El caso Celsa mete presión a los dueños de empresas para acelerar reestructuraciones

Celsa ha supuesto un punto de inflexión para el mercado de reestructuraciones, en la medida en que ha dejado claro que la ley concursal va en serio. Las empresas que esperen demasiado antes de encarar problemas de solvencia inminente se enfrentan a que los acreedores sean los que impongan la reestructuración y las condiciones, pudiendo dejar a los accionistas sin su antigua empresa, como ha ocurrido en el grupo siderúrgico catalán.

En los últimos días, según explican fuentes jurídicas y financieras, despachos de abogados y bancos de inversión han realizado un aluvión de reuniones con empresas que se enfrentan a potenciales problemas de solvencia para que se adelanten. Aunque a los Rubiralta aún les podría salvar la intervención del Gobierno activando el escudo antiopas, no todas las empresas cuentan con ese potencial paraguas político. De este modo, la tesis recomendada es evitar el escenario de la familia catalana, que, si el Ejecutivo no lo impide, perderá la empresa tras haber validado el juez el plan de reestructuración de los acreedores.

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Lo que busca el nuevo marco concursal es fomentar la supervivencia de las empresas, incentivando reestructuraciones tempranas. Para ello, se da más poder de negociación a los acreedores, y se evita que haya situaciones en las que accionistas o tenedores de deuda se enroquen en sus posiciones, poniendo en riesgo que la empresa acabe en concurso.

De hecho, lo que se considera es que si el volumen de deuda llega a ser superior al valor de la empresa, que realiza un experto en reestructuraciones designado en el proceso, los accionistas ya no tienen voz ni voto. Están fuera del dinero. Esto es, no recibirían nada en caso de liquidación. El propio juez Lobato, del caso Celsa, lo señaló así: "Comprendo perfectamente que a los socios no les guste, pero no son ellos sino los acreedores quienes reparten las cartas".

"El caso de Celsa ilustra el poder que tienen los acreedores si los gestores de una empresa no se anticipan a los problemas financieros. Los fondos acreedores de Celsa cogieron con el pie cambiado a los asesores de la familia propietaria cuando, el mismo día en que entraba en vigor la Ley de Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal (26 de septiembre de 2022), presentaron su propio plan de reestructuración, plan que acaba de ser homologado. Con la nueva regulación, los dueños de una empresa mediana o grande pueden verse arrastrados por los acreedores y perder la propiedad", resume Guillermo Prada, socio de PradaGayoso.

La clave es que los accionistas ya no tienen la última palabra. Al contrario, pueden ser arrastrados como ha ocurrido en Celsa. Por eso deben adelantarse a los problemas financieros. "Cuando una compañía atraviesa dificultades financieras y se sostiene en gran medida con fondos ajenos, desde el punto de vista económico se entiende que es más propiedad de los acreedores que de los socios", añade Prada.

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El mercado de reestructuraciones va formándose según se suceden las operaciones. Además de Celsa, hay otras relevantes como Ezentis, Telepizza o Single Home, y se espera que de forma inminente se homologue la de Naviera Armas. En varias de ellas hay impugnaciones que marcarán la tendencia judicial, ya que aunque no se crea jurisprudencia, se espera que los jueces tiendan al consenso.

En Single Home, por ejemplo, el caso fue contrario al de Celsa. Los accionistas se adelantaron con un plan de reestructuración que impusieron al grueso de los acreedores. Un fondo estadounidense, dueño del grueso del pasivo, y la Sareb, han impugnado. Pero muchos asesores creen que esta es la vía más interesante para las empresas: adelantarse a los acreedores. Y, en especial, hacerlo cuando el valor de la empresa aún sea mayor que el de la deuda.

Hay otras relevantes como Ezentis, Telepizza o Single Home, y se espera que de forma inminente se homologue la de Naviera Armas

La nueva ley concursal permite que las empresas con más de 50 trabajadores y 10 millones de negocio o pasivo puedan reestructurarse sin que ni siquiera se conozca dicho proceso. Para ello, la empresa debe haber iniciado negociaciones con los acreedores cuando la distancia a la iliquidez se considera que está entre los dos años y los 90 días, y hay hasta tres meses para negociar, con una prórroga posible de otros tres meses. Aunque en este periodo ya sería pública la reestructuración.

Estas posibilidades que ofrece la Ley son las que están intentando explotar los asesores para conseguir negocio y evitar situaciones como las de Celsa en empresas que tienen una tendencia financiera negativa. "Esperamos que el caso de Celsa sirva para escarmentar en cabeza ajena y que los empresarios y directivos entiendan que deben actuar tan pronto como detecten las primeras señales de alarma. Las probabilidades de éxito son mayores si una reestructuración se lleva a cabo de forma temprana o preventiva", insiste Guillermo Prada.