Los acreedores de Celsa piden al juez la ejecución inmediata a los Rubiralta

Los fondos tenedores de unos 2.500 millones de euros de deuda de Celsa han solicitado al titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona que homologue cuanto antes el plan de reestructuración de la principal compañía siderúrgica española. Los hedge funds, liderados por Deutsche Bank y SPV, han dado por imposible cualquier negociación con la familia Rubiralta, fundadora de la compañía catalana, por lo que han pedido al magistrado que apruebe su plan de salvación y ejecute las acciones a los actuales propietarios.

Según aseguran fuentes financieras próximas al que es el primer caso de empresa en crisis a la que se aplica la nueva ley concursal, Deutsche Bank, SPV, Cross Ocean, Sculptor, Goldent Tree, Capital Group y Attestor han rechazado el último acercamiento realizado por Lazard, el banco asesor de los Rubiralta, que llegó a proponer en enero un reparto del capital en la proporción de 51%-49% a favor de los fundadores, opción que la familia había rechazado dos años antes cuando se la propusieron los acreedores.

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Sin embargo, los fondos, que el 26 de septiembre, el primer día que entró en vigor la nueva ley concursal, acudieron al juzgado a instar el plan de reestructuración, han declinado cualquier propuesta que suponga compartir la gestión con Francesc Rubiralta, el hijo del fundador del grupo siderúrgico. Los hedge funds, que se hicieron con la deuda al comprar los créditos vendidos a derribo por la banca española, han perdido la confianza en el actual presidente y consejero delegado, que meses atrás se negaba en redondo a cederles una acción y les acusó de prácticas usureras.

Por ello, han resuelto presentar ya al juez la solicitud de homologación del acuerdo de reestructuración, que incluye algunas modificaciones, aunque poco relevantes respecto al presentado en septiembre. Una medida que, en definitiva, supone la toma de prácticamente la totalidad del capital de Celsa, que en 2022 logró una facturación de 6.000 millones y un beneficio operativo de 857 millones. En otras palabras, dejar a los Rubiralta sin nada, una ejecución de las acciones debido al impago de deuda vencida por más de 1.100 millones de euros.

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El magistrado ya conoce el informe de Lexaudit, el experto independiente que ha valorado los activos de Celsa y que ha tasado la compañía entre los 2.400 y los 2.775 millones. Esto no supera la deuda que arrastra la compañía, de algo más de 3.500 millones. Este escenario lleva a los acreedores de Celsa, asesorados por Houlihan Lokey, a considerar que las acciones no tienen en realidad valor alguno. Deloitte, la firma contratada por los fondos, reduce el valor de la compañía a 2.000 millones, por lo que el resultado neto, teniendo en cuenta la deuda, aún saldría peor. Por el contrario, Rubiralta, apoyado en un informe de AZ Capital, el segundo banco de cabecera de la familia, eleva la capitalización a 6.000 millones, un importe muy superior a lo que adeuda.

La palabra del Gobierno

Según otras fuentes, el juez atenderá en breve la petición de los fondos, por lo que en cuestión de semanas podría tener aprobado el citado plan. Una decisión judicial sobre la que el Gobierno tiene la última palabra, ya que ha transmitido a los acreedores que considera a Celsa una empresa estratégica para el país. Si el Ejecutivo de Pedro Sánchez considera que la nueva propiedad sería un riesgo para asegurar la producción de acero nacional, podría aplicarle la normativa conocida como ley antiopas, que impide a cualquier grupo de inversores tomar más del 10% del capital de una empresa calificada como clave.

La ley antiopas impide a cualquier grupo de inversores tomar más del 10% del capital de una empresa calificada como clave

La citada ley, creada con motivo de la pandemia, para evitar que fondos oportunistas comprasen empresas que se habían desplomado en bolsa por el covid, fue extendida por Pedro Sánchez el pasado mes de diciembre hasta finales de 2024. El argumento para esta ampliación, cuyo objetivo inicial era proteger a sociedades como Telefónica, Prisa o Repsol, fueron los efectos extraordinarios provocados por la guerra de Ucrania y la inflación en la economía.

Aunque Celsa no estuvo inicialmente en la lista de potenciales objetivos a defender, lo cierto es que los Rubiralta consiguieron poner de su lado al propio Pedro Sánchez, que intermedió personalmente ante el presidente de Deutsche Bank, y también a Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, que pidió a Sabadell y a CaixaBank, tenedores de cerca de 550 millones de deuda, que hicieran lo posible por apoyar a la familia.

Fuentes del sector indican que una intervención del Gobierno para bloquear el plan de rescate de los fondos para salvar a los Rubiralta generaría muchas dudas sobre la seguridad jurídica del país. La acción anularía de facto la nueva ley concursal, aprobada por el propio Ejecutivo, y dejaría el poder que esa misma ley ha otorgado a los acreedores de las empresas al arbitrio de una decisión discrecional del poder político.