Moncloa se reúne con Deutsche Bank en busca de una solución final para Celsa

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido escuchar a todas las partes en el caso Celsa, la principal empresa siderúrgica española en preconcurso de acreedores, con más de 3.000 millones de euros de deuda. Según aseguran fuentes próximas a las conversaciones, Moncloa se reunió recientemente en solitario con los representantes de fondos tenedores del pasivo del grupo catalán, propiedad de la familia Rubiralta, que ha decidido recurrir la ley concursal nacional al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para evitar la pérdida de la propiedad de la compañía.

Según estas fuentes, Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos de Presidencia del Gobierno, se sentó días atrás con Deutsche Bank y los otros seis fondos de capital riesgo a los que Celsa adeuda más de 2.400 millones de euros para conocer sus planes de futuro para la empresa con sede en Castellbisbal. Se trató de la segunda vez que un alto cargo próximo a Pedro Sánchez se reunía con los responsables del banco alemán, Cross Ocean, Attestor, Capital Group, Sculptor, SPV, Golden Tree y HSBC después del encuentro que tuvieron en diciembre. Pero la primera que ocurría en solitario, sin la presencia de la familia Rubiralta.

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La reunión se produjo después de que los fondos contrataran a José Luis Rodríguez Zapatero para mediar en la batalla. La cita fue cordial, lo que, según otras fuentes, ha sido interpretado de forma positiva por los fondos, ya que, a diferencia de la primera cita, en la que el Gobierno estaba más del lado de los Rubiralta, De la Rocha escuchó su plan estratégico con atención y sin poner ningún reparo. El objetivo esencial del Gobierno es que se mantenga la sede social en España, aunque la cabecera se traslade a Luxemburgo, hecho que ya aceptaban los Rubiralta, y se garanticen los puestos de trabajo para evitar cualquier conflicto laboral.

Aunque el propio Pedro Sánchez intervino el pasado verano en favor de la familia con una llamada personal al presidente mundial de Deutsche Bank, la Moncloa ha adoptado ahora una posición más neutral ante las consecuencias legales a nivel europeo que tendría la aplicación de la llamada ley antiopas, que permite al Ejecutivo vetar la toma de una participación significativa o de control en una empresa considerara estratégica por el Gobierno. Un potencial litigio que se sumaría a los que ya tiene el Estado español por las reclamaciones de numerosos fondos por las inversiones en energías renovables, algunos de los cuales han acabado en embargos.

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Celsa ha solicitado el apoyo del PSOE y de la Generalitat de Cataluña para impedir que el juez apruebe el plan de reestructuración de los fondos, que les daría la titularidad del 100% del capital a cambio de la conversación de gran parte de la deuda en acciones. Políticos como Pere Aragonès han intermediado públicamente en favor de los Rubiralta y en contra de los fondos. Pero el último paso dado por la familia, que ha pedido la intervención de la Justicia europea para que paralice la aplicación de la ley concursal aprobada el pasado año por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha sorprendido negativamente en la Moncloa.

La compañía ha pedido al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona que tramita el plan de rescate presentado por los fondos oportunistas que eleve una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, para que se pronuncie sobre si es posible aprobar un plan de reestructuración sin el consentimiento del deudor y sin que pueda recurrir la resolución que se dicte.

En manos del juez

Según adelantó Expansión la pasada semana, la familia Rubiralta también solicita al juez que plantee dos cuestiones de inconstitucionalidad, una en relación con el artículo 640.2 del texto refundido de la ley concursal (que permite homologar los planes sin la aprobación de los socios si la empresa está en situación de insolvencia actual o inminente) por violar supuestamente la libertad de empresa recogida en el artículo 38 de la Constitución. La segunda cuestión de inconstitucionalidad hace referencia a la violación de la tutela judicial efectiva por no permitir la impugnación del auto de homologación.

En otras palabras, los fundadores de Celsa ponen en tela de juicio la norma que entró en vigor en septiembre de 2022 y con la que el Gobierno de Pedro Sánchez pretendía facilitar la supervivencia de empresas en problemas de insolvencia con procesos rápidos, con independencia de quién se quedara como dueño de los activos. Una decisión que ha sido mal recibida en el Ministerio de Economía y en el de Hacienda, que el verano pasado aprobaron la concesión de un rescate a Celsa por 550 millones de euros con cargo a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la mayor ayuda —pendiente de ejecución, por la falta de acuerdo con los fondos— otorgada a una empresa afectada por la pandemia.

Tanto Deutsche Bank y el resto de fondos como la familia están a la espera de la decisión del juez Álvaro Lobato sobre la aprobación del plan de reestructuración y las peticiones presentadas posteriormente por los Rubiralta. Si decide elevar la cuestión de prejudicialidad ante el TJUE para que le indique cómo proceder y/o plantear las cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que confirme la constitucionalidad de la norma, el proceso de homologación quedaría paralizado si la Justicia europea y el tribunal de garantías los admiten a trámite.