Rubiralta contrata a Lazard para su estrategia judicial y defenderse de los fondos buitre

La familia Rubiralta no está dispuesta a entregar con facilidad la propiedad de Celsa, cuyos principales prestamistas instaron a un plan de reestructuración, lo que se conocía hasta hace dos meses como preconcurso de acreedores, ante una deuda vencida de cerca de 1.050 millones de euros. Según fuentes financieras, los fundadores del grupo siderúrgico, con más de 50 años de historia, han contratado los servicios de Lazard para defenderse ante el juez que administra la causa y de Goldman Sachs y Deutsche Bank, a los que acusa de actuar como fondos usureros.

Según estas fuentes, Francesc Rubiralta, presidente de Celsa y máximo accionista, se ha puesto en manos de Lazard para rebatir las pretensiones de sus acreedores, liderados por el banco de inversión estadounidense, la entidad financiera alemana y otros fondos oportunistas, como Sculptor, SVP y Anchorage, HSBC, Golden Tree, Attestor y Cross Ocean. Un grupo de prestamistas que el pasado 26 de septiembre, el mismo día en que entró en vigor la nueva ley concursal, solicitaron al juzgado mercantil número 2 de Barcelona que nombrase un experto en reestructuraciones.

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El magistrado nombró a Lexaudit como firma encargada de gestionar la petición de reestructuración y solicitó numerosa documentación a los Rubiralta, que rechazaron de plano la decisión imprevista de los fondos. Pero la compañía, que tardó en responder al juez, ha enviado ahora un informe en el que asegura que Celsa tiene un valor que oscila entre los 3.900 y los 4.200 millones de euros, según las ratios de grupos siderúrgicos comparables, por lo que defiende que tendría capacidad de pagar “la deuda vencida y exigible” en caso de venta.

Un cálculo que sale de multiplicar por entre 6,5 y 7 veces el beneficio operativo o ebitda al que cotizan otras compañías del sector del acero, según exponen los Rubiralta con la ayuda de Lazard. Dado que Celsa tiene previsto acabar el año con unas ganancias antes de intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones de al menos 600 millones, que fue lo obtenida en 2021, su valoración superaría de facto los 4.000 millones. Hasta agosto, el grupo había logrado ya un ebitda de 483 millones, una cifra récord a la que el presidente se acoge para demostrar que la sociedad es completamente viable.

Por ello, en su informe, critica la postura de sus acreedores, a los que acusa de actuar con métodos usureros, al pretender quedarse con la propiedad de Celsa mediante el canje de una deuda total de 2.400 millones por la que pagaron poco más de 200 millones. Se refiere la compañía a que los fondos compraron en 2018 en el mercado secundario los créditos que la banca tradicional (CaixaBank, BBVA, Sabadell y Santander) vendió a precio de derribo ante el riesgo de un impago a futuro, que posteriormente se confirmó cuando irrumpió el covid.

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La banca española, que ya en la anterior refinanciación de 2017 aceptó una quita de 1.000 millones, prefirió cobrar estos 200 millones antes que nada en el caso de que Celsa no pudiera afrontar a futuro. Especialmente porque el Banco Central Europeo (BCE) le obligaba a provisionar esta deuda calificada como dudosa. Actualmente, la exposición de estas entidades a la empresa siderúrgica es de 500 millones, cantidad que vencía el pasado 31 de octubre y sobre la que le han concedido una prórroga hasta finales de enero de 2023.

La posición que Celsa defiende es que, mientras que la familia propietaria ha reinvertido todos los recursos en el conglomerado acerero y no ha repartido dividendos, los fondos quieren sacar importantes réditos de la deuda que adquirieron a la banca hace cuatro años con importantes descuentos.

La de los acreedores es que, si la compañía va tan bien, está consiguiendo unos resultados históricos y vale tanto como aseguran los Rubiralta y Lazard, lo lógico es que pague los 1.051 millones de deuda vencida, pero, según el informe del juez, apenas cuenta con 85 millones en caja.