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El drama industrial de la Generalitat: pasar del "España nos roba" a "la SEPI nos rescata"
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MASA CRÍTICA

El drama industrial de la Generalitat: pasar del "España nos roba" a "la SEPI nos rescata"

Más de una decena de empresas catalanas han pedido rescates a la SEPI por un valor superior a los 1.500 millones de euros. Una política que cambiará el mapa productivo

Foto: Factoría del grupo Seat en Martorell (Barcelona). (EFE)
Factoría del grupo Seat en Martorell (Barcelona). (EFE)
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La Generalitat vive un drama en su industria catalana como efecto directo de la crisis del covid-19. Con un ejecutivo catalán de marcado color independentista, más de una decena de empresas catalanas han pedido rescates a la SEPI por valor de más de 1.500 millones de euros. El actual 'conseller' de Empresa, Roger Torrent (ERC), es conocido por haber sido presidente del Parlament, pero se forjó en el independentismo más duro. Y ahora ha de ver como el intervencionismo estatal español llega hasta la cocina en sectores como los servicios, el turismo o la siderurgia. ¿Qué hacer cuando en cuatro años pasas del "Espanya ens roba" a "la SEPI nos rescata"? No darse por aludidos. En el debate de los rescates empresariales en Cataluña, la Generalitat ha dejado una silla vacía.

El pasado cinco de octubre el Consejo de Ministros aprobaba un rescate para la cadena hotelera Hotusa de 241 millones de euros. Un cambio histórico para Cataluña y para España ya que por primera vez se declaraba "industria estratégica" una empresa hotelera. Roger Torrent también es el responsable de turismo. Ni una declaración. Esto no está pasando.

Lo de Hotusa es real. Y la larga lista de espera provocada por el caso Plus Ultra hace que otras muchas empresas catalanas estén en capilla de la SEPI: Celsa (700 millones), Mediapro (230 millones), Áreas (120 millones), son los ejemplos más destacados por la cuantía. Todo ellos casos reales, con miles de puestos de trabajo en Cataluña y fuera de ella en juego. Pero el gran escándalo para el independentismo y la Generalitat fue el supuesto control que iba a tener el FROB sobre CaixaBank por su fusión con Bankia. Ahora, que más de 1.500 millones van a llegar a empresas catalanas, muchos de ellos en formato de crédito participativo y lo que eso puede suponer de alterar el mapa industrial de Cataluña y su influencia en términos de centro de decisión, la Generalitat calla. Se protesta por lo ficticio, se baja la cabeza ante lo real, en una política que solo actúa cara a la galería.

El que empresarios tan independentistas como Tatxo Benet (Mediapro) o Jordi Bagó —(Grupo Serhs) cuyo padre, ya fallecido, Ramon Bagó, fue unos de los financiadores históricos de CDC— estén solicitando el rescate a la SEPI no dice mucho de la ideología de una política industrial sino de lo duro que ha golpeado la pandemia a determinados sectores económicos. Estaría bien saber qué criterios defiende la Generalitat para estos rescates de la SEPI, si quiere sumarse de manera minoritaria, si prefiere los créditos ordinarios a los participativos o si le parece bien las sugerencias en la gestión que sin duda se harán desde Madrid, aplicando aquello tan catalán de "qui paga, mana" —quien paga manda—. Pero como la clave es hacer ver que esto no está pasando, porque resulta incómodo y no encaja con el relato general que vende el soberanismo pues nunca lo sabremos.

Trimestre turístico

Se prevé que este trimestre la SEPI se centre en el rescate de empresas turísticas, según han explicado fuentes del sector, con lo que eDreams (65 millones), la cadena Hesperia de los Castro Sousa (55 millones) o del grupo de transportes de viajeros Julià (37 millones) pueden ser algunos de los agraciados por esta pedrea madrileña. Tal lluvia de dinero público va a tener un impacto en la empresa y la industria catalana. Y más cuando se sumen los fondos europeos o el PERTE de Seat. El mapa industrial catalán va a alterarse de manera radical, se va a madrileñizar ante la mirada impasible de los ocupantes de Plaça Sant Jaume.

La industria catalana recibirá tal lluvia de dinero público que cambiará su fisonomía

Si se repasan los debates políticos vinculados a rescates que sí se han producido en Cataluña estos meses, el medidor de la escala de Richter de la vergüenza ajena se sale de madre. Se debatió largo y tendido sobre el rescate de los gimnasios DiR, una operación escandalosa pero menor, con un crédito participativo de 2,6 millones de euros. Y se ha levantado una notable polvareda mediática por el aval, al final abortado, de los 5,4 millones del ICF a los políticos encausados por el Tribunal de Cuentas. Esta Generalitat pone en peligro el ICF, que ya nunca obtendrá su ficha bancaria por una cuestión menor, pero es incapaz de intentar jugar un papel, aunque sea secundario, en el gran rescate de la industria catalana que se está pilotando desde Madrid. Por cierto, el rescate del DiR resultó tan insuficiente que esta empresa, después de recibir los exiguos fondos de la Generalitat también se ha plantado ante la SEPI para pedirles otros 25 millones.

Si se comparan las horas que TV3 ha dedicado a los avales del Tribunal de Cuentas con el tiempo en que se ha ocupado del rescate de la siderúrgica Celsa, que facturará 5.300 millones este año y da empleo a casi 10.000 trabajadores de manera directa —cerca de un tercio en Cataluña— el resultado dará una idea de cómo se está empequeñeciendo el debate, y de paso la política en Cataluña.

Borrarse en los rescates

No es la primera vez que la Generalitat se borra en un rescate empresarial. Ya lo hizo en 2010 cuando Artur Mas devolvió las competencias sobre las cajas de ahorro —caso inédito— para no asumir los problemas bancarios que agobiaban a entidades como Catalunya Caixa, Caixa Tarragona o Caixa Girona. Cuando las cosas se ponen difíciles en clave económica, la Generalitat solo tiene una jugada: el pase a Madrid. Pero incluso entonces había un discurso, una política, aunque las fusiones de cajas que impulsaron resultaron catastróficas. Hoy, Caixa Manresa seguiría existiendo sin aquella ruleta loca que impulsaron entonces los socialistas catalanes en la época Montilla.

La nueva Generalitat 'posprocés' rehúye los debates complejos. Incluso en esta crisis rara, una crisis con dinero. El futuro industrial de Cataluña, como el de España, estará marcado por una SEPI haciendo de primo de Zumosol. El rol que pueda jugar la Generalitat y la política catalana en este entorno resulta más que dudoso. Otro argumento a favor de "la irrelevancia económica", que el otro día denunciaba el Cercle d’Economia. No sería así si la clase política catalana, por muy independentista que fuese, fijase una posición, la que fuese. Pero eso sería tanto como admitir ante sus votantes que el fenómeno está pasando.

La Generalitat vive un drama en su industria catalana como efecto directo de la crisis del covid-19. Con un ejecutivo catalán de marcado color independentista, más de una decena de empresas catalanas han pedido rescates a la SEPI por valor de más de 1.500 millones de euros. El actual 'conseller' de Empresa, Roger Torrent (ERC), es conocido por haber sido presidente del Parlament, pero se forjó en el independentismo más duro. Y ahora ha de ver como el intervencionismo estatal español llega hasta la cocina en sectores como los servicios, el turismo o la siderurgia. ¿Qué hacer cuando en cuatro años pasas del "Espanya ens roba" a "la SEPI nos rescata"? No darse por aludidos. En el debate de los rescates empresariales en Cataluña, la Generalitat ha dejado una silla vacía.

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