Los nuevos dueños de Celsa venderán el 25% a un industrial español por hasta 1.000 M

Los nuevos dueños de Celsa tendrán que vender hasta un 25% del capital de la compañía siderúrgica catalana a un inversor industrial. Se trata de una de las condiciones impuestas por la Moncloa para autorizar la toma de control del grupo fundado por la familia Rubiralta, después de la rompedora sentencia judicial que les da la propiedad del 100% del capital por impago de la deuda. Con ello, el Gobierno quiere replicar el modelo aplicado a ITP Aero, el fabricante de motores comprado por Bain Capital y en cuyo accionariado han entrado Indra, el País Vasco, SAPA y JB Capital.

Según han confirmado varias fuentes financieras, Manuel de la Rocha, la mano derecha de Pedro Sánchez en asuntos económicos, ha transmitido a Deutsche Bank, Attestor, Sculptor, Golden Tree, SPV, Capital Group y Cross Ocean, los nuevos accionistas de Celsa, todos ellos con un mero perfil financiero, que deberán dar entrada en el capital a un socio con vocación industrial que garantice la españolidad de la compañía catalana a largo plazo.

TE PUEDE INTERESAR

El caso Celsa mete presión a los dueños de empresas para acelerar reestructuraciones

Óscar Giménez

Dado que el grupo siderúrgico fue calificado como una empresa estratégica para el país a raíz de la pandemia y la guerra de Ucrania, el Gobierno en funciones del PSOE y Podemos ha instado a Houlihan Lokey, el asesor de los fondos oportunistas, a buscar un inversor que se comprometa a quedarse en el capital más allá de los tres o cinco años que suele permanecer de media este tipo de accionistas financieros. Se trata de una de las condiciones exigidas por la Moncloa para autorizar la toma de control de Celsa por parte de estos inversores, a los que el juez ha dado la razón en la disputa con los Rubiralta, fundadores de la multinacional.

El pasado 4 de septiembre, el Juzgado Mercantil número 4 de Barcelona sentenció a favor de estos fondos de inversión, que habían propuesto a los dueños originales un plan de reestructuración que la familia rechazó en numerosas ocasiones. Un plan que finalmente consistía en canjear 1.350 millones de deuda por capital después de que Celsa acumulara impagos de préstamos por cerca de 2.400 millones. Pero, para poder ejecutar la resolución judicial, el Gobierno tiene que dar el último visto bueno al aplicar la nueva ley antiopas, con la que pretende proteger a empresas designadas como estratégicas del interés de fondos extranjeros.

Deutsche Bank y el resto de fondos ya se habían comprometido a mantener el empleo y la toma de decisiones en España, pese a que la sociedad holding que hará de cabecera estará en Luxemburgo. Pero, además, ahora tendrán que buscar un socio industrial una vez que el Ejecutivo dé su autorización. Aunque no hay un plazo definido, en la Moncloa quieren que el nuevo accionista entre en el capital en los 12 meses siguientes, como ocurrió con ITP Aero.

Deutsche Bank y el resto de fondos ya se habían comprometido a mantener el empleo y la toma de decisiones en España

Bain Capital, que compró la empresa vasca en septiembre de 2022, abrió el accionariado inicialmente a Finkaluz, fondo vinculado al Gobierno vasco (6%), a SAPA (5%) y a JB Capital (10%). Y el pasado verano cedió un 9,6% a Indra, de la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene el 25% del capital, por 175 millones. La empresa de defensa y tecnología pagó en agosto un precio similar al de los primeros inversores, pese a que los resultados de ITP habían crecido de forma significativa en el último año.

Ese, el de la valoración, se presenta como el problema para encajar al nuevo accionista en Celsa, dadas las amplias diferencias de tasación que varios expertos presentaron durante el proceso judicial. Grant Thornton y Lexaudit, los asesores independientes contratados por el administrador, calcularon un enterprise value (capital + deuda) de entre 2.400 y 2.800 millones y un equity value (una vez descontada la deuda) de entre 345 y 648 millones. Deloitte, también a petición del juez, estimó un valor del negocio de entre 2.677 y 2.850 millones y un equity value negativo de 574 millones. Por su parte, Lazard y PwC, los asesores de los Rubiralta, elevaron la tasación a un mínimo de 6.000 millones y un máximo de 8.000 millones, lo cual fue considerado por el juez "cirugía contable".

Una vez aplicada la reestructuración, que supone reducir la deuda en 1.350 millones y, por tanto, reforzar los recursos propios, el valor de empresa de Celsa puede oscilar entre los 3.000 y los 4.000 millones, siguiendo los números de Lexaudit, Grant Thornton y Deloitte, los expertos con los que estaban de acuerdo Deutsche Bank, Attestor y el resto de acreedores. En consecuencia, el 25% que se pondrá a la venta podría ascender a entre 700 y 1.000 millones de euros.

Otras fuentes matizan que el valor de esa participación dependerá de la evolución del Ebitda del 2024, que podría sufrir una bajada significativa, por lo que la operación podría estar más cerca de los 550 millones.