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Los Rubiralta renuncian a la españolidad y aceptan llevar la sede de Celsa a Luxemburgo
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Los Rubiralta renuncian a la españolidad y aceptan llevar la sede de Celsa a Luxemburgo

La familia fundadora de la compañía, que se opuso firmemente al traslado fiscal, comunica a los acreedores que no tendrá problemas en instalar el 'holding' en el gran ducado

Foto: Francesc Rubiralta Rubió, presidente del Grupo Celsa.
Francesc Rubiralta Rubió, presidente del Grupo Celsa.
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Pese a las duras críticas emitidas durante meses, con comunicados repletos de palabras gruesas, poco a poco, las posturas entre la familia Rubiralta y los acreedores de Celsa empiezan a acercarse. Según aseguran fuentes próximas a las conversaciones, los fundadores del grupo siderúrgico han aceptado que la sede fiscal y mercantil de la compañía catalana se establezca en Luxemburgo, como pedían los fondos tenedores de la mayoría de su deuda, estimada en 3.500 millones de euros. Una línea roja que hasta la fecha los dueños de la empresa se negaban a traspasar.

Según estas fuentes, los Rubiralta, que el verano pasado criticaron con dureza la petición de Goldman Sachs y Deutsche Bank, dos de los ocho mayores acreedores, de instalar en el ducado europeo la sede del holding cabecera de Celsa, han transmitido su disposición a que la nueva compañía que resultase del acuerdo de reestructuración acabe en Luxemburgo. Un paso muy relevante, porque supondría someter la empresa a la legislación mercantil de ese país, conocido por facilitar la toma rápida de decisiones a la hora de ejecutar garantías por impago y por su acomodaticio sistema fiscal.

Foto: Celsa Group.

Los Rubiralta criticaron por escrito esta solicitud realizada por los fondos el pasado verano, cuando Celsa necesitaba un acuerdo urgente para poder recibir los 550 millones de euros del rescate aprobado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En aquel momento y posteriormente en octubre, cuando Goldman y Deutsche Bank presentaron en un juzgado lo que antes se denominaba preconcurso, ahora reestructuración, la familia fundadora se opuso radicalmente, al esgrimir que esa maniobra supondría alejar la toma de decisiones de España a un país extranjero.

Para los Rubiralta, “la exigencia del desplazamiento del centro de decisiones y de su órgano de administración fuera de España es incompatible con la ayuda pública estatal y la vocación estratégica, industrial e inversora del grupo”. La españolidad se convirtió en una bandera que los Rubiralta utilizaron para conseguir el favor del Gobierno de Pedro Sánchez, que medió en primera persona para que los fondos se aviniesen a un acuerdo con los empresarios catalanes.

Aunque los dos bancos no atendieron la solicitud del presidente, al oponerse a practicar una quita de la deuda de 1.000 millones y cobrar tan solo 400 millones, en la reunión que mantuvieron el pasado mes de diciembre con Manuel de la Rocha, la mano derecha de Sánchez en asuntos económicos, este mostró su interés por que se mantuvieran los empleos y la sede operativa en España. Una sugerencia a la que los fondos ya se habían comprometido en sendos encuentros con los sindicatos y la Generalitat de Cataluña.

Impagos desde hace tres años

Los acreedores nunca han propuesto trasladar las oficinas centrales de Barna Steel, ubicadas actualmente en Castellbisbal (Barcelona), fuera de España, pero sí la sede fiscal y mercantil de Celsa Group, la cabecera. El motivo es que la legislación luxemburguesa es más efectiva y rápida que la nacional a la hora de ejecutar garantías en el caso de incumplimiento de las obligaciones financieras, como sucede actualmente con la compañía catalana, que acumula más de 1.000 millones de deuda vencida y no abonada.

Si Celsa hubiera estado ya bajo regulación del gran ducado, Goldman Sachs y Deutsche Bank serían ya los dueños de la empresa siderúrgica, puesto que podrían haber convertido los bonos convertibles impagados en acciones de la compañía. Sin embargo, en España, los tiempos son más largos y la administración más lenta, lo que ha derivado en una guerra entre los fundadores y los acreedores desde mayo de 2020.

El futuro inmediato de Celsa depende de la decisión del juez de Barcelona que supervisa la petición de reestructuración solicitada por los acreedores —que les daría la propiedad del 100% de las acciones— y de la aprobación de esa toma de control por parte del Gobierno. Salvo que, entre medias, las partes alcancen un acuerdo.

Pese a las duras críticas emitidas durante meses, con comunicados repletos de palabras gruesas, poco a poco, las posturas entre la familia Rubiralta y los acreedores de Celsa empiezan a acercarse. Según aseguran fuentes próximas a las conversaciones, los fundadores del grupo siderúrgico han aceptado que la sede fiscal y mercantil de la compañía catalana se establezca en Luxemburgo, como pedían los fondos tenedores de la mayoría de su deuda, estimada en 3.500 millones de euros. Una línea roja que hasta la fecha los dueños de la empresa se negaban a traspasar.

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