Las dificultades financieras de Celsa: deuda vencida de 1.050 M y solo 85 en caja

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona se pronunciará en breve sobre el plan de reestructuración presentado por los acreedores de Celsa, que consideran acreditada la situación de insolvencia de la compañía catalana de la familia Rubiralta. Según la documentación en manos del juez, el grupo siderúrgico acumula una deuda vencida de 1.051,53 millones de euros y tan solo dispone de caja por valor de 85 millones, lo que hace inviable que pueda atender a sus próximas obligaciones millonarias, que expiran a finales de este mes.

Deutsche Bank, Goldman Sachs, Attestor, Cross Ocean, HSBC y GoldenTree, los cinco principales acreedores de Celsa, explican en la solicitud del plan de reestructuración que a pesar de las tres refinanciaciones ya aplicadas —la última, a finales de 2017— y de las novaciones de otros créditos menores, el grupo “sigue padeciendo una estructura de capital extremadamente apalancada que le impide cumplir con sus obligaciones contractuales”. Los planes de reestructuración son instrumentos preconcursales de la nueva ley concursal, cuyo objetivo es evitar la insolvencia y eventual liquidación de compañías que afrontan dificultades financieras.

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Según estas fuentes, la compañía propiedad de los Rubiralta ha impagado las cuotas de mayo y diciembre de 2021, así como la de mayo de 2022, por un total de casi 222 millones, sin incluir los vencimientos del año 2020, afectado por la pandemia, que quedaron pospuestos hasta el 31 de diciembre de 2022 tras una pelea judicial entre las partes, aún por resolver. Los acreedores consideran en su escrito al juez que, “en la presente fecha, existe una deuda líquida, vencida y exigible por importe total de 1.051,53 millones” a la que los deudores “no pueden hacer frente, pues no disponen de liquidez suficiente”.

Deutsche, Goldman y el resto de ‘hedge funds’ agregan que, además, el próximo 31 de octubre expiran los 1.250 millones del préstamo denominado Jumbo, por lo que la situación de insolvencia aún será más profunda. Por último, las sociedades patrimoniales de las distintas ramas de la familia Rubiralta —Inversiones Pico Aneto, Inversiones Pico Anayet e Inversiones Pico Espadas— son las garantes de la deuda del préstamo convertible, que asciende a 1.150 millones, pero son meramente tenedoras de acciones de Celsa, por lo que no disponen de caja para hacer frente al vencimiento de esta parte de la deuda en 2023.

Pero si la compañía no paga el préstamo Jumbo el próximo 31 de octubre, los acreedores pueden exigir el pago anticipado del convertible, motivo por el cual han solicitado al juzgado que acepte el plan de recapitalización que les daría la titularidad del 100% de las acciones de Celsa. Según la documentación en manos del juez, el grupo siderúrgico disponía de 85,19 millones de euros a 30 de junio.

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A estos 2.400 millones hay que sumar los 525 millones que en forma de préstamo circulante concedieron CaixaBank, Santander, BBVA y Sabadell a Celsa cuando irrumpió la pandemia. Esta cantidad también expira a finales de este mes y estos cuatro bancos han condicionado su extensión a un acuerdo previo entre la compañía y los fondos acreedores.

Sin negociaciones

La familia Rubiralta, que hasta la fecha ha rechazado todas las propuestas de los 'hedge funds' de ceder ni una acción mediante la conversión de deuda en capital, considera desmedida la presentación de este plan de reestructuración. Sobre todo porque estima que "su oferta económica y la planteada por los acreedores son cercanas", además de seguir abierta a continuar con las negociaciones y alcanzar un "acuerdo consensuado". Sin embargo, fuentes cercanas a Celsa admiten que, desde la solicitud al juzgado número 2 de Barcelona, no ha habido ninguna reunión con los acreedores, lo que pone de manifiesto que las posturas están más distantes de lo que aseguró la compañía la semana pasada.

La compañía argumenta que durante la primera mitad del presente ejercicio registró un ebitda récord de 438 millones de euros, gracias a los elevados precios del acero en los mercados internacionales debido a las tensiones geopolíticas. Sin embargo, otras fuentes indican que el incremento del coste de la energía complica sobremanera la generación de caja, de tal modo que sea suficiente para afrontar la deuda actual y la futura. Algo parecido ya ocurrió en 2021, cuando logró un año histórico de facturación, con una cifra de negocio de 5.000 millones.

Celsa, que tiene una plantilla de 4.500 empleados en España y 9.600 trabajadores en toda Europa, necesita ese pacto con los fondos para poder recibir los 550 millones que le concedió el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el mayor rescate concedido por el Estado con motivo de la pandemia. El plan de los 'hedge funds' no hace necesario este préstamo del organismo público, que de momento guarda silencio sobre la situación del grupo catalán.