Celsa: la Moncloa y la Generalitat presionan a Goldman y Deutsche para salvar a Rubiralta

Francesc Rubiralta ha conseguido movilizar a las altas instancias del Estado en una maniobra a la desesperada para evitar que Celsa, el primer grupo siderúrgico de España, caiga finalmente en manos de los acreedores. Según han confirmado varias fuentes próximas a la compañía, con deuda vencida por más de 1.000 millones de euros, tanto la Moncloa como la Generalitat de Cataluña se han reunido en las últimas semanas con Goldman Sachs y Deutsche Bank, por un lado, y CaixaBank y Sabadell, por otro, para pedir protección para la familia fundadora.

Según estas fuentes, Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos en Presidencia del Gobierno, ha mantenido recientemente una cita con los responsables de los fondos de crédito que atesoran cerca de 2.400 millones de la deuda nominal de Celsa, que asciende a 2.900 millones. El encuentro, a petición de la Moncloa, y confirmado por el secretario de Estado, fue cordial, con la intención de mediar en nombre de los Rubiralta, que ya antes del verano usaron a Pedro Sánchez para que intentara convencer a Deutsche Bank y a Goldman Sachs de llegar a un acuerdo favorable para la familia de empresarios catalanes.

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Aunque el primer ejecutivo del banco alemán y el banco estadounidense le dieron largas al presidente del Gobierno español, De la Rocha ha hecho un último intento después de que el pasado 25 de septiembre los acreedores presentaran en un juzgado un plan de restructuración de la deuda de la compañía. Una propuesta que da el 100% de las acciones de Celsa a los fondos oportunistas, con los que la compañía acumula una deuda vencida de 1.050 millones desde que surgió la pandemia en marzo de 2020.

Según estas fuentes, el hombre de confianza de Pedro Sánchez para asuntos económicos pidió a los representantes de Goldman Sachs y Deutsche Bank el mantenimiento del empleo del grupo siderúrgico, que tiene una plantilla de más de 4.500 personas directas en España y más de 9.000 en toda Europa. También les solicitó proteger la españolidad de Celsa, ante la posibilidad de que la matriz acabase en Luxemburgo, como han denunciado los Rubiralta. Y, por último, un trato favorable para la familia fundadora, que perdería toda su participación si el juez aprueba el plan de ejecución.

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Esta llamativa implicación del Gobierno en defensa de unos empresarios se debe a que el Ministerio de Hacienda concedió a Celsa en junio una ayuda de 550 millones de euros a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a cargo de los fondos destinados a la lucha contra el covid. Pero ese rescate quedó en el limbo y pendiente de un acuerdo entre acreedores y propietarios que no se ha producido. Al contrario, las diferencias han sido tales que los primeros iniciaron los trámites para la aplicación de la ley concursal.

La presión directa del Gobierno no ha sido la única que han recibido los acreedores, en este caso, los bancos españoles que prestaron 525 millones a Celsa para atender sus necesidades de liquidez inmediata. La Generalitat de Cataluña también ha llamado para solicitar ayuda para los Rubiralta. Según fuentes cercanas a las negociaciones, Pere Aragonès ha pedido en persona a los máximos ejecutivos de CaixaBank y de Banco Sabadell que apoyen a la familia fundadora, para que el grupo, con sede oficial en Castellbisbal (Barcelona) mantenga su identidad catalana.

Cuenta atrás

Ese préstamo concedido por CaixaBank, Sabadell, BBVA, Santander y Kutxabank venció el pasado 31 de octubre, pero los bancos acordaron extenderlo cuatro meses más, hasta finales de enero de 2023, con la esperanza de que antes de ese momento se llegase a un acuerdo entre los Rubiralta y los fondos acreedores por la mayoría de la deuda o que el juez se pronunciase sobre el plan de restructuración.

Los representantes de Goldman y Deutsche Bank ya se reunieron a principios de octubre con la Generalitat y los sindicatos para asegurarles que no se cerraría ninguna factoría y que se mantendría el empleo. En esa reunión, explicaron al Gobierno regional que la operación se trataba tan solo de un cambio de dueño por ejecución de una deuda impagada, pero que en ningún caso supondría una modificación del plan industrial.

La decisión final se adoptará a principios de 2023, cuando el juez se pronuncie definitivamente sobre el informe del administrador concursal. Su primera conclusión era que "Celsa dista de tener un aspecto saneado".