Celsa reclama el apoyo de la SEPI y de Pedro Sánchez ante su situación límite

Celsa se desayunó este lunes con la presentación por parte de sus acreedores de un plan de recapitalización por el que, de cumplirse, la familia fundadora, los Rubiralta, perderá la totalidad de la propiedad. Los empresarios catalanes, asesorados por el bufete Cortés Abogados, han asegurado que las negociaciones siguen abiertas y que los fondos tenedores de la deuda no tienen potestad para solicitar lo que se conocía como preconcurso. Pero, ante el riesgo de que el juez admita a trámite la petición, han requerido la intervención del Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y de la Moncloa.

Según fuentes gubernamentales, Celsa se puso en contacto este lunes con el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda para explicar la nueva tesitura tras el órdago lanzado por Deutsche Bank y Goldman Sachs para salvar de la quiebra la compañía ante sus continuos impagos, tal y como adelantó ayer El Confidencial. Un incumplimiento de obligaciones financieras que los Rubiralta achacan a los efectos del covid-19 a partir de 2020, ya que hasta esa fecha el grupo había hecho frente a sus vencimientos derivados de la última reestructuración de 2017, cuando la banca le condonó 1.000 millones de deuda.

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Inmediatamente, desde la SEPI se hicieron llamadas a los acreedores para conocer su punto de vista sobre la nueva situación, a un mes de que a Celsa le llegue una línea de crédito de 525 millones concedida por Santander, CaixaBank, Sabadell y BBVA y tenga que afrontar otra factura millonaria con los bonistas, a los que ya ha dejado de pagar 425 millones desde mayo de 2020. Los bancos le transmitieron que, o antes del 31 de octubre la familia y los fondos llegaban a un acuerdo, o no alargarían su préstamo circulante, con el que Celsa paga a proveedores.

Según estas fuentes, Celsa ha trasmitido a la SEPI y a la Moncloa tranquilidad, al considerar que la maniobra de sus acreedores persigue únicamente tensar unas conversaciones que se han alargado más de dos años, con demandas interpuestas en ambas direcciones. Pero el Gobierno está preocupado porque Pedro Sánchez se involucró en primera persona la pasada primavera cuando llamó personalmente al presidente de Deutsche Bank para pedir árnica para una empresa que tiene unos 9.000 empleos en toda Europa y que alimenta otros tantos de industrias adyacentes, sobre todo en Cataluña, Asturias y Galicia.

Sin embargo, la intervención de Sánchez cayó en saco roto. El departamento de crédito del banco alemán y el de Goldman Sachs se han mantenido firmes y han vuelto a pedir canjear la deuda por las acciones para garantizar la viabilidad de Celsa. Una opción a la que los Rubiralta se niegan en redondo y que ha provocado ya ciertas diferencias en el consejo de administración y en el equipo directivo. De hecho, el presidente, Francesc Rubiralta, apartó al anterior director financiero, Juan Carlos Orozco, porque puso en duda la estrategia de la compañía con los acreedores.

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La propuesta de los fondos para recapitalizar la empresa siderúrgica consiste en convertir unos 1.300 de los 2.500 millones de deuda por el 100% del capital, sin acogerse a la ayuda de 550 millones aprobada por la SEPI. El rescate público, para ser efectivo, está condicionado a que los actuales accionistas y los acreedores se pongan de acuerdo en la restructuración del pasivo actual.

De Cataluña a Luxemburgo

Celsa insistió ayer por la tarde, en un comunicado, en que las negociaciones seguían abiertas y que "la diferencia entre ambas partes radica en el importe de la deuda adicional a la reestructurada y en su tipo de interés". El grupo explicó que, "mientras Celsa ofrece reconocer una deuda adicional de 450 millones de euros con un interés del 8% anual en una sociedad de la Unión Europea, los acreedores aspiran a recibir 550 millones de euros con un interés del 10% anual en una sociedad en Luxemburgo".

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El grupo catalán insistió en que "su oferta económica y la planteada por los acreedores son cercanas", además de reafirmar "su voluntad de acuerdo y negociación en un marco consensuado, por lo que no resultaría comprensible la posición de los fondos rechazando la ayuda del Gobierno de España". Pero su solución pasa necesariamente por acogerse a los 550 millones de dinero público y los acreedores consideran que no es necesario con su propuesta.

La compañía añadió que durante la primera mitad del presente ejercicio registró un ebitda récord de 438 millones de euros, gracias a los elevados precios del acero en los mercados internacionales debido a las tensiones geopolíticas. Sin embargo, otras fuentes indican que el incremento del coste de la energía complica sobremanera la generación de caja, de tal modo que sea suficiente para afrontar la deuda actual y la futura. Algo parecido ya ocurrió en 2021, cuando logró un año histórico de facturación, con una cifra de negocio de 5.000 millones.