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Los fondos de Celsa lanzan el preconcurso para salvar el grupo de la quiebra
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NEGOCIACIONES INFRUCTUOSAS

Los fondos de Celsa lanzan el preconcurso para salvar el grupo de la quiebra

La compañía y los fondos han mantenido reuniones con sus asesores legales para acogerse a la norma sobre empresa en crisis que entra hoy en vigor ante la imposibilidad de un acuerdo

Foto: Logo de Celsa Group. (Celsa Group)
Logo de Celsa Group. (Celsa Group)

Celsa llega a su hora límite. Tres meses después de que el Consejo de Ministros aprobase el rescate de 550 millones de euros a través del fondo de ayuda de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), los acreedores tenedores del 90% de la deuda de la compañía (3.000 millones de euros, incluidos los 525 millones en manos de la banca española) han presentado esta madrugada un plan de recapitalización para aprovechar la entrada en vigor de la nueva ley de quiebras.

Según fuentes financieras, el plan consiste en la transformación del préstamo convertible de 1.200 millones en acciones de Celsa, por lo que Deutsche Bank, Goldman Sachs y el resto de fondos acreedores se quedarán con la propiedad del grupo siderúrgico catalán fundado por los Rubiralta. Además, cambian cerca de 200 millones adicionales del préstamo Jumbo por títulos de la compañía, que finalmente quedará con un pasivo de unos 1.000 millones. La banca española, cuyos 525 millones vencen este próximo mes de octubre, está a favor de esta propuesta, a la que se opone frontalmente la familia.

Esta solución se ha puesto encima de la mesa ante el impago ya de 425 millones de Celsa a los fondos y el riesgo de que el grupo siderúrgico caiga en concurso de acreedores, según indican fuentes financieras y legales, justo cuando entra en vigor la nueva ley sobre quiebras.

La normativa para resolver vía administrativa los problemas de las compañías que no pueden hacer frente a sus deudas se pone hoy en marcha y, a diferencia de la anterior, da más poder a los acreedores frente a los accionistas. Esta fecha ha tensado las posiciones entre los Rubiralta y los fondos liderados por Deutsche Bank y Goldman Sachs, a los que la compañía ya ha dejado de pagar 425 millones. A finales del próximo mes de octubre, vencen otros 100 millones, más 525 millones que la banca española le concedió para financiar su circulante.

Dado que hoy es festivo en Barcelona, donde está la sede de Celsa, los Rubiralta aún podrían ganar terreno frente a los acreedores, que con la nueva ley pueden obligar a los accionistas a aceptar un plan de recapitalización que les daría la mayoría de la propiedad. Una solución que los fundadores han rechazado en todo momento pese a la imposibilidad de hacer frente a los impagos, al calificar de buitres y usureros a estos fondos por querer obtener una rentabilidad del 80% con una deuda que compraron en el mercado secundario al 20% de su valor real.

Celsa no ha recibido ni un euro de los 550 millones concedidos por el Gobierno para salir del impago en el que lleva inmersa más de dos años porque esta línea de crédito pública estaba condicionada a un acuerdo previo entre los Rubiralta y los acreedores. Aunque las partes han seguido en contacto durante agosto y septiembre, las posiciones siguen muy alejadas, sin visibilidad sobre un posible acuerdo, por los que accionistas y fondos han preparado ya la documentación para solicitar el preconcurso.

Según fuentes financieras, las últimas conversaciones entre los Rubiralta y los fondos tenedores de 2.400 millones de su deuda tuvieron lugar la semana pasada para tratar de consensuar un acuerdo para evitar dar el paso que condenaría a Celsa y a sus 9.000 empleados a una situación casi irreversible Pero la fórmula planteada por los fundadores no fue bien acogida por Deutsche Bank y Goldman Sachs y el resto de ‘hedge funds’, que solo ven viable la conversión de parte de los 2.400 millones en acciones, incluida una quita.

Los Rubiralta propusieron a los fondos un nuevo esquema para que los acreedores puedan recuperar su dinero a siete años vista, para acompasarlo al repago de los 550 millones concedidos por la SEPI, que debería tener preferencia a la hora de cobrar. Pero se negaron, como han hecho desde que iniciaron las conversaciones, a que tomen ni una acción del grupo. Es decir, insistieron en que la familia mantendrá el 100% de la propiedad, una estructura que la nueva Ley Concursal hace prácticamente imposible.

La nueva norma que regula las empresas en crisis da más poder a los acreedores frente a los accionistas, que se verán obligados a ceder parte de la propiedad si el planteamiento de los bancos o fondos de capital riesgo permite asegurar la continuidad de las operaciones a corto y medio plazo. Según fuentes próximas a las negociaciones, eso es lo que van a hacer Deutsche Bank y Goldman Sachs, que en teoría ya podrían exigir la ejecución de las garantías —las acciones de Celsa— por el impago.

La última oferta formal de los tenedores de la mayoría de la deuda fue el pasado 17 de junio y consistía en convertir 630 millones de los 2.400 millones de deuda de Celsa y aportar 50 millones adicionales de dinero fresco a cambio de quedarse con el 75% de las acciones para garantizar la viabilidad de la compañía. Una estructura que supuso un órdago total a los fundadores de la sociedad, que no han ahorrado descalificativos a sus acreedores al acusarlos de querer obtener ganancias anuales de hasta el 80%.

Celsa llega a su hora límite. Tres meses después de que el Consejo de Ministros aprobase el rescate de 550 millones de euros a través del fondo de ayuda de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), los acreedores tenedores del 90% de la deuda de la compañía (3.000 millones de euros, incluidos los 525 millones en manos de la banca española) han presentado esta madrugada un plan de recapitalización para aprovechar la entrada en vigor de la nueva ley de quiebras.

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