabajando en aunar el interés de varios empresarios españoles que se sumen a esta iniciativa, que supondría la vuelta del Estado al capital de Telefónica. La SEPI dejó de ser accionista de la operadora de telecomunicaciones en febrero de 1997, cuando el Gobierno de José María Aznar vendió el 20% del capital por 3.720 millones. El precio de venta de los títulos de aquella privatización fue de 19,78 euros.

Ahora, la compra de ese 5% ascendería a unos 1.000 millones de euros, según la actual cotización de Telefónica. Dado este elevado importe, la SEPI quiere afrontarla en colaboración con empresarios españoles de largo plazo dispuestos a echar una mano en una operación de interés estatal. La Caixa, dueña del 5% a través de CaixaBank y de CriteriaCaixa, mantiene su voluntad de ayudar a mantener la españolidad de la operadora, clave para la seguridad nacional de las comunicaciones, según han reconocido fuentes de la entidad catalana.

Fuentes financieras indican que entre los empresarios locales con capacidad para acometer un esfuerzo de este tamaño a nivel personal se encuentran Amancio Ortega, dueño de Inditex; Florentino Pérez, presidente de ACS, con el que recientemente se reunió Sánchez en la Moncloa; la familia Riberas, propietaria de Gestamp con un family office que gestiona cientos de millones y accionista ya de Telefónica; Juan Roig, de Mercadona, o la familia Del Pino (Ferrovial), cuya relación con la Moncloa es muy distante tras el traslado de su sede social a Países Bajos la pasada primavera.

TE PUEDE INTERESAR

Telefónica ultima la venta de una parte del negocio de torres de comunicación en el Reino Unido

El Confidencial

La posible entrada de la SEPI encaja perfectamente con las últimas declaraciones de la ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, que el pasado lunes aseguró que "el Gobierno de España ha sido muy claro con respecto a que Telefónica es una de las compañías más estratégicas, si no la más estratégica, de nuestro país. No solo por su importante papel en el ámbito de las telecomunicaciones, sino también por la defensa".

La responsable de Economía agregó que "lo seguiremos defendiendo de una manera que incentive e impulse la inversión extranjera, que está teniendo un papel tan importante para el desarrollo económico" de España. Es decir, el Gobierno autorizará con condiciones relacionadas con el reparto de poder en el consejo de administración la entrada de Arabia Saudí en el capital de Telefónica, pero la equilibrará con la compra de una participación que, sumada a las de La Caixa y BBVA (otro 5%), de como resultado una mayoría de inversores nacionales. En septiembre, Ione Belarra, ministra en funciones de Asuntos Sociales y líder de Podemos, ya pidió públicamente que la SEPI comprase hasta un 10% de Telefónica.

Los antecedentes de Indra y Celsa

El Gobierno ya hizo algo similar en Indra. En febrero de 2023, el Consejo de Ministros anunció la intención de llegar hasta el 28% de la empresa de tecnología y defensa, de la que mantenía un 18%, tras la privatización acometida a finales de los noventa. Una inversión —que ha ascendido a 173 millones de euros— que respondía al “renovado compromiso del Estado con una compañía que recientemente ha asumido retos de especial transcendencia para los intereses de nuestro país y de nuestros aliados más cercanos”. Una apuesta con la que se pretendía "dotar a Indra de una estabilidad accionarial y un apoyo eficaz" para desarrollar su plan estratégico.

Pocos meses después, SEPI, en colaboración con Amber Capital, el primer accionista de Prisa, renovó a la mayoría del consejo de administración, con la destitución de todos los independientes que se habían opuesto a las maniobras internas, lo que provocó una investigación que quedó en nada por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La inversión ha sido todo un éxito hasta el momento, porque SEPI compró a una media de 10,57 euros y actualmente las acciones se cambian por encima de los 13.

En Celsa, la compañía siderúrgica intervenida por una serie de fondos oportunistas y calificada como estratégica para el suministro nacional, el Gobierno también ha usado una fórmula mixta. Ha autorizado que estos hedge funds se hagan con el 100% del capital mediante la ejecución de la deuda impagada por los Rubiralta, pero al mismo tiempo les ha exigido que vendan hasta un 25% de las acciones a un inversor nacional.