El rescate de Celsa queda en el limbo y abre la vía de la ejecución a la familia Rubiralta

Una semana después de que el Gobierno de Pedro Sánchez autorizase el mayor rescate con dinero público con el fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ni un euro de los 550 millones ha llegado a Celsa ni a los fondos que reclaman cobrar los cerca de 425 millones en impagos de la compañía siderúrgica. Según aseguran fuentes próximas a las partes, la familia Rubiralta, dueña del grupo catalán, ha rechazado las dos últimas propuestas realizadas por los acreedores en unas reuniones infructuosas, al no disponer ni del contrato en que se concretan los detalles de la ayuda gubernamental.

Moncloa se apresuró el 27 de junio a autorizar los 550 millones destinados a Celsa, que previamente habían sido aprobados por la SEPI el día 17. El organismo público condicionó el rescate, formalizado a través de dos préstamos, a que los accionistas —los Rubiralta— y los tenedores de los 2.700 millones de deuda —fondos oportunistas y bancos nacionales— llegasen a un acuerdo para reducir ese pasivo a la mitad. Aunque el lunes previo a la reunión de la OTAN las posturas estaban muy alejadas, el Consejo de Ministros dio el visto bueno a la ayuda a Celsa porque el 30 era el último día (la Comisión Europea se negó a extender la fecha) para poder firmar los últimos cheques con que financiar a las empresas afectadas por la pandemia.

De esta forma, Sánchez se quitaba un problema social de encima, ya que los sindicatos del grupo siderúrgico se habían movilizado con protestas en Barcelona, frente a las oficinas de Deutsche Bank. A petición de la Generalitat, el presidente del Gobierno se involucró de tal manera en salvar a Celsa que llamó incluso al primer ejecutivo del banco alemán para que cediese en sus posiciones al ser uno de los principales acreedores. Pero, pese a las buenas palabras, la entidad germana, que mantuvo conversaciones privadas con los Rubiralta a espaldas del resto de fondos, no atendió todas las peticiones de los empresarios catalanes.

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Ocho días más tarde del visto bueno de Moncloa, Celsa no ha recibido ni un euro, ni los ‘hedge funds’ los 400 millones con los que iban a recuperar casi toda la cantidad que la compañía les ha impagado al no poder cumplir con sus obligaciones desde mayo de 2020. La situación es tan kafkiana que ni los Rubiralta ni los acreedores han recibido el contrato por el que la SEPI debía conceder los 550 millones prometidos. Un asunto elemental para conocer si, como ambas partes sospechan, el rescate tiene una fecha límite para que se pongan de acuerdo o, de lo contrario, como establece la Comisión Europea, sería papel mojado al haber superado el plazo oficial.

Ante la incertidumbre oficial, el futuro de Celsa queda a expensas de que alguno de los proveedores puede instar el concurso de acreedores, ya que el 30 de junio también finalizó la moratoria otorgada por el Gobierno a aquellas empresas con patrimonio neto negativo o con impagos por los efectos de la pandemia. Desde el 1 de julio, hasta los propios accionistas pueden acogerse al 5 Bis o preconcurso voluntario como medida defensiva ante los bancos o fondos. 'A priori', ninguna de las partes quiere poner en marcha este mecanismo, porque tanto los Rubiralta como los ‘hedge funds’ perderían mucho.

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Pero los acreedores sí pueden ejecutar la garantía de los reiterados impagos por parte de Celsa, lo que, en definitiva, sería quedarse con las acciones de la compañía. Una entrada en el capital a la que la familia se niega en rotundo, como ha manifestado en varios comunicados en los que ha calificado de “codiciosos” a los llamados fondos buitre. Una medida que, según fuentes financieras, está encima de la mesa de Deutsche Bank y Goldman Sachs, los dos principales financiadores, ya que los Rubiralta no han respondido formalmente a ninguna de las dos últimas ofertas desde el pasado 17 de junio.

Según otras fuentes, Celsa no necesita los 550 millones de la SEPI para gestionar su día a día, porque el grupo está en un momento excelente gracias a la subida de los precios del acero, lo que le llevó el pasado año a conseguir los mejores resultados de la última década. No obstante, la siderúrgica tiene en septiembre otro problema ingente, ya que vencen los 525 millones concedidos por CaixaBank, Santander, BBVA y Sabadell en forma de circulante. Sin ese dinero, la empresa no podría atender los pagos ordinarios a proveedores.

La banca ha condicionado la extensión de esos 525 millones a un acuerdo global entre la familia y los fondos, así como a convertir esa línea de financiación en un crédito que pueda ser cotizado y, en consecuencia, vendido en el mercado secundario de deuda. Las entidades nacionales tendrían que provisionar esa cantidad a partir de 2023 siguiendo las directrices del Banco Central Europeo (BCE), por lo que quieren minimizar las potenciales pérdidas a corto y medio plazo.