Celsa descongela las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno de Pedro Sánchez

El filósofo Ralph Waldo Emerson tenía una frase sobre el hielo: "Al patinar sobre hielo fino, nuestra seguridad se basa en nuestra velocidad". Es lo que se ha debido pensar en la Generalitat con la crisis de Celsa: mejor patinar rápido. Porque hacía solo un mes que se habían congelado las relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez por el espionaje de Pegasus y ha estado trabajando a marchas forzadas entre varias 'consellerias' y ministerios para salvar la acería de una crisis inminente. Cosas del calentamiento global y del 'postprocés' en Cataluña; las declaraciones grandilocuentes, o se derriten en días, o se las lleva el viento.

En la crisis de Celsa se ha volcado el 'conseller' de Empresa, Roger Torrent. Hasta el 'conseller' de Economía, Jaume Giró, se reunió esta semana con la ministra de Economía, Nadia Calviño, pidiendo que intercediera. Y ahí está la llamada de Pedro Sánchez al Deutsche Bank, tenedor de buena parte de la deuda de la empresa de los Rubiralta. La SEPI, el Ministerio de Industria… Todos han estado remando para salvar la compañía y que entre Francisco Rubiralta y los fondos buitre, que llevan desde la pandemia intentando convertir en capital 1.425 millones de euros, haya un acuerdo de mínimos que garantice un cierto futuro para la empresa y sus trabajadores.

Ayer, la SEPI anunció el rescate. En total, 550 millones de euros de dinero público, canalizados a través de un préstamo participativo por importe de 280,5 millones de euros y otro ordinario de 269,5 millones. La autorización definitiva por parte del Consejo de Ministros precisa la validación de la operación por parte de la Comisión Europea. El rescate ha sido un éxito y desde la Generalitat se ha trabajado tanto como desde el Gobierno central. El rescate avala el plan de viabilidad de Celsa Group.

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Agustín Marco

Los acreedores de Celsa son Deutsche Bank, Goldman Sachs, SVP, Anchorage y Cross Ocean, entre otros. Llevan mucho tiempo intentando entrar en el capital y rentabilizar aún más una deuda que ya compraron con un descuento del 50%. No se sabe qué plan industrial tienen para Celsa, una empresa que vive de hacer forjados de chatarra —trefilería— y que tiene un negocio muy integrado en diversas plantas, no todas ellas en Cataluña. No está claro que los fondos puedan rentabilizar su operación troceando la compañía, la especialidad de este tipo de compradores de deuda corporativa. Tampoco han explicado sus planes si al final hubiesen conseguido el control de la empresa.

Así que la Generalitat congela sus relaciones con el Gobierno español y automáticamente empiezan a llamar para que la SEPI entregue 550 millones de euros a Celsa y no tener que afrontar un problema industrial que afecta a 33.000 empleos entre directos e indirectos en España. Cuando todavía no se ha podido reconducir el cierre de Nissan, otra bomba de relojería en formato de crisis industrial que obliga a la administración catalana y al ejecutivo español a trabajar juntos.

Celsa no es la única empresa catalana rescatada por la SEPI. Además, también han recibido fondos Grupo Julià, Shers, el grupo hotelero Hotusa, Grupo Inversor Hesperia y la línea aérea Volotea. Pero por tamaño y dramatismo industrial, la operación de Celsa juega en otra liga.

Dos caras

Así, para la galería, la Generalitat mantiene máxima distancia con el Gobierno. La reunión ayer de la comisión de infraestructuras Estado-Generalitat sin representantes políticos es la cara de esas relaciones congeladas que exige cierto independentismo. Mientras, la cruz de la realidad pasa por las llamadas y contactos frenéticos para salvar Celsa.

Y mientras los intereses políticos ponen por delante la representación más que el argumento de la obra, el carro antes que los bueyes; los privados priorizan los intereses. Francisco Rubiralta quiere que la entrada de la SEPI le sirva de palanca definitiva en la guerra que arrastra desde hace una década con los fondos buitres por el control de la compañía. Y estos mismos fondos oportunistas buscan evitar que, ahora que tenían acorralado a Rubiralta por sus repetidos incumplimientos en las condiciones de refinanciación, vuelva a librarse a los puntos y por decisión del árbitro. Así son los Rubiralta, deben más de 2.000 millones y todavía esperan mandar en la compañía. La SEPI les ha vuelto a salvar y ahora la estructura crediticia del pasivo de la compañía cambia, con lo que el Deutsche Bank y el resto de fondos que le habían puesto proa tendrán que seguir esperando.

Celsa es la prueba de que Aragonès y Pedro Sánchez no han quemado todos los puentes

Celsa no es el único caso de esta doblez política entre lo que se dice y lo que se hace en la política catalana. Es el más dramático, por la cantidad de empleos en juego, y no solo en Cataluña. Celsa Group cuenta con 120 centros de trabajo en nueve países de Europa. Solo en España tiene presencia en siete comunidades autónomas y trece provincias, con especial relevancia en Cantabria, Cataluña y el País Vasco.

La crisis de Celsa solo prueba que una cosa son las ruedas de prensa tras el Consell Executiu o el Consejo de Ministros y otra la realidad. En el mundo real, Pere Aragonès y Pedro Sánchez tal vez no se soporten, pero están muy lejos de haber volado todos los puentes. Pegasus sería así una anécdota, a menos que seas la directora de CNI, claro.

Más allá del dinero

Estos lazos políticos entre Barcelona y Madrid llegan más allá del dinero. Lo que pasa es cuando te juegas una ayuda pública de 550 millones, todo resulta muy obvio, como ocurre en el caso de Celsa. Pero también ha pasado con la nueva Ley sobre aprendizaje del catalán y el castellano, que el Gobierno español no llevará al Tribunal Constitucional para que siga en vigor. O con la candidatura a los JJOO de Invierno. De manera que o la Generalitat se precipitó al decir que congelaba las relaciones con Moncloa o, como en la cita inicial, el hielo era tan fino que todo se basaba en patinar muy rápido.