Deutsche y Goldman garantizan a Industria, Generalitat y sindicatos las fábricas de Celsa

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona ya ha elegido la firma que mediará entre los accionistas y acreedores de Celsa y decidirá el futuro de la compañía. Según fuentes próximas a la operación, el juez ha seleccionado a Lexaudit como 'experto en la reestructuración', para analizar el plan de salvación presentado por Deutsche Bank y Goldman Sachs, los dos principales acreedores de la compañía. Ambos se han reunido ya con el Ministerio de Industria, la Generalitat de Cataluña y los sindicatos para garantizarles el mantenimiento del empleo en España.

La figura de experto en la reestructuración fue creada por la Ley Concursal vigente y su función es asistir al deudor y a los acreedores en las negociaciones y en la elaboración del plan de reestructuración durante la fase preconcursal de todo el proceso.

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El magistrado ha aceptado la petición de Deutsche Bank y Goldman Sachs de que sea Lexaudit quien valide su propuesta para convertir unos 1.150 millones de euros de deuda en acciones de Celsa, lo que les daría la totalidad de la compañía, en detrimento de la familia Rubiralta, los fundadores del grupo siderúrgico. El juez ha considerado probada la experiencia de esta firma experta en administraciones concursales, que ya dirimió los casos de Marme, el litigio por la sede central del Banco Santander, con un pasivo de 3.500 millones; Global Combi (320 millones), y Monteverde, un grupo inmobiliario que debía unos 1.000 millones a CaixaBank, Sabadell, Kutxabank y Eurohypo.

A partir de ahora, Lexaudit llamará a las partes para escuchar sus planteamientos, que hasta la fecha, y pese a unas negociaciones eternas, siguen muy distantes. Mientras los acreedores exigen convertir la deuda en capital sin recurrir a los 550 millones solicitados al Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), los Rubiralta proponen una quita de 1.200 millones, alargar los vencimientos de los 1.700 millones restantes que adeuda la compañía, acogerse al rescate del Estado y repagar a los fondos al precio que compraron los préstamos a los bancos en el mercado secundario —un 20% de su valor nominal—.

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A la espera de las próximas citaciones del experto independiente, Deustche Bank, Goldman Sachs y el resto de ‘hedge funds’ han presentado su hoja de ruta a las distintas instituciones políticas y sindicales de las regiones donde está presente Celsa. Según fuentes próximas a las conversaciones, los representantes de los fondos se han sentado con el Ministerio de Industria, dirigido por Reyes Maroto, para garantizarle la continuidad del empleo y de las fábricas que la compañía tiene en Cataluña, Asturias, Cantabria y Galicia.

Maroto, que se involucró en los procesos de salvamento de Cerealto Siro y de Abengoa, con distinta suerte para la empresa galletera y la de ingeniería, ha visto con buenos ojos la propuesta de los fondos, siempre y cuando haya un compromiso por escrito de la continuidad de la actividad de Celsa, que emplea a 4.500 personas en España. Similar ha sido la respuesta de la Generalitat de Cataluña, donde está la sede social y el origen de la empresa siderúrgica fundada hace cuatro generaciones por los Rubiralta.

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UGT, el sindicato mayoritario, también se ha reunido con los fondos acreedores, ante el miedo de que, en el caso de convertirse en los nuevos propietarios, tomasen medidas drásticas de reducción de costes o del traslado de la producción a países con menores costes laborales. Según fuentes de los trabajadores, Deutsche y Goldman les aseguraron que no se cerrará ninguna de las plantas en España y que, si la coyuntura fuera negativa por los efectos de la guerra, estarían dispuestos a hacer inyecciones de capital.

Nueva neutralidad

Estos encuentros son un acercamiento de los acreedores a las distintas administraciones locales y centrales, que hasta antes del verano habían respaldado la postura de los Rubiralta. Hasta el punto de que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intermedió personalmente ante el primer ejecutivo de Deutsche Bank para que facilitase la solución formulada por la familia fundadora de Celsa. La Generalitat, a través de Pere Aragonès, presionó a la SEPI para que aprobase el rescate público antes de que venciese el plazo de adjudicación (30 de junio), pese a estar condicionado a un acuerdo entre las partes que aún no se ha dado y que ha provocado la presentación del plan de reestructuración, una herramienta preconcursal prevista en la nueva legislación concursal.

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"Celsa es un puntal industrial de Cataluña, generador de miles de puestos de trabajo vinculados a la industria con un modelo de producción sostenible que cuenta con el apoyo del Gobierno de la Generalitat", afirmó el 'conseller' de Empresa, Roger Torrent. Una petición de mantenimiento del empleo a la que Deutsche Bank y Goldman se comprometen para evitar cualquier conflicto social en la calle. Especialmente porque los sindicatos ya se manifestaron en junio en favor de los Rubiralta y en contra de los fondos, a los que calificaron de "buitres".

La postura actual de Industria y de la Generalitat se acerca más a la neutralidad. Ambas verían con buenos ojos cualquier plan que asegure el mantenimiento de la producción en España para evitar cualquier tipo de movilización social contra las administraciones ante la crisis económica que se avecina. Por su parte, UGT también ha optado por abrir un canal de comunicación con los acreedores para conocer de primera mano la situación.